La gran patronal CEOE acaba de presentar un documento en el que exige que dos tercios de los 140.000 millones de euros del fondo europeo, unos 95.000 millones de euros, vayan directamente al sector privado.
Las condiciones asociadas a la entrega del dinero son cada vez más oscuras y draconianas, se podrían bloquear los fondos si no se cumplen las reglas fiscales exigidas por Bruselas
En Bruselas como en España se libra una intensa batalla entre los grandes centros de poder internacionales y nacionales y los intereses del pueblo de nuestro país, en torno a quién y cómo va a cargar con los costes de la pandemia.
España vive una doble pandemia, sanitaria y socioeconómica, que golpea con especial virulencia a las clases populares. Inmersos en la segunda oleada de la pandemia sanitaria, nos enfrentamos al reto de cómo afrontar una pandemia económica cada día más profunda.
La música del Plan de Recuperación ha sonado bien en la presentación de Sánchez: 800.000 empleos, transición verde y digital… Pero habrá que mirar al fondo para que todos estos recursos no acaben sirviendo para que los grandes poderes económicos del país.
El gobierno ha dado el primer paso para los presupuestos de 2021 aprobando el techo de gasto y las previsiones macroeconómicas que ha de presentar en Bruselas empeorando sus previsiones. El Consejo de Ministros ha aprobado una subida del techo de gasto del 54% sin precedentes hasta los 196.000 millones de euros, el máximo que…
Se ha iniciado la cuenta atrás para una nueva reforma de las pensiones que se discute en la Comisión del Pacto de Toledo y que se propone presentar sus conclusiones en las próximas semanas.
El Banco de España, los servicios económicos de la banca, las aseguradoras, las grandes patronales de la CEOE y la Cámara de Comercio, donde están representados los principales grupos monopolistas del Ibex-35 y el capital extranjero, pretenden aprovechar la situación creada por la pandemia para dar un salto en la privatización de las pensiones y…
A comienzos de septiembre, el propio ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, reconoció que sólo una de cada 10 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital estaban aprobadas. Lo justificaba en un «desborde» de la administración por una «avalancha» de peticiones.
