Ante la crisis prejubilaciones

Sorprende, el hecho de que aunque el Pacto de Toledo promueve alargar la edad de jubilación para los trabajadores privados, en coherencia con el incremento de la esperanza de vida, en la función pública ocurre todo lo contrario y mientras otros paí­ses reducen el gasto estatal y el numero de funcionarios, en España se encargan de engordarlo.

Jubilarse antes de tiemo no es fácil en la Seguridad Social, pero resulta algo más que habitual en la función pública. Nada menos que el 58,7% de los funcionarios deja de trabajar antes de cumplir los 65 años, la edad legal de jubilación fijada para el sector privado. Pero lo que resulta todaví­a más significativo: el 32,4% de los funcionarios -es decir, uno de cada tres- lo hace mucho antes. Se jubila tras haber cumplido los 60 años. Los últimos datos de la Seguridad Social indican, de hecho, que el 40,8% de los trabajadores (incluyendo todos los regí­menes) se jubila antes de cumplir los 65 años. Es decir, 18 puntos porcentuales menos que en el caso de los empleados públicos. Si la comparación se hace con los trabajadores autónomos, el resultado es todaví­a más elocuente. El porcentaje de trabajadores por cuenta propia que se jubiló el pasado mes de diciembre con menos de 65 años se sitúa únicamente en el 11%. El 89% restante lo hace pasado la edad legal de jubilación. En el caso de la función pública, se trata de un derecho del trabajador, mientras que en el sector privado -en la mayorí­a de los casos- es consecuencia del cese involuntario en la actividad, ya que jubilarse antes de los 65 años conlleva la aplicación de fuertes coeficientes reductores que pueden mermar hasta en una cuarta parte la cuantí­a final de la pensión. En el sector privado, la penalización por jubilación anticipada, puede llegar al 40% de la base reguladora, incluso con 45 años cotizados.La ley permite a los funcionarios jubilarse de forma voluntaria cuando hayan cumplido 60 años de edad y tenga reconocidos 30 años de servicios efectivos al Estado. Si han cumplido 35 años de servicio, no sufren penalización alguna.A los empleados públicos del Estado se les premiara con un aumento de su pensión, en caso de que decidan prolongar su vida laboral más allá de los 65 años. En el caso de la Seguridad Social, la ley establece que la edad ordinaria de jubilación puede ser anticipada en aquellas actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza «excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados í­ndices de morbilidad o mortalidad».En todos los casos se aplican coeficientes reductores que pueden llegar hasta el 30% si el trabajador ha cotizado únicamente 30 años. El único supuesto en que no se aplica ninguna reducción se produce cuando el trabajador privado tiene 64 años y es sustituido por otro que se encuentre en paro, pero siempre que el nuevo contrato de trabajo dure al menos un año. . En casi todos los paí­ses, se penaliza la jubilación anticipada y se intenta la ví­a del retraso voluntario, con la esperanza de que esta fórmula evite o demore actuaciones legales más drásticas. En unos casos, se opta por retrasar la edad legal de retiro (Italia, Alemania, Reino Unido, Austria…) más allá de los 65.Los expertos coinciden en que el retraso de la edad de jubilación es, a medio y largo plazo, una necesidad ineludible de los sistemas públicos de pensiones, tal como están concebidos en Europa. Más que a la crisis de natalidad, la causa hay que atribuirla a la elevada esperanza de vida alcanzada en las sociedades occidentales, que supera los 80 años para las personas que han cumplido los 65 años. A una carrera de cotización de 35 años, el mí­nimo exigido para conseguir una pensión ‘completa’, corresponde como media un derecho a pensión de 18 años, y la cifra seguirá en aumento dadas las expectativas de alargamiento de los años de vida.La función pública asegura unos derechos y unos privilegios que cada dí­a se pierden más en las empresas privadas. Para muestra, un botón: en la Administración aún se respetan escrupulosamente los trienios en las nóminas del personal, algo que se va perdiendo, dí­a a dí­a, en las empresas privadas. Además, los funcionarios pueden optar a una Seguridad Social especial, MUFACE, con la que se garantizan una atención médica exclusiva y sólo pagan el 30% del precio de los medicamentos. La autonomí­a con más funcionarios es Andalucí­a (234.722), seguida de Madrid (146.532) y Cataluña (133.450). El despilfarro y el clientelismo una practica habitual de la administración y los reinos de taifas en que se han convertido las Comunidades Autónomas. Ahora, además de conocer que los altos funcionarios se han beneficiado de una subida salarial superior al 5% en 2009, sabemos que mientras muchos españoles se ven en la necesidad de contratar fondos de pensiones privados, el 60% de los casi tres millones de funcionarios puede jubilarse antes de los 65 sin sufrir ninguna penalizaciónCuando el Estado francés ha tomado la decisión reponer un funcionario por cada dos que se jubilan para el cumplir el propósito de reducir el Estado a la mitad, la lógica del comportamiento de la Administración Pública española, es la contraria. Y sigue siendo la contraria en momentos de gran postración económica y de destrucción de la estabilidad presupuestaria, cuando el déficit no deja de crecer. Jubilarse antes de tiempo resulta algo habitual en la función pública.