Cargando...
Ibarretxe amenazó hace escasos días con que, a pesar de ser desalojados del gobierno, seguirán «dirigiendo Euskadi desde donde sea». Y no eran palabras en vano. Desde su cargo de lehendakari interino, Ibarretxe está tomando aceleradamente medidas que pretenden atrincherar el régimen etnicista y comprometer la actuación del nuevo gobierno presidido por Patxi López.
Primero, los jelkides etnicistas calificaron de “gole institucional” el pacto PSE-PP que les va a desalojar del gobierno. Luego calificaron al inminente gobierno no nacionalista como “el más débil de la historia política de Euskadi”. Y ahora utilizan todas sus bazas para intentar colocar todo un campo de minas al futuro inquilino de Ajuria Enea. Extralimitándose en sus labores como lehendakari interino, Ibarretxe ha emprendido una frenética carrera por tomar la mayor cantidad de medidas posibles que apuntalen, antes de que Patxi López tome posesión, los intereses del nacionalismo excluyente en la administración. Desde el pasado 1 de marzo, el Ejecutivo autónomo ha encargado a una empresa de selección la contratación de personal para el llamado ‘Banco público vasco’, un organismo aparcado en punto muerto desde 2007. Además, ha hecho una convocatoria para «recolocar» a altos cargos, así como diversos concursos millonarios en materias educativas o audiovisuales. Un intento desesperado, ante su inminente desalojo del gobierno, por colocar a hombres afines al nacionalismo excluyente en puestos claves de la administración, que luego puedan hacer una labor de zapa contra el gobierno de Patxi López. El gobierno de Ibarretxe también está impulsando iniciativas etnicistas como unidad didáctica del plan de Educación para la paz donde se mezclan los testimonios de dos víctimas de ETA, con otra de los GAL y una de la violencia de la Guardia Civil. Un reaccionario proyecto, que sería de obligado estudio en los colegios, donde no se incluye el rechazo explícito a ETA entre sus objetivos, pero sí que “existen 47 casos de tortura policial en el Estado español”. Pero lo más preocupante es que el PNV pretende imponer a Patxi López tres integrantes del ala más etnicista del gobierno de Ibarretxe como asesores. Javier Balza, consejero de Interior, su viceconsejero de seguridad, Mikel Legarda, y la consejera de Industria, Ana Aguirre, quieren utilizar su condición de letrados de los servicios jurídicos centrales de la administración vasca, para ser admitidos automáticamente en el principal organismo de asesoría legal del nuevo gobierno autonómico. Un organismo que se encarga de emitir los informes de legalidad preceptivos para que el ejecutivo vasco apruebe un decreto o someta a votación cualquier norma legal. Así, tres topos de Ibarretxe, se aseguran un puesto donde pueden boicotear o condicionar las iniciativas del próximo gobierno no nacionalista. Ibarretxe y el ala más etnicista del nacionalismo excluyente están tomando medidas para atrincherar su régimen –construido durante treinta años de monopolio del poder autonómico-. Moviendo sus múltiples peones para conservar influyentes y estratégicos puestos en la administración. Levantando defensas políticas y legales para impedir o dificultar que el nuevo gobierno pueda desmantelar o reducir las redes de poder en manos del nacionalismo excluyente, mantenidas desde Ajuria Enea a través de subvenciones y prebendas políticas. O sembrando de todos los impedimentos posibles el camino hacia la desetnificación de la educación o de los medios de comunicación públicos. No basta con ganar las elecciones y desalojar a Ibarretxe del gobierno. Es necesario desarticular todo el entramado de poder del nacionalismo étnico, constituido tras tres décadas de monopolio del poder en un auténtico régimen. Eso lo sabe también Ibarretxe, e intenta asegurar sus posiciones en los máximos nudos posibles de la administración. Una nueva maniobra de Ibarretxe que es necesario desmontar para poder recuperar consecuentemente la libertad negada por el totalitarismo étnico.