Cargando...La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, puso en marcha hace ocho años la privatización del servicio de bomberos, cuando era un servicio público en toda España. Con la llegada del bipartito de PSOE y BNG al poder en Galicia en 2005 se mantiene el modelo. Y ahora, de nuevo con el gobierno del PP de Alberto Núñez Feijóo, el sistema se consolida. La privatización de servicios como el de bomberos tiene necesariamente consecuencias negativas en recursos humanos y materiales, en coordinación… No se puede aplicar la rentabilidad para apagar los fuegos.
Aunque la ley de bases de régimen local obliga a que todos los municiios de más de 20.000 habitantes tengan un cuerpo de bomberos propio, en Galicia sólo existen en 7 de las 21 localidades de ese tipo. El resto están gestionadas por empresas privadas. La Administración gallega pone el edificio y los materiales iniciales para que una empresa privada se responsabilice de la contratación del personal. En un informe publicado se calcula que la rentabilidad para tales empresas puede llegar casi al 50%. Evidentemente estos beneficios suponen necesariamente un empobrecimiento del servicio, menos bomberos en cada turno, menor renovación de los materiales y menos formación… y un problema generalizado de coordinación. El principal problema de coordinación es que el trabajo de bombero tiene, en determinadas situaciones de peligro, rango de agente de la autoridad, lo que sólo se reconoce en algunas comunidades autónomas pero no en toda España. Siendo meros trabajadores de una empresa privada, ¿cómo desalojan un edificio en caso de una emergencia, cómo entran en una vivienda, cómo acceden a una propiedad privada o paralizan la actividad de una empresa? La autorización de la Guardia Civil o la Policía Local puede retrasar una actuación en la que los segundos son vitales. La Xunta sostiene de forma demagógica la ventaja de la agilidad de la gestión privada frente a la burocracia y la lentitud de la pública, en lugar de realizar los cambios para que el servicio público de bomberos sea ágil, eficaz y eficiente. Incluso en Estados Unidos los bomberos urbanos siguen siendo servidores públicos pagados por las ciudades o los condados porque se considera que las compañías privadas no tienen el personal, la experiencia o el equipo para dar un servicio profesional. Lo que hace obvio el propio sistema de acceso. Formar parte de un cuerpo público de bomberos exige pasar una oposición que incluye pruebas físicas duras y un examen teórico. La formación práctica se adquiere dentro del cuerpo. Sin embargo, las empresas privadas sólo exigen a los aspirantes, antes de ser contratados, que hayan pasado un curso de 200 horas, y los mínimos físicos establecidos legalmente son comprobados por las mismas empresas. Que el modelo de empresas privadas se quiera aplicar en otras comunidades autónomas es un peligro público. Y hay informaciones de que otras comunidades están estudiando este modelo privatizador.