Cargando...Arona es uno de los municipios de la isla que viene siendo centro de una investigación judicial por presunta prevaricación urbanística de su alcalde y su equipo de gobierno. El periódico publicó una entrevista al redactor del PGOU en la que denunciaba irregularidades debido a la presión de concejales del pueblo para que se realizaran recalificaciones de terrenos.La trama de corrupción urbanística adquiere tintes totalmente mafiosos.
El 7 de marzo de 2007 saltó el caso Arona, cuando el juez Nelson Díaz, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, imutó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción por una denuncia presentada por la oposición, el Partido Socialista de Canarias, a los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local del mandato anterior (pertenecientes a Coalición Canaria y PP) por otorgar 213 licencias urbanísticas ilegales, durante un período que abarca entre 2004 y 2006, además de prevaricación por contrataciones a dedo, extorsión y cohecho. Tres arquitectos han sido detenidos en el transcurso de las diligencias, aunque están en libertad. En concreto el caso consistía en la concesión de 41 licencias urbanísticas ilegales a promotoras inmobiliarias (algunas de ellas cambiaron sospechosamente de manos hasta dos veces) durante un período de un año, desde diciembre de 2006 a diciembre de 2007, lo cual significa que las concesiones, que contaban con los informes desfavorables de los técnicos y se hacían a dedo, se siguieron dando incluso una vez iniciadas las diligencias por parte del juez. Según el abogado de la acusación particular y que ahora denuncia las amenazas de muerte recibidas por el periodista, Felipe Campos, existe una trama de intereses económicos en el pueblo que es la que ha dado el paso en falso de amenazar al periodista. El abogado, que denuncia cientos de licencias ilegales concedidas, declaró en su momento que se deberían anular las licencias e indemnizar a los promotores que se beneficiaron de las mismas… pero con el dinero que se les reclame a los imputados con cargo a su patrimonio personal, ya que sería paradójico que se pagaran con dinero público, siendo los vecinos del pueblo inocentes en toda esta trama.