Cargando...
La estrategia del gobierno para el nuevo rescate bancario está cada vez más clara: puesto que no han podido retrasarla ni ocultarla por más tiempo, parece que de lo que se trata ahora es de volver loco al personal emitiendo cada 24 horas un mensaje contradictorio con el anterior para que nadie alcance a entender ni entre en el fondo del asunto.
Al anunciar hace unas semanas el segundo lan de rescate, la ministra de economía aseguró que el Banco de España tendría la capacidad de sobreponerse al posible veto de gobiernos autónomos sobre fusiones interregionales de Cajas de Ahorro. Sólo unas horas después, el nuevo presidente de la Junta andaluza hacía público que Zapatero se había comprometido personalmente ante él que se respetarían todas las competencias autonómicas en materia de Cajas, incluido el poder de veto. Entre medias, el gobernador del Banco de España y el mismísimo Emilio Botín intervenían en la polémica al manifestar públicamente su oposición a cualquier tipo de “interferencias políticas” (léase de los gobiernos autónomos) en el nuevo proceso de reestructuración del sistema financiero. Ayer, en la presentación de la ley que regula el nuevo Fondo, la vicepresidenta y la ministra de economía dieron a entender que se había alcanzado una solución de compromiso: los gobiernos autónomos mantendrían el poder de veto, pero si lo ejercían en una fusión interregional contemplada como necesaria por el Banco de España, éste podría a continuación negarse a proporcionar fondos públicos a una caja de esa misma región en apuros. Pero en su edición de hoy, El País vuelve a dar la vuelta a lo que todos entendimos ayer, para afirmar que el “gobierno niega el poder veto autonómico en las cajas intervenidas”. ¿En qué quedamos, Menéndez o Pidal? Según El País, en lo que parece ser la versión definitiva del asunto, la nueva regulación “refuerza el poder del Banco de España como supervisor”, que será el encargado de pilotar las crisis bancarias que surjan, decidir “a quién se salva y a quién no”, qué entidades deben fusionarse y con quién, cuáles tienen músculo financiero para absorber competidores en un anteproyecto de ley que “no admite el poder de veto de las comunidades en las cajas intervenidas”, lo cual, según el diario de Polanco, amenaza con desatar una tormenta política durante el trámite parlamentario. Aun siendo, en efecto, importante. muy importante, el debate político surgido alrededor del segundo plan de rescate ya que afecta directamente al poder taifal –más que virreinal– del que pretenden arrogarse algunas autonomías y sus presidentes, singularmente socialistas, la polémica generada por esta cuestión no ha hecho sino ocultar y oscurecer el verdadero fondo del asunto. Un fondo que trata acertadamente hoy Isaac Rosa en su habitual columna en Público. Si, como dice el gobierno, el objetivo del nuevo plan –para lo cual “pondrá unos cuantos miles de millones (de dinero público, de todos, se le ha olvidado decir) a disposición del sector financiero”– es hacer que los bancos “sean más fuertes, y por eso, como pidieron los grandes banqueros, los recursos no se destinarán a los débiles e inviables”, es para echarse a temblar. ¿Más fuertes todavía?, se pregunta Rosa. Y añade a continuación; “¿fuerte frente a quién? ¿Frente a los usuarios, a los que chulea como quiere? ¿Frente a la sociedad, sobre la que ya ejerce su poder? ¿Más fuerte frente a los partidos políticos, siempre en deuda con ella? ¿Frente a los demás sectores de la economía, tan dependientes? Ya podemos ir los ciudadanos pensando en fusionarnos también para ser más fuertes ante esa banca todopoderosa. ¿Nos dará el gobierno también una ayudita para reordenarnos?” Ese es el quid del asunto. Mientras el gobierno discute si conceder 420 miserables euros mensuales a los parados que se han quedado sin ningún tipo de ingresos, otorga otros 99.000 millones de euros, que se suman a los 240.000 ya entregados, para que los grandes bancos sean todavía más grandes. Opinión. Público BANCOS MÁS FUERTES, ¡QUÉ MIEDO! Isaac Rosa “El fondo pretende mantener la confianza en el sistema financiero e incrementar su fortaleza” -María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno- Ya sabíamos que teníamos la banca más chula del mundo, que soporta vientos y tempestades sin arrugarse, obteniendo beneficios y repartiendo dividendos, no como esos bancos de otros países que en cuanto aprieta la crisis hincan la rodilla. Pero no nos conformamos con una banca fuerte y campeona. Queremos que sea más fuerte, mucho más. Para eso, el gobierno pondrá unos cuantos miles de millones a disposición del sector financiero. El objetivo es que las entidades sean más fuertes, y por eso, como pidieron los grandes banqueros, los recursos no se destinarán a los débiles e inviables, cuya sola presencia es un insulto para los fuertes. Se ayudará a los que pueden sobrevivir, para que se junten entre ellos o se coman unos a otros, de manera que en unos años haya menos bancos, pero sean más poderosos. No entro ahora en si el fondo de rescate bancario es bueno o no. Por lo visto da igual que sea bonito o feo, pues es inevitable, ya que el sistema es el que es, funciona como funciona, y la banca nos tiene cogidos por donde más duele, de manera que si caen ellos caemos todos (“riesgo sistémico”, lo llaman). Mi preocupación es otra: cuando hablan de una banca más fuerte, me echo a temblar. ¿Más fuerte todavía? Y sobre todo, ¿fuerte frente a quién? ¿Frente a los usuarios, a los que chulea como quiere? ¿Frente a la sociedad, sobre la que ya ejerce su poder? ¿Más fuerte frente a los partidos políticos, siempre en deuda con ella? ¿Frente a los demás sectores de la economía, tan dependientes? Ya podemos ir los ciudadanos pensando en fusionarnos también para ser más fuertes ante esa banca todopoderosa. ¿Nos dará el gobierno también una ayudita para reordenarnos? PÚBLICO. 27-6-2009 Crónica. El País EL GOBIERNO NIEGA EL PODER DE VETO AUTONÓMICO EN LAS CAJAS INTERVENIDAS Claudi Pérez El sistema financiero internacional chocó con un iceberg hace casi dos años y desde entonces la crisis ha hecho estragos en los bancos, aunque las entidades españolas siguen casi sin un rasguño. No por mucho tiempo. España fue ayer el último país europeo en sumarse a la larga lista de los que tienen preparado un salvavidas para evitar el naufragio de sus bancos. El Gobierno aprobó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la constatación de que varias entidades -sobre todo, cajas- pueden tener dificultades en breve. Eso provocará fusiones y todo tipo de movimientos tectónicos en el sector. Y reabre la caja de los truenos de las competencias autonómicas por la tutela que ejercen las comunidades sobre las cajas. La nueva regulación refuerza el poder del Banco de España como supervisor. La institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez pilotará las crisis bancarias que vayan surgiendo y a la postre decidirá a quién se salva y a quién no, qué entidades deben fusionarse y cuáles tienen músculo y salud suficiente para absorber competidores tocados por las turbulencias, el paro y la morosidad. La estabilidad financiera está en juego. Pero nada de eso será sencillo: el proyecto no admite el poder de veto de las comunidades en las cajas intervenidas, lo que amenaza tormenta a lo largo del trámite parlamentario. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, dio tras el Consejo de Ministros las claves del proyecto. El Gobierno pone sobre la mesa 9.000 millones de euros, y la capacidad de endeudamiento dará al fondo un margen de maniobra de 36.000 millones este mismo año. "Algunas entidades podrían tener problemas en unos meses", justificó Salgado. El proceso durará años, por lo que el fondo podrá acudir a los mercados de deuda con el permiso del Gobierno hasta un límite de 99.000 millones. El anteproyecto deja la puerta abierta a las soluciones privadas y a la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos, como hasta ahora. Además, las entidades más o menos sanas que quieran integrarse -y algunas han dado ya pasos en esa dirección- pueden pedir recursos al FROB, a cambio de participaciones preferentes, a devolver en un plazo de cinco años, prorrogables dos años más. Pero el conflicto está servido para los casos de entidades que se asomen al precipicio. Quienes estén cerca de la quiebra deberán enfrentarse al examen del Banco de España: si al supervisor no le convence el plan de viabilidad, intervendrá la entidad, y en ese caso puede forzar una fusión. El proyecto deja claro que no es necesaria "la autorización previa" de las comunidades para esa fusión, pese a que la ley de cajas señala que esa competencia es autonómica. Esa operativa puede acarrear más de un conflicto del supervisor con varias comunidades, incluso las gobernadas por los socialistas. El Estatuto catalán, además, consagra la competencia exclusiva sobre fusiones. Salgado destacó que no es necesario retocar la ley de cajas, y que en caso de intervención del Banco de España varias sentencias del Tribunal Constitucional señalan que la supervisión "corresponde al Estado", esto es, al supervisor. Pero el conflicto está ahí. Tanto CiU como ERC y el BNG denunciaron que la nueva norma supone una "invasión de competencias". Andalucía y Cataluña pusieron a trabajar a sus servicios jurídicos ante las dudas que despierta la interpretación del Gobierno. "En el caso de fusiones ordinarias no hay problema. Pero en el caso de una intervención del Banco de España no está tan claro: si no se respetan lo suficiente las competencias autonómicas actuaremos en consecuencia", advirtió un portavoz del Gobierno catalán. El partido de las cajas se juega también en la arena política: no es sólo una cuestión financiera. Y ahí la polvareda está asegurada. "No va a haber problemas con las cajas que están con dificultades muy graves porque a ninguna autonomía le interesa una quiebra, pero el Banco de España no lo va a tener fácil con las entidades que estén en tierra de nadie: ni lo suficientemente bien como para seguir solas ni con tantas dificultades como para que la intervención sea indiscutible", aseguró Santiago Carbó, asesor de la Reserva Federal, el banco central de EE UU. "La reputación del Banco de España está en niveles máximos, incluso fuera de España, pero la gestión de las crisis que surjan, y hay una docena de cajas con graves problemas de morosidad, va a suponer un examen muy exigente", añadió. (…) Salgado justificó el retraso en el diseño definitivo del fondo por la búsqueda de consenso con partidos políticos, sindicatos y patronales. Pero ayer nadie parecía satisfecho con el anteproyecto. La patronal de las cajas criticó los plazos para devolver las ayudas, "demasiado cortos" a juicio de la Ceca. Los sindicatos alertan del riesgo que puede suponer "socializar las pérdidas" tras años de ingentes beneficios en la banca. Y los partidos nacionalistas ya pusieron el grito en el cielo de las competencias autonómicas incluso antes de conocerse el texto final que el Gobierno llevará al trámite parlamentario. EL PAÍS. 27-6-2009 Editorial. ABC REESTRUCTURACIÓN BANCARIA TRAS muchas incertidumbres, el Gobierno aprobó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un proyecto tan ambiguo como su nombre y con el que el Ejecutivo ha desaprovechado una buena crisis para acabar con un riesgo diferencial del sistema financiero español. No se ha atrevido a tocar la ley de Cajas de Ahorros como no quiere oír ni hablar de la reforma laboral. El proyecto busca incentivar con dinero público la reestructuración del sistema financiero, es decir, que los contribuyentes paguemos parte del coste de las fusiones bancarias con la excusa de ordenar el proceso. Pero el FROB nace de un diagnóstico discutible, que el sistema financiero español es básicamente solvente y solo necesita pequeños retoques; no hay un problema serio, solo la posibilidad de que algunas entidades sufran más de la cuenta poniendo en peligro el conjunto del sistema. Un diagnóstico que no coincide con el de la mayor parte de analistas internacionales que subrayan la existencia de un riesgo diferencial por la especial naturaleza de la mitad del sistema financiero ajeno a la disciplina de mercado, la excesiva concentración de riesgo inmobiliario y el sobredimensionamiento experimentado en un ciclo alcista inusualmente largo. El proyecto diseña un mecanismo con tres categorías de actuación. En la primera, entidades sin problemas acuerdan soluciones privadas para ganar tamaño y acuden a los incentivos del FROB. En una segunda, entidades básicamente solventes pero que atraviesan dificultades temporales de liquidez, acuden al Fondo de Garantía de Depósitos y emprenden una reestructuración consensuada con el FROB; es en estos casos cuando las Comunidades Autónomas mantienen sus prerrogativas. Y un tercer caso, de entidades básicamente insolventes que serán intervenidas por el Banco de España. El problema está en que no acaba de entenderse muy bien por qué si las entidades no tienen problemas necesitan fondos del contribuyente. Y si los tienen, parece lógico que se impongan condiciones. Más aún si parte del problema lo han causado los propios políticos con su ocupación de las Cajas. Tampoco se entiende cómo se va a hacer la distinción entre las diferentes categorías de entidades. En la América de Obama que tanto gusta al Gobierno, el plan Geitner ha sido mucho más claro, solo se consideran solventes aquellas entidades por las que algún privado está dispuesto a arriesgar su dinero. Es entonces cuando el sector público interviene completando los fondos necesarios. Estamos ante un Gobierno débil y que ha agotado el margen de endeudamiento. No puede permitirse el lujo de enfrentarse a los partidos nacionalistas, ni siquiera a sus propios barones territoriales, pues corre el riesgo de ver rechazados los presupuestos. Tampoco dispone del dinero prometido, porque se lo ha gastado en ocurrencias innecesarias. Cabe preguntarse si en estas condiciones el Fondo era necesario, si no bastaba con utilizar decididamente los mecanismos existentes: el Fondo de Garantía de Depósitos y la ley de disciplina financiera que autoriza al Banco de España a intervenir, vender o liquidar entidades y, con autorización específica del Consejo de Ministros, a imponer un plan de recapitalización con fondos públicos. ABC. 27-6-2009