Quieren desmantelar la sanidad pública para hacer negocio

Ataque masivo contra nuestra salud

«Hay gente que va a morir por esto». Así­ valoraba un médico los efectos de los nuevos recortes en sanidad. Así­ de claro. Y lo peor de todo es que es verdad. Van a obligar a los pensionistas a pagar por los medicamentos. Nos van a cobrar a todos por servicios sanitarios vitales, hasta ahora gratuitos. Negarán asistencia médica a todos los inmigrantes ilegales y a los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado Se están cargando la sanidad pública universal y gratuita, una de las mayores conquistas sociales. Y todo arranca de una noche donde el gobierno de Rajoy se reunió de urgencia, por mandato de Washington y Berlí­n, para anunciar un nuevo tijeretazo de 10.000 millones en sanidad y educación. El mensaje lanzado desde Washington y Berlí­n es claro: «si España no puede permitirse tener una sanidad pública universal y gratuita, que no la tenga, porque la prioridad absoluta es que me paguen». Y el gobierno parece estar dispuesto a cumplir este nuevo mandato. A costa de nuestra salud.

Copago, repago y tripagoLos pensionistas tendrán que pagar por los medicamentos. Pero, para más escarnio, tendrán que “adelantar el dinero”. Se fija un límite de pago según renta, de entre 8 y 18 euros mensuales. Pero todos los pensionistas deberán pagar en el momento el 10% del precio de los medicamentos. Y la diferencia que exceda de los topes marcados les será reembolsada en un plazo de seis meses. «La gestión de toda la sanidad pública valenciana estará en manos del capital extranjero… ¿hay mayor peligro para nuestra salud?»

Teniendo en cuenta que el precio medio de las medicinas que necesita un jubilado es de 200 euros mensuales, todos tendrán que “adelantar” el dinero. Cuanto menor será la pensión, más se notará el coste extra de ese “adelanto”.

Pero la cosa no queda aquí. Medicamentos que ellos catalogan “para síntomas poco graves” quedarán excluidos de la seguridad social, y habrá que pagar la totalidad de su precio. Algunos de ellos son vitales para muchos enfermos crónicos, y supondrá un coste que muchos no podrán asumir.

Y, junto al copago farmacéutico, ya nos han metido el copago asistencial. Han creado una “cartera básica de servicios”. El resto son considerados “accesorios”, y dejarán de ser gratuitos.

El “servicio sanitario no urgente”, las prótesis y los tratamientos dietéticos han sido los primeros en aplicarles el copago. Un enfermo de diálisis impedido tendrá que costear la ambulancia que le traslada. Unos 35 euros diarios. Un dependiente tendrá que pagarse su silla de ruedas. Puede costar hasta 2.500 euros. Una familia con hijas con trastornos dietéticos tendrá que pagar el coste de los suplementos alimenticios que necesiten. Puede suponer un gasto de 2.000 euros mensuales.

¿Y quién no pueda pagar? Pues no recibirá ningún servicio.

Excluidos de la sanidad públicaA partir del 31 de agosto, 150.000 inmigrantes ilegales serán expulsados de la sanidad pública. Si necesitan tratarse un cáncer, serán abandonados. Solo podrán acudir a urgencias.

Han empezado por el sector más débil, y contra el que pueden lanzar diabólicos climas de opinión –“no cotizan”, “abusan de la sanidad pública”…-. Pero este es un ataque contra todo el pueblo. Si consiguen negarle la asistencia médica a un sector, acabarán por negársela a todo el mundo.

Y ya lo han demostrado. Anuncian que los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado, no tendrán derecho a la sanidad pública. Es el caso de 166.000 estudiantes que todavía no han encontrado su primer empleo.

Volvemos a los tiempos del falangista Girón de Velasco como ministro de sanidad. La sanidad deja de ser un derecho ciudadano universal, y pasa a ser una contraprestación a la que solo tienen derecho los “asegurados”, los que coticen. Y quien no cotice, queda fuera.

La salud de todos los valencianos entregada al capital extranjeroEl gobierno valenciano nos ha revelado la razón de tan salvaje ataque a la sanidad pública. A partir del 2 de enero de 2.013, la gestión de toda la sanidad pública va a pasar a manos privadas.

El “modelo Alzira” se extenderá a toda Valencia. Allí, la gestión de la salud de un millón de valencianos recae sobre Ribera Salud, en proceso de ser vendida al grupo Capio, cuyo propietario es el fondo de capital riesgo anglosajón CVC Partners Capital.

Estos oligopolios de la sanidad privada, controlados por el capital extranjero, junto a bancos y fondos de capital, son los principales interesados en quedarse ahora con la gestión de la salud de todos los valencianos.

Dicen que la “gestión público-privada” abarata los costes. No es verdad. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que “dejar en manos del sector privado la sanidad pública acaba siendo más costoso, y va en detrimento de la calidad”.

La única razón está en que los fondos de capital que gestionan el “modelo Alzira” ganan cada año 3 millones de beneficios, que en lugar de invertirse en nuestra salud pasan a sus cuentas de resultados.

Ahora, esos beneficios se multiplicarán, al quedarse con la gestión de toda la sanidad pública valenciana. Y todo lo que ganen ellos, se lo quitarán a nuestra salud.

Este es el único objetivo de la demolición de la sanidad pública. Entregarle nuestra salud al capital extranjero como fuente de negocio.

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