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¿Qué fuentes de ahorro existen en el gasto público? De las tres formas de inversión, gasto corriente, gasto de inversión y gasto social la tendencia actual es aumentar el gasto corriente al tiempo que se recorta la inversión y el gasto social. Es decir, cambiar drásticamente la tendencia aplicando una tijera en el gasto corriente para aumentar los otro dos.
Lo rimero que aparece a la hora de situar el problema del despilfarro en los gastos del estado, despilfarro que en su gran mayoría está localizado en el apartado de gastos de personal y gastos corrientes, es ¿dónde va el dinero público? Y aquí es donde resalta primero los privilegios de una casta funcionarial (o no) que son los altos cargos y consejeros y, en segundo lugar, la creación de los grandes monstruos autonómicos, auténticas administraciones del estado en manos de burguesías burocráticas que han creado unas redes clientelares enormes y que absorbe la gran mayoría del gasto público local. Tanto es así que tal perversidad como son las redes clientelares se disfraza como parapeto contra el paro del sector privado. Pero vayamos antes al tema de la redistribución del salario de los funcionarios. Gastos de personal El crecimiento en gastos de personal ha acompañado en esta última década al crecimiento casi exponencial en el número de funcionarios, de empresas públicas y, de entre ellas, de las televisiones regionales. El 54,1% de los funcionarios de todas las administraciones es de las comunidades autónomas, que, por todos los conceptos, ya acumulan una deuda de 63.508 millones de euros. Sólo las televisiones regionales costaron el año pasado a los españoles 945 millones de euros. Según el Ministerio de Administraciones Públicas, desde 1999 el número total de funcionarios en el conjunto de las comunidades autónomas, incluyendo las universidades, ha pasado de 779.827 a 1.398.081, lo que supone un incremento del 80%. El número de empleados públicos de los municipios es de 540.847, con un crecimiento de personal en la última década del 7,1%, mientras que en los cabildos y diputaciones, hay 82.387 funcionarios, con un incremento del 22,47% desde 1999. Por el contrario, el número de funcionarios del Estado central se ha reducido un 36,71%, pasando en los últimos diez años de 887.205 a 561.551 (incluyendo a los contratados laborales). Defensa e Interior, junto a Justicia, representan el 72,3% del incremento de la masa salarial de los funcionarios de la Administración central. Desde 2005 se está produciendo un crecimiento constante por personal en las Fuerzas Armadas, debido a la política de profesionalización, y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la lucha contra el terrorismo. No todos son iguales Sin embargo, no todos los funcionarios son iguales, y el recorte en los gastos implica en primer lugar una redistribución del sueldo de los altos cargos. En el conjunto de las Administraciones Públicas españolas existen unos 5.000 altos cargos (sin contar altos ejecutivos de empresas públicas) con una vida política media de cuatro años. Eso implica, de acuerdo a las leyes actuales que garantizan un sueldo vitalicio del nivel de director general una vez cesan en su cargo político, que la factura dedicada a altos cargos vaya subiendo. Los escalones de los altos cargos Primer escalón. La minoría ultraprivilegiada de Ministros, Secretarios de Estado y Presidentes de órganos constitucionales salientes que superan los 10.000 euros al mes, beneficiándose de la Ley 74/1980, que les permite percibir durante dos años una indemnización por cese del 80% de las retribuciones brutas. Una ley que, además les permite eludir la Ley de Incompatibilidades, que hace que cualquier otro funcionario no pueda compatibilizar su sueldo con cualquier otra retribución. El ex ministro Mariano Fernández Bermejo cobra al mes 11.185 euros. Tiene, además de su remuneración de 5.775 euros mensuales por ser diputado por Murcia otros 5.410 euros debido al blindaje 74/1980. Los primeros se desglosan en 3.647 euros por asignación constitucional, y otros 2.127 como indemnización por gastos de función (exentos de tributación a Hacienda), llámese gastos de alojamiento y manutención en Madrid que origine la actividad en la cámara, a pesar de tener residencia en la capital. L e i re Patín recibe más de 13.000 euros brutos al mes. Más de 7.000 euros como ex secretaria de Estado de cooperación internacional, además de otros 6.000, aproximadamente, por su actual puesto. Pero el no va más es el sueldo del ya ex vicepresidente Solbes que ronda los 18.286 euros mensuales. Percibe, una vez ha cesado, una indemnización mensual durante dos años de 5.763 euros, otros 5.775 de diputado por A l i c a nte, otros 3.900 que recibe como pensión de ex diputado europeo, más otros 2.848 euro s por la jubilación en España. Más de tres millones de las antiguas pesetas. Segundo escalón. Parlamentarios rodeados de todo tipo de prebendas, complementos, asignaciones y pensiones de jubilación indignantes. Tercer escalón. Altos cargos de las empresas públicas con contratos de alta dirección con fuerte blindaje y con jugosas bufandas y planes de pensiones. Cuarto Escalón. Altos cargos de Subsecretario, Director General y equivalente, con su complemento indefinido tras la cesantía. Y al mismo nivel estarían los carg o s homólogos de las Comunidades Autónomas. Junto a ellos los cargos políticos que, gracias al Estatuto Básico del Empleado Público, obtienen una paga consolidada. Por ejemplo, con el cambio político de gobierno en Galicia y Euskadi hay un movimiento de consejeros, viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores generales y altos cargos asimilados. A ellos se suman a los cesados por los también recientes cambios en la cúpula de algunos ministerios de la Administración del Estado. Son en total muchos desplazados de su puesto que pasan de ser un “alto cargo” a ser una “gran carga añadida”, ya que la condición anterior de funcionarios que tiene uno de cada cuatro cargos políticos, les permite disfrutar del complemento de alto cargo que, de forma indefinida, les permite mantener el nivel salarial de un Director General aunque tengan un puesto de conserje. Es el llamado “nivel 33” que ha sido adoptada y agrandada rápidamente por cada Comunidad Autónoma. Este privilegio se ha extendido en 2007 a los funcionarios que fueren cesado en puestos que comporten la situación de “servicios especiales”, situación que incluye al personal eventual, asesores de grupos parlamentarios así como concejales y directivos municipales que desempeñen el cargo en dedicación exclusiva. Y también se han dispuesto “medidas retributivas” para el caso de funcionarios que acaban sirviendo en entidades públicas que no tengan régimen funcionarial, o sea, en régimen de Contratos de Alta dirección o Asesores de lujo. Quinto escalón: vendría dado por los gobernantes de algunas A d m inistraciones Públicas (Entes públicos empresariales, Organismos Autónomos, Agencias estatales, Universidades, Ayuntamientos, etc) que, aprovechando su efímero paso por el poder, una mayoría política complaciente, y la autonomía de su entidad, toman decisiones de gratificaciones o complementos retributivos al margen de la ley, pero que al no ser impugnados, resultan impunes.