Madrid. Educación

Autoridad por decreto

«La educación y la formación son uno de los medios más eficaces para salir de la crisis», estas que son palabras de Esperanza Aguirre podrí­an ser suscritas perfectamente por cualquier sindicato sectorial. Sin embargo, no se vislumbran medidas (ni autonómicas ni nacionales) para salir de la crisis que precisen de un giro drástico en un modelo educativo basado en «para acabar poniendo ladrillos o sirviendo copas, ¿para qué tienen que saber más?» que ha acompañado el modelo económico que nos ha entrampado en la crisis.

Que ganar en reseto y autoridad es una necesidad acuciante del sistema educativo para remontar el fracaso escolar en España es una obviedad. Pero no lo es menos que los que vinculan reforzar el sistema educativo a la salida de la crisis son los mismos que nos han inmerso en ella. Muchos de nosotros vivimos el uso del sistema educativo como instrumento de mantener encuadrada y narcotizada (becada) a la juventud trabajadora mientras se destruían fuerzas productivas del país en los 80 y 90 con Felipe González. Un modelo educativo que abría la puerta a la falta de disciplina, de esfuerzo en el estudio y por consiguiente a la falta de autoridad se extendió desde la famosa reforma de la LOGSE. Hoy, ante la falta de respuesta a la crisis por parte del movimiento obrero y estudiantil, se puede presentar los estragos de dichos modelos como bandera para reclamar autoridad cuando en realidad lo que se hace es blindar. La hondura de la crisis sí puede explicar que se pretenda blindar la autoridad (general, no sólo los maestros) ante el peligro de fuertes convulsiones sociales. Precisamente, la cuestión es qué autoridad es la que se blinda. Pero, paradójicamente quien más atenta contra el desarrollo de la sanidad o la educación públicas es quien más autoridad reclama para sus miembros ante la pérdida de respeto de que gozan “desgraciadamente” los maestros. Mientras que los que abogan por la enseñanza pública siguen equiparando autoridad con autoritarismo. Es, en definitiva un pez que se muerde la cola para llegar a ningún sitio. El salto propuesto por la presidenta de la Comunidad de Madrid con su Ley de Autoridad del Profesor, que convertirá a los docentes de Primaria y Secundaria en "agentes de la autoridad", al tiempo que insta a los padres deberán firmar los reglamentos normativos que rigen en el colegio de sus hijos para que no puedan alegar desconocimiento ante las sanciones, sí tiene que ver con la crisis, claro. ¿Disuadir a los jóvenes? Según algunos sindicatos las cifras de agresiones, presiones, amenazas y bajas psicológicas por estos casos de violencia aumentan cada año y es en respuesta a ellos que el gobierno de Esperanza Aguirre presenta la nueva normativa, como un instrumento de disuasión a los jóvenes que quieran intentar cualquier tipo de agresión física o verbal. A partir de ahora, su falta ya no se sancionará en el ámbito escolar sino que se trataría en los tribunales. Pero la cuestión va más allá.Madrid vive sin duda estos días la resaca de Pozuelo de Alarcón. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha implicado totalmente el problema de la pérdida de autoridad y de valores sociales en los disturbios de Pozuelo. Ha dicho que la falta de autoridad de padres y profesores está en el origen de comportamientos como "el botellón", y que, cuando por ejemplo se permite "el tuteo" a los maestros, se está abriendo el camino a "la falta de respeto" y "al desbordamiento de actitudes irracionales" como las vistas en Pozuelo.Polarización Dos de los más beligerantes en este debate han sido el sindicato ANPE y la defensora del Profesor, que ya solicitaron, el pasado mes de marzo en Madrid, que se calificara directamente a los profesores como autoridad pública. En un manifiesto del pasado marzo, los sindicatos de enseñanza denunciaban que el paro e Madrid crece “a velocidad de vértigo en la misma medida que crece el abandono escolar y académico prematuro, la no titulación y la falta de formación necesaria para poder acceder al empleo de muchos jóvenes madrileños que ven con desesperación como cualquier posibilidad de futuro se ve truncada”. Madrid, según ellos ocupa los primeros puestos en cifras del fracaso académico, en España y en Europa, y sigue bajando. En los últimos años, nuestra Comunidad tiene el honor de ser la que más ha descendido en cuanto a los niveles académicos de sus estudiantes. Mientras los gobernantes de regiones europeas de igual nivel económico están preocupadas en ahondar en la formación del mayor número de sus jóvenes para abordar la investigación y el desarrollo tecnológico que se necesitan para salir de la crisis, para relanzar la economía, para atraer personas y capitales, Esperanza Aguirre está ocupada en privatizar, desregularizar, conformar un sistema educativo de pésima calidad, selectivo, excluyente, segregado que condena a Madrid a la dualización en lo educativo, en la formación, en lo laboral o en lo social y a su ciudadanía a no tener un futuro personal y laboral digno ni dentro ni fuera de nuestra región. ¿Qué propone Aguirre para dotar de autoridad estatal al maestro? Primero. Con la Ley de Autoridad Pública, los profesores públicos alcanzarían el rango de los inspectores de sanidad y educación. Tendrían presunción de veracidad y cualquier agresión o intento de ella sería inmediatamente un delito de atentado" tal como ocurre desde hace poco co los médicos. La iniciativa de elevar el rango de los maestros ya la asumió el año pasado la Comunidad Valenciana y existe también, aunque sólo para los directores de los centros escolares, en Cataluña, desde hace unos meses. La presunción de veracidad significa que su palabra tiene más valor que la del alumno y cualquier ciudadano de a pie. Al ser reconocidos como autoridad pública, los profesores -al igual que jueces, policías, médicos o los pilotos y marinos al mando de una nave- cuentan con una protección especial en el Código Penal. Agredirles puede costar de dos a cuatro años de cárcel. Y es la fiscalía la que persigue de oficio al agresor, no se trata de una demanda personal del agredido. La futura ley de Aguirre también recoge una subida salarial para mandos intermedios, como secretarios y jefes de estudios, de los centros, lo cual vendría a ampliar la subida de unos 320 euros de media que disfrutan los directores de colegio en la Comunidad de Madrid desde enero. Segundo. El Gobierno regional instará a todos los colegios e institutos públicos a que envíen a los padres las normas de cada colegio para que las devuelvan firmadas y no puedan escudarse en su desconocimiento para rechazar sanciones durante el curso.

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