Cargando...La principal conclusión del informe es que, aunque en los dos últimos años el Estado ha hecho «esfuerzos muy meritorios» por impulsar los procesos judiciales, éstos se «dilatan en el tiempo de manera excesiva».
El 24 de marzo de 1976, el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti encabezaron el gole militar contra la presidenta María Estela Martínez de Perón.Desde ese día, y hasta diciembre de 1983, los argentinos sufrieron un régimen de terror que dejó una triste herencia de 30.000 personas secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas.La Federación Internacional de Derechos Humanos, alertó hoy de que la irregularidad de los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar en Argentina resulta una «impunidad de hecho».Con motivo del 33 aniversario del golpe de Estado militar, la FIDH publicó el informe «Avances y obstáculos en los procesos en contra de los responsables de crímenes contra la humanidad durante la dictadura».La principal conclusión del informe es que, aunque en los dos últimos años el Estado ha hecho «esfuerzos muy meritorios» por impulsar los procesos judiciales, éstos se «dilatan en el tiempo de manera excesiva».Esa demora resulta en una «impunidad de hecho» que podría evitarse con una «mayor articulación de todos los actores implicados», señaló Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización argentina adjunta a la FIDH.Según los datos que presentó Chillier ante la CIDH, de las 1.254 personas involucradas en los procesos judiciales, hay 385 personas procesadas en prisión preventiva, 141 sin prisión preventiva, 46 prófugos y 195 fallecidos.Chillier subrayó que solo 48 personas han recibido una sentencia condenatoria, y que 43 de ellos fueron juzgados en los dos últimos años, cuando «verdaderamente se ha impulsado el proceso».Ese impulso es, sin embargo, «insuficiente», ya que el 74 por ciento de las causas presentadas están aún en etapa de instrucción, y solo en el 6 por ciento han finalizado los debates.»A este ritmo va a haber juicios hasta 2025, y eso es intolerable», alertó Chillier.El representante de la FIDH, Manuel Ollé, apuntó como solución la formación de «jueces especializados en materia de derechos humanos», tanto en la instrucción como en el juicio oral, y el aumento del número de magistrados y de fiscales.Para agilizar los procesos y velar por la seguridad de las víctimas, Ollé propuso que se organicen las causas por zonas militares, y pidió la plena publicidad de los juicios.Otra de las peticionarias de la audiencia, Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina de Derechos Humanos (LADH), llamó la atención sobre la situación de «detención privilegiada» de muchos de los que fueron represores durante la dictadura.»Hace casi un año, una resolución del Ministerio de Defensa prohibió que los imputados se alojen en cárceles militares; hoy en día, sigue habiendo 66 de ellos en ese tipo de dependencias, y otros muchos se encuentran en centros clandestinos», afirmó.Rosenblum puso además el acento sobre los casos de «secuestro y posterior liberación» y de «amenazas con armas de fuego» a los testigos y supervivientes. Como ejemplo, señaló la muerte en 2007 del ex prefecto Héctor Febres, quien estaba siendo juzgado, y la desaparición, hace dos años, del testigo Julio López.Andrea Gualde, directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia argentino, indicó ante la CIDH que, tras el caso de Julio López, el Gobierno ha «reforzado las políticas de protección de testigos».Gualde coincidió con los peticionarios en que «subsiste una impunidad de hecho» que el Estado argentino «está empeñado en desterrar», y recordó que uno de los objetivos del mandato de la presidenta Cristina Fernández es poner un punto final a los juicios.Según Gualde, el hecho de que la Comisión de Crímenes contra la Humanidad esté procesando actualmente a 549 personas muestra la «consolidación de un proceso que, con sus dificultades, tiende al aumento del número de juicios orales».En 1985 se realizaron inéditos juicios a los miembros de las juntas militares y, aunque en su mayoría fueron condenados a cadena perpetua, en 1989 fueron amnistiados por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).Poco antes, en 1986, se habían salvado los mandos medios e inferiores gracias a las leyes de Punto Final, que paralizó los procesos judiciales, y de Obediencia Debida, que estipuló que sólo habían cumplido las órdenes de sus superiores.Pese a todos estos obstáculos, las organizaciones de derechos humanos continuaron su intensa lucha por la verdad, memoria y justicia y lograron la reapertura de las causas, por lo que ahora la batalla es por acelerar los juicios y condenas de los represores.