Apuesta perdida

L.B. no pensaba acabar en la cárcel. Es más, estaba convencido de que la suma de todas sus innumerables maniobras iba a provocar suficiente miedo en el partido como para que la presión sobre la Justicia, con la que él contaba, tuviera éxito. Eso habría supuesto que, por caminos que resultan insondables para cualquiera que crea en el higiénico funcionamiento del Estado de Derecho, los jueces y fiscales acabarían aceptando tender sobre él y sobre sus andanzas un tupido velo. Y ya está, cada uno seguiría guardando las vergüenzas y los billetes en sus respectivos armarios y todos tranquilos. Pero los cálculos –iba a decir las cuentas y me he arrepentido– le han salido rematadamente mal. Ni los incesantes enjuagues y traslados del dinero que tenía escondido en sus cuentas en el extranjero; ni las amenazas, veladas y no tanto, que ha venido profiriendo desde hace meses contra los dirigentes del Partido Popular, ni siquiera el haber llegado a enseñar la patita con la publicación de las fotocopias de sus papeles, le han servido de nada. Es verdad que ahora, en medio de su segura perplejidad, a Bárcenas podría quedarle el recurso de la venganza, la oportunidad de demostrar con documentos fehacientes que sus constantes avisos tenían base documental. Le queda, en definitiva, la opción de morir matando, dicho sea en sentido figurado. Y eso, para los posibles afectados puede que sea mucho, pero para él y para su futuro penal no será nada. Su problema a estas alturas es que, por muchas víctimas que vaya a provocar –y eso sigue siendo una hipótesis– como pago contra reembolso por su ingreso en prisión, a él ya no le salva ni la caridad. Es lo malo que tienen las amenazas de bomba: que, una vez que estallan, se llevan por delante muchas cosas y muchas vidas, pero también acaban para siempre con las pretensiones de su dueño. Puede que las bravuconadas de este hombre se traduzcan de aquí a poco en un terremoto capaz de devastar la estabilidad del equipo directivo del Partido Popular. Eso lo veremos pronto porque, vista la petición del fiscal, al antiguo tesorero del PP no le puede caber ninguna duda de cuál ha sido la posición del Gobierno y del partido: prisión incondicional y no eludible bajo fianza. A partir de ahí, será el propio Bárcenas quien tendrá que airear lo que sabe y pueda demostrar. Sería, en todo caso, un petroleado de fondos que no haría más que beneficiar a la salud de nuestro sistema. Si hay algo que denunciar, juzgar y castigar, hágase porque la sociedad española será la única beneficiada. Pero a Bárcenas ya no le toca ni el reintegro.