Argentina encadenada al Fondo Monetario Internacional

El gobierno argentino firmó un acuerdo con el FMI para endeudarse en 57.000 millones de dólares. Sólo dos años y medio después de llegar a la presidencia, Macri da por cerrado el círculo de revertir los avances económicos, sociales y de soberanía nacional del periodo Kirchner.

La relación con el FMI había sido clausurada con el gobierno anterior. Los Kirchner saldaron los préstamos con el Fondo y eliminaron la intervención directa de sus técnicos en la gestión económica de Argentina. Ahora, el nuevo presidente ya ha metido al país en la espiral de deuda que genera el FMI para amarrar la dependencia: El acuerdo inicial era de 6.000 millones para 2018; pero en tan solo tres meses ya se ha pasado a pedir de urgencia más del doble. Para el año siguiente se habían acordado inicialmente 11.400 millones en junio; y tan solo tres meses más tarde ya se han firmado realmente 22.800 millones. Cuando comenzaron las negociaciones los fondos eran para quedarse como reservas del Banco Central y ser un seguro, ahora ya está acordado que van a ser destinados a gasto, para pagar a acreedores de Deuda Pública. A velocidad de vértigo el país se endeuda de nuevo.

No hay préstamo sin condiciones

Además, las condiciones exigidas en el acuerdo son tan draconianas que hasta el presidente del Banco Central argentino, Luis Caputo, ha dimitido. Literalmente el Fondo le impone al gobierno de Macri que no puede frenar con sus reservas la depreciación de su moneda. La caída del peso argentino respecto al dólar es una de las principales fuentes de ganancia de los monopolios norteamericanos, que controlan la producción exportadora del país sudamericano.

La otra imposición del FMI ha sido que la tasa de interés del dinero dejará de fijarla el Banco Central Argentino, quedando así esta en manos de los grandes fondos de inversión de EEUU con capacidad suficiente para intervenir en el mercado financiero.

Esto me suena

Para comunicar el acuerdo con el FMI, el presidente Macri intervino a mediados de septiembre en un discurso televisado y anunció la otra cara del acuerdo: los recortes. Su frase central les va a sonar conocida: “No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades”… Acto seguido el peso argentino se depreció un 8,15% frente al dólar. Y ya ha caído ¡un 98%! en lo que va de año.

El caos generado por Macri en tan solo dos años y medio es una auténtica plusmarca en retroceso de una nación. Este año, la caída del PIB rondará el 2,4%, y la inflación estará por encima del 40%. La deuda externa aumentó en 95.000 millones del dólares, pasando se suponer algo más del 50% del PIB al 70%. El salario real cayó un 6% para los trabajadores del sector privado y hasta un 11% para los empleados públicos. Por supuesto los recortes se han concentrado en eliminar las ayudas al transporte público, reducir el presupuesto para universidades, sanidad… Además el FMI ha puesto en el punto de mira las pensiones y pide que aumente la edad de jubilación y que baje la tasa de sustitución (la relación entre el promedio de los sueldos y la pensión que un trabajador retirado recibe). Recordemos que las pensiones más bajas se habían revalorizado hasta un 500% por el gobierno anterior.

Dos años de vértigo

El retroceso argentino es consecuencia directa de unas medidas claramente adoptadas para favorecer las ganancias de monopolios extranjeros, y algunos sectores de la gran burguesía asociados a ellos, en detrimento de la soberanía nacional, y en perjucio de las clases populares.

En 2016 liberalizó el mercado de divisas (moneda extranjera). Siendo un país exportador, la entrada de divisas y su regulación era un instrumento fundamental para controlar los precios.

Macri eliminó el control sobre exportaciones agrícolas. Hasta hace dos años, primero se garantizaba el abastecimiento del mercado interno, para evitar que empujados por una mayor tasa de ganania, los productores exportaran productos básicos, creando escasez en los mercados nacionales, provocando la subida del precio.

Y una medida aún más escandalosa fue el cambio en la ley de pago sobre las exportaciones. Con el gobierno anterior, las multinacionales y grandes compañias exportadoras tenían un plazo de quince días depositar las divisas en que cobran sus ventas al exterior. Esto buscaba aumentar la oferta de dólares y tratar de evitar que su escasez dispare el tipo de cambio. Ahora se ha eliminado ese plazo, quedando reducido a un apunte contable; pero que los monopolios no están obligados a ingresar en ninguna fecha fijada. Con lo que la especulación financiera se ha convertido en una de sus principales fuentes de beneficio. Llegando el caso que alguna compañía gana más guardando las divisas y cambiándolas cuando se deprecia el peso argentino que con su propio negocio de exportación.

También se ha convertido en un instrumento para pagar menos impuestos. En 2018 la recaudación de tributos por ganancias en las exportaciones bajará en 2.000 millones de dólares, a pesar de que el valor de las mismas aumenta.

Esto causa una doble ruina al Estado, reduce sus ingresos de impuestos y se ve obligado a comprar moneda extranjera (sobre todo dólares) para pagar sus importaciones; pero que con una moneda nacional devaluada no hace más que aumentar su deuda.

El Banco Central de Argentina ha puesto los tipos de interés en el 60%, haciendo imposible el crédito, axfisiando la actividad productiva y el comercio interno.

El modelo americano

Y en cuanto a medidas concretas, en los sectores de energía y minas, la dirección es exactamente las misma que la de la administración Trump. Macri ha pasado a alargar peligrosamente la vida de sus centrales nucleares hasta 30 años más. Está abriendo los permisos para explotaciones mineras contaminantes (nueva mina de Uranio) o en parajes protegidos (se está revisando el censo de glaciares para reducir los que quedarán como exentos de actividad extractiva de minerales). Y como en EE.UU, acaba de promover la extraccion de gas de esquisto, con un sistema (el fracking) altamente contaminante para el subsuelo. Que todas estas explotaciones se anuncien en manos de inversores y compañías estadounidenses es cuestión de tiempo.

Es tan significativo el nivel de entrega al control extranjero que se avecina, que este mes el gobierno anunció la eliminación de los Ministerios de Energía, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología, que pasarán a ser Secretarías de Estado. En otro despacho, en otro país estará el verdadero ministro.

Pérdida de soberanía nacional y empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo van de la mano.

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