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No son iniciales, son personas. Al paciente B.P.L. tres valientes médicos le han salvado de la sentencia de muerte a la que le había condenado la Xunta de Galicia. Se saltaron todos los protocolos oficiales para tratarlo con Sovaldi, un fármaco que por su elevado precio (48.810) debía autorizar la subcomisión especial para la hepatitis del Gobierno gallego.
Es el único paciente que escapó del corredor de la muerte por recortes. Otras seis personas han sido ejecutadas por grises burócratas y por prioridades presupuestarias. Seis personas que podrían estar vivas si su vida no hubiera sido computada en una calculadora. La acusación de la fiscalía de homicidio a los altos cargos de la Consellería de Sanidade está más que fundada. Crímenes como estos están a la orden del día. Casos como el del cierre de quirófanos en el Hospital Vall d’Hebrón el pasado verano en Barcelona. La decisión de la dirección de cerrar quirófanos y camas del área postoperatoria causó la muerte de dos pacientes del cirujano Manuel Galiñanes, que denunció los hechos. “Pasamos de operar a 15 pacientes a la semana a asumir solo dos o tres. Pretendían ahorrar con el cierre de camas, pero lo cierto es que los enfermos cardiacos que esperaban hospitalizados para ser operados estuvieron ingresados hasta 20 días, cuando la media antes de la cirugía es de nueve días de ingreso”, dijo a la prensa. Dos personas, dos vidas humanas, que murieron por no poder ser intervenidos a tiempo: la consecuencia directa de los recortes ordenados por la Generalitat. A Galiñanes lo represaliaron y lo destituyeron como cirujano jefe, tras 15 años de servicio. No es sólo la miseria moral -y criminal- de consejeros o gerentes hospitalarios. Es el capitalismo. Un sistema donde todos somos mercancía, fuerza de trabajo. Una mercancía que se avería, y donde siempre hacen una resta glaciar a la hora de arreglarla. ¿Cuanto cuesta repararla? ¿Cuanto beneficio puede producir aún?. A veces las cuentas no salen, y entonces decretan nuestra muerte