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La reforma del Código Penal está traspasando todos los límites. Con la excusa de «garantizar el orden público» frente «al auge de la guerrilla urbana» están imponiendo el mayor recorte de libertades de la historia. Su objetivo es atarnos las manos y taparnos la boca, para que ellos puedan seguir imponiendo recortes.
Ya sabemos porque se dio tanta publicidad a los actos aislados de violencia protagonizado por oscuros grupos en Barcelona el día de la huelga general.
Estaban preparando el terreno, creando el clima de opinión necesario para imponer un drástico tijeretazo a las libertades populares. «La “patada en la puerta” de Corcuera ha quedado reducida a un juego de niños comparado con lo que pretenden ahora»
Primero anunciaron que la “resistencia pacífica a la autoridad” podría pensarse con cárcel, o que la convocatoria por internet de “manifestaciones violentas” se convertiría en delito.
Dos modificaciones del Código Penal pensadas expresamente para utilizarse contra el 15-M, uno de los cauces que ha permitido expresar públicamente el rechazo a los recortes.
Ahora dan un paso más, y quieren que los sindicatos, partidos y asociaciones sean “responsables penalmente” de los “actos violentos que protagonice alguno de sus afiliados en una manifestación”.
¿Qué consecuencias tendría esa “responsabilidad penal”? Puede ir desde una multa o la retirada de subvenciones y ayudas, hasta la suspensión de actividades o la disolución de la entidad.
La “patada en la puerta” de Corcuera o la Ley de Partidos han quedado reducidas a un juego de niños comparado con lo que pretenden ahora.
Destacados juristas han advertido que el objetivo de estas medidas es “disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a manifestarse”.
Los salvajes recortes sociales sólo pueden imponerse contra la voluntad de la población. Lo saben, y están ya afilando todas las armas para quebrar la resistencia de la mayoría.