Cargando...María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, ha declarado que la reforma, en la que trabaja el Gobierno para impedir que ninguna organización ilegalizada por ser parte de ETA, como ANV, pueda gobernar en los ayuntamientos, no tendrá efectos retroactivos. Lo que es y ha sido obvio en todo momento. Por lo que siempre se ha sabido que no podrá aplicarse a ANV, formación ilegalizada en septiembre de 2007, que gobierna en 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra, un partido político que forma parte del entramado terrorista de ETA. Pero lo que existe es una situación insostenible en términos democráticos. Se trata de instaurar la legalidad en una parte de España en la que los ciudadanos están sometidos a una especie de «Guantánamo» judicial, donde las «autoridades municipales» están al servicio de ETA. Y con nuestro dinero, el de los contribuyentes a la Hacienda Pública de toda España.
Lo que hay que hacer es alicar la ley existente. Se puede aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, tal como está, por el que se disolvieron los ayuntamientos en los que el consistorio estaba acusado de corrupción como en el caso de Marbella. Y como hace casi un año UPyD exigió en el Parlamento español y en una segunda ocasión hace unos meses, sin que se aprobara la propuesta. Ahora la vicepresidenta dice que la intención del Gobierno es reformar ese artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para incluir entre las causas de disolución de un consistorio el que esté gobernado por una mayoría de concejales pertenecientes a un partido político ilegalizado con posterioridad a la constitución del mismo. Eso es futuro. Hay que hacerlo ahora.