Archivada la investigación del accidente de metro sin ningún responsable por el siniestro que costó la vida a 43 personas y causó heridas a otras 47.
La asociación de víctimas del accidente de metro anuncia que recurrirá porque consideran que hubo responsabilidad por parte de los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que estaban al mando de esta empresa pública cuando se produjo el accidente debido a «su mala planificación en cuanto a la gestión del riesgo laboral”.
Se exime de toda responsabilidad a los principales responsables políticos entonces, Camps y los dirigentes del PP, cargando la culpa sobre el conductor muerto, y a los dirigentes de FEVE que no invirtieron lo necesario en seguridad poniendo en riesgo a los ciudadanos.
Los tres imputados que quedan libres de todo cargo eran responsables técnicos de la empresa ferroviaria en el momento del siniestro. Se trata de Vicente Contreras Bórnez, director adjunto de explotación en 2006 y número dos de la entonces gerente, Marisa Gracia; Francisco García Sigüenza, director técnico de FGV y considerado el numero tres de la empresa; y Francisco Orts Pardo, responsable de la dirección de Estudios y Proyectos, el departamento en el que recayó la supervisión de los trabajos de instalación del sistema de frenado.
Si en un primer momento se rechazó la imputación de los responsables técnicos, tras el recurso de la defensa fue aceptada con un testimonio que defendía que se tenían que haber colocado dos balizas, una para proteger la curva y otra para proteger la entrada al andén, entendiendo que existió un error de programación y planificación de las balizas que fue determinante en el descarrilamiento y vuelco de la UTA al haberse podido proteger adecuadamente la curva con la sola programación de otra baliza.
La asociación de víctimas denuncia cómo, con 43 muertos y 47 heridos, la causa se salda con la responsabilidad para el conductor, muerto en el accidente, y el exceso de velocidad como única explicación. Pero hay evidencias que desmienten la explicación. El sistema de seguridad de la línea 1 era el FAP, 40 veces más barato que el ATP, utilizado en el resto de metros de España que habría evitado el accidente.
En los juicios, la empresa (FGV) desmintió la existencia de descarrilamientos anteriores, sin embargo los hubo, tres al menos. El Ministerio Fiscal, en su recurso de apelación al auto de no reapertura del juicio incluye declaraciones del perito judicial en las que éste asegura que FGV no les facilitó datos sobre los descarrilamientos de la UTA.
Por último los cristales de la unidad se desprendieron actuando como autenticas guillotinas. Técnicos de FGV denuncian como se habían cambiado hace poco con un sellado defectuoso.»Hay pocas dudas de que la falta de inversión y mantenimiento ha tenido que ver como una de las causas determinantes del accidente”
Hay pocas dudas de que la falta de inversión y mantenimiento han tenido que ver como una de las causas determinantes del accidente, por ejemplo por no hacer la inversión necesaria para instalar el sistema ATP.
La Ciudad de las Ciencias y las Artes, con un presupuesto inicial de 380 millones de euros, acabó con un sobrecoste de 700 millones de euros. Más de 377 millones (107 de sobrecoste) enterrados en Terra Mítica, 300 millones en la Ciudad de la Luz de Alicante, otros 211 millones gastados en la Fórmula 1 o los 170 gastados en el aeropuerto sin aviones de Castellón. Pero no había dinero para dos simples balizas.