Cargando...Ahora que hay más libertad y está todo menos atado, aparecen irregularidades de la etapa pasada, en un periodo en el que todo «parecía» de una regularidad exquisita. Por eso mismo el que empiecen a aparecer casos donde las cuentas no salen no es ni mucho menos propio únicamente de Euskadi pero si es excepcional que salgan a al luz.
El centro de ellos en este caso está siendo la Diutación Provincial, el primero de ellos parece una historia a lo “Pepe gotera y Otilio”. Lean y vean.La Diputación compró en 1995 37.517 bonos de ferry que permitían viajar de Bilbao a Portsmouth con el objetivo de favorecer el turismo popular. Por aquel tiempo esto se trataba de un acuerdo entre las instituciones vascas y la compañía del ferry que la Comisión Europea señaló en el 2000 como una ayuda de Estado incompatible con le mercado común.Finalmente, tras entrar y salir el asunto de los juzgados, acabó con una sentencia que obligaba a la diputación a pagar el valor de los boletos canjeados y a devolver os que no hubieron sido vendidos. Ahora el Tribunal de cuentas, tras revisar las cuentas forales de 2007 se encuentra con que la Diputación pagó el importe de todos los bonos, de los que vendió y de las totalidad de los 37.517 que no llegaron a utilizarse. ¿Qué por qué no devolvió los bonos? Parece ser que se han perdido, que no los tiene. El destino que han corrido esos bonos se habrá de explicar.El otro caso se trata de una operación que cerró la Diputación que se cerró en diciembre del 2007 por Bizkailur, la entidad que gestiona el plan foral de vivienda y la promoción de suelos industriales.La operación consistió en la compra de terrenos y pabellones industriales establecidos en Gernika, con el objetivo de conseguir la “reordenación industrial” del sector cubertero en Vizcaya.Hasta aquí todo bien. Es decir dos de estas empresas para una mayor competitividad se fusionaban y vendían sus anteriores pabellones para construir otros nuevos aunando fuerzas y unificando producción y gastos. El problema aparece cuando la factura de la compra aparece con 19 millones de euros de unos terrenos tasados como urbanizables por un valor de 7,1 millones de euros. ¡Más de la mitad de su precio real!En términos legales esto se podría tratar de otro caso de “ayuda de Estado”, así como otros avales concedidos por el mismo organismo que fueron aprobados sin pasar por las Juntas Generales.En otros términos nos da luz de cómo ha funcionado el clientelismo en Euskadi, el apoyo a un gobierno que se ha mantenido 30 años a cambio de favores políticos. Y luz sobre todo lo que puede haber de más que anteriormente se mantenía absolutamente oculto.