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El neoliberalismo globalizado no tiene la voluntad de satisfacer las necesidades básicas de millones de seres humanos; el sistema capitalista no ha sabido o, mejor dicho, no ha querido resolver los problemas de la humanidad.
Por ello es necesario un cambio de modelo de desarrollo, un cambio de valores; en definitiva hace falta un cambio de sociedad. Por ello, desde el PCE, frente a la crisis del caitalismo planteamos propuestas que avancen hacia una sociedad socialista. ABC.- No es realista tratar a los piratas apresados en el Índico por la Armada como delincuentes comunes. Hay que establecer un marco jurídico, con suficiente rango normativo, que dote al Estado -jueces, fiscales y Gobierno- de los recursos necesarios para responder a las diversas situaciones que genera la lucha contra la piratería, ya sea un secuestro, ya sea la entrega a otro país. Un despliegue militar se justifica en la medida en que se esté dispuesto a usar la fuerza, pero renunciar a ella de antemano priva al Estado de una opción para cualquier negociación. EL PAÍS.- La resolución judicial, sin embargo, topa con algunos límites. El primero es que los condenados difícilmente van a cumplir las penas impuestas, puesto que se hallan a buen recaudo. Y ni siquiera la nueva Administración de Obama parece dispuesta a facilitar que se haga justicia. Al menos, a tenor de lo manifestado por el portavoz del Departamento de Estado, quien no tuvo inconveniente en expresar su "desilusión por el veredicto". Opinión. Público Alternativas al capitalismo José Luis Centella* La tozudez y contundencia de los datos demuestran la cruda realidad que sufre la mayoría de la población como consecuencia de la peor crisis del capitalismo en muchos años. En España, este otoño nos deja más de cuatro millones de parados, de los que 1,2 millones son de larga duración y con más de un millón de hogares en los que no entra ningún tipo de ingreso. Estas cifras contrastan con los cientos de millones de euros que el Gobierno del PSOE ha regalado, para tapar sus “agujeros”, a una banca que en plena crisis ha ganado más de 6.000 millones de euros mientras sigue negando prestamos a las familias y a las pymes. En esta situación, nos encontramos con un Gobierno que presenta unos Presupuestos que no sólo no cambian el modelo de desarrollo que nos ha llevado al desastre, sino que son pactados con la derecha nacionalista renunciando a una salida de izquierdas a la crisis, porque el PSOE se niega a plantear medidas realmente progresistas en el terreno fiscal o aumentar significativamente las inversiones públicas. Desde el Partido Comunista tenemos claro que quienes nos han llevado a esta situación de crisis –de forma muy especial el Partido Popular y sus políticas liberalizadoras, un modelo de desarrollo basado en el pelotazo urbanístico, la especulación financiera–, quienes se hacen valedores del sistema capitalista, no pueden sacarnos de una situación que ha provocado precisamente este sistema. El neoliberalismo globalizado no tiene la voluntad de satisfacer las necesidades básicas de millones de seres humanos; el sistema capitalista no ha sabido o, mejor dicho, no ha querido resolver los problemas de la humanidad. Por ello es necesario un cambio de modelo de desarrollo, un cambio de valores; en definitiva hace falta un cambio de sociedad. Por ello, desde el PCE, frente a la crisis del capitalismo planteamos propuestas que avancen hacia una sociedad socialista. Hablar de construcción del socialismo en Europa en el año 2009 puede hoy parecer irreal, ilusorio, pero si pensamos lo que nos habría sucedido hace pocos años si planteamos la posibilidad de que un líder indígena gobernara Bolivia o que en la Latinoamérica llena de dictaduras militares y en pleno liberalismo salvaje se llevaran a cabo procesos claramente de anticapitalistas de poder popular, seguro que nos habrían tomado por locos. La realidad es que hablar hoy de Socialismo, con mayúsculas y sin complejos, no sólo es posible, sino, sobre todo, empieza a ser creíble. Hablar hoy de una banca pública que ponga sus recursos al servicio de la comunidad, o plantear una planificación de la economía para evitar la rapiña que hemos sufrido en los últimos 15 años, hablar de recuperar un sector público potente que genere empleo sin buscar el pelotazo y que mejore y amplíe los servicios públicos, es simplemente plantear una salida a la crisis diferente a la que se plantea desde el PSOE, y radicalmente enfrentada con la que propone el PP, que es plantear directamente una salida de la crisis en la que los más débiles sean los beneficiados. Una salida donde la palabra solidaridad cobre su verdadera dimensión, porque se basa en una justa distribución de la riqueza y plantea un modelo de sociedad en la que la justicia social sea el objetivo fundamental de la economía. Una salida que rechace un orden internacional basado en la sumisión de la mayoría de la población mundial a los intereses de unas multinacionales que provocan guerras para apropiarse del control de la energía o mantienen al continente africano sumido en guerras fratricidas, hambre y miseria para poder rapiñar sus materias primas. Denunciamos la vergüenza que supone ver cómo resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba por EEUU aprobadas por más del 90% de los países miembros son despreciadas. Que contemplan impasibles las agresiones de Israel contra el pueblo palestino, sometido durante décadas a una lenta limpieza étnica, o no obligan de una forma efectiva al Estado marroquí a cumplir la legalidad internacional y convocar el referéndum de autodeterminación para el Sahara Occidental. Por eso los comunistas afrontamos este XVIII Congreso mirando hacia el futuro, implicándonos al máximo en la refundación de Izquierda Unida como referente de la izquierda anticapitalista y republicana. Pero, sobre todo, lo afrontamos con el objetivo de fortalecer una propuesta socialista para la España de inicios del siglo XXI. Lo hacemos en primer lugar situándonos en condiciones de dar a la lucha contra la crisis una dimensión transformadora y, en segundo lugar, dando la batalla ideológica frente al predominio de los valores del sistema capitalista. Ya que la primera derrota de la izquierda no ha sido la electoral, sino la que se desprende de la sustitución entre los trabajadores y trabajadoras de los valores de la solidaridad y lo colectivo por los del individualismo insolidario, haciendo del ser humano un consumidor en todos los ámbitos de la vida; el capitalismo más salvaje ha ganado una batalla. Desde una cierta perspectiva histórica, la recuperación del PCE es una esperanza para quienes confían en que la recuperación de la izquierda en España es la única manera de evitar que la actual situación de crisis económica sea una excusa para dar una nueva vuelta de tuerca en la explotación de los más débiles, para eliminar derechos sociales y para aumentar los beneficios de unos pocos. Por eso, de este XVIII Congreso que celebramos, saldrá un PCE activo, visible con clara vocación de avanzar hacia el Socialismo y comprometidos con lo mejor de la tradición de unidad que nos enseñaron Pepe Díaz y Pasionaria. *Secretario general del PCE en sustitución de F. Frutos PÚBLICO. 7-11-2009 Editorial. ABC El laberinto del “Alakrana” LA puesta en libertad de los piratas somalíes encarcelados por orden del Juzgado Central de Instrucción se ha convertido en el eje de la polémica sobre la deseada liberación de los tripulantes del buque español «Alakrana». Esta concentración del interés público y de las demandas de los familiares en la situación de los dos piratas es comprensible, pero descarga en la Justicia española una responsabilidad que no es suya o, al menos, suya en exclusiva. Desde este punto de vista, es lógico que en la Audiencia Nacional haya mar de fondo contra la Abogacía del Estado, que en su día avaló -siguiendo instrucciones políticas- el traslado a España de los dos piratas detenidos. Tan razonable como la indignación de las familias con el Gobierno, cuya vicepresidenta primera y responsable del «gabinete de crisis», Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que las críticas que está recibiendo el Ejecutivo son injustas y, a renglón seguido, se marchó en viaje oficial a Argentina en el momento más delicado del conflicto. Si los dos piratas detenidos por la Armada están presos en España no es por razones arbitrarias. La primera reacción del Gobierno español tras el secuestro del «Alakrana» fue dejar claro que este buque estaba fuera del operativo de seguridad europeo «Atalanta», por lo que no podía aplicarse la cesión de jurisdicción a favor de Kenia, que sí se aplicó a los piratas apresados en mayo pasado. Una vez a bordo de un buque de guerra español y con plena publicidad de la detención, la Justicia española reclamó a los detenidos. Desde el momento en que los dos piratas somalíes están imputados ante la Justicia española, sólo se puede aplicar el sistema procesal previsto por las leyes. Ahora bien, la falta de planificación de las consecuencias de estas intervenciones militares en el extranjero tiene estos costes. En primer lugar, porque no es realista tratar a los piratas apresados en el Índico por la Armada como delincuentes comunes. Hay que establecer un marco jurídico, con suficiente rango normativo, que dote al Estado -jueces, fiscales y Gobierno- de los recursos necesarios para responder a las diversas situaciones que genera la lucha contra la piratería, ya sea un secuestro, ya sea la entrega a otro país. En segundo lugar, porque un despliegue militar se justifica en la medida en que se esté dispuesto a usar la fuerza, pero renunciar a ella de antemano priva al Estado de una opción para cualquier negociación. Lo que ahora no puede hacerse es poner en libertad a los piratas encarcelados en España, salvo que el Gobierno esté dispuesto a repetir episodios como el de De Juana Chaos o el de Arnaldo Otegi. Evidentemente, si la Fiscalía renuncia a mantener su acusación, el proceso penal tendría que archivarse. Hay otras posibilidades. Deberían valorar la Audiencia Nacional y la Fiscalía, por ejemplo, si es posible procesar y juzgar rápidamente a los dos piratas -más rápidamente aún si cabe una condena de conformidad-, para proceder luego a su expulsión del país. Se trata de una opción que apura la ley procesal penal, pero ninguno de esos pasos sería, en principio, ilegal. Se ha llegado a un punto en que la situación del «Alakrana» se ha estancado. Con el desembarco de tres de los secuestrados, se ha hecho casi imposible una operación de rescate; y con el encarcelamiento de dos piratas en España, se ha hecho muy difícil la negociación. Probablemente, el Gobierno tiene sobre la mesa el conflicto más grave de su mandato. ABC. 7-11-2009 Editorial. El País Guantánamo europeo Un juez de Milán ha dictado una notable sentencia, en la que condena a 23 agentes de la CIA a penas superiores a los cinco años de cárcel por el secuestro, en 2003, de un imán, Abu Omar, que luego alegó haber sido torturado y fue trasladado a Alemania y después a Egipto. La resolución es la primera respuesta jurídica al caso de los vuelos de la CIA (nada menos que 1.245 entre 2001 y 2005), tenebrosamente organizados por la agencia, en probable connivencia, al menos pasiva, con algunos Gobiernos europeos, y que fue atinadamente denunciada por el Parlamento de Estrasburgo, por desgracia sin consecuencias. La victoria, hace un año, de Barack Obama en las elecciones norteamericanas supuso la ruina política de las tácticas ilegales para combatir a los presuntos terroristas, que se resumen en el síndrome de la cárcel alegal de Guantánamo. Un empeño perjudicial e inútil del ex presidente Bush que tuvo de patéticos corifeos a algunos políticos europeos como Tony Blair o José María Aznar. La sentencia del juez milanés constituye el equivalente judicial de aquel fracaso político. Mayor mérito tiene por cuanto ha sido dictada en Italia, un país en el que el imperio de la ley está sometido a múltiples asechanzas por el poder populista y reaccionario de Silvio Berlusconi. La ejemplaridad de la sentencia estriba en que, aunque alguien lo desease, será a partir de ahora más difícil cometer parecidos atropellos con los derechos humanos. Y adicionalmente, que los delitos revestidos de coartadas seudopolíticas tampoco quedan impunes. La resolución judicial, sin embargo, topa con algunos límites. El primero es que los condenados difícilmente van a cumplir las penas impuestas, puesto que se hallan a buen recaudo. Y ni siquiera la nueva Administración de Obama parece dispuesta a facilitar que se haga justicia. Al menos, a tenor de lo manifestado por el portavoz del Departamento de Estado, quien no tuvo inconveniente en expresar su "desilusión por el veredicto". El segundo límite está en que ni los primeros jefes de la CIA en el país transalpino (en virtud de la inmunidad consular solicitada por Washington), ni sus altos cómplices en los servicios secretos italianos (en virtud de la ley local de secretos oficiales) han sido condenados. Pagan, pues, y aún sólo simbólicamente, los empleados y no sus mandantes. EL PAÍS. 7-11-2009