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Era previsible que la abstención se convirtiera en el partido más votado en las pasadas elecciones europeas. Desde la euforia inicial -en los primeros comicios europeos se registro un 58% de participación, 14 puntos más que este año- el distanciamiento político con Bruselas ha ido in crescendo. Sin embargo, el 7-J asistimos a una concatenación de hechos -alta abstención, descenso de prácticamente todos los «partidos oficiales», avance espectacular de UPyD, una formación que no pertenece a la «partitocracia» dominante- que, de conjunto, constituyen un auténtico voto de censura hacia las castas políticas. Cuyo comportamiento se ha hecho, en plena crisis, y exhibiendo impúdicamente el despilfarro de los recursos públicos, si cabe más odioso para la mayoría de la población.
Voto de censura a las castas olíticas Las castas políticas nacionales se ha refugiado en la “desafección hacia Bruselas” para poner sordina a la sonora pitada recibida en estas elecciones. La abstención ha alcanzado el 54%, pero supera el 60% en diez provincias, y es especialmente alta en dos comunidades, Cataluña, con el 60,20%, y Andalucía, con el 59%. Justo donde las castas locales han multiplicado sus desmanes contra la población. En Andalucía, Chaves –que ahora ha delegado en Griñán- se ha erigido como “el gran cacique”, y dilapida 52 millones de euros en remodelar su palacio presidencial mientras muchos colegios de la región se caen a pedazos. En la Cataluña donde, según denuncian los autores del último Indice Sintético de Desigualdades, “la Generalitat se muestra reacia a afrontar el problema del incremento de las desigualdades sociales”, el tripartito despilfarra el dinero público en abrir surrealistas embajadas catalanas en el extranjero, o en inexistentes informes cuyo pago va a parar a las cuentas de los partidos. Todos los partidos que forman parte del entramado de poder oficial han sufrido el “cabreo” popular en forma de un importante descenso de votos. El PSOE se ha dejado 700.000 votos desde las últimas europeas, y un 5,36% de sus sufragios sólo en el último año. El tripartito catalán ha perdido 308.000 votos. El PNV profundiza su caída recogiendo un 10% menos de votos que en las generales de 2008. Incluso los incrementos PP o CiU –que suben un 2,29% y un 2,47% respecto al pasado año- son absolutamente pírricos, dado el grado de descalabro de sus oponentes. Y, en positivo, el avance espectacular de UPyD –un 147% de votos más que en las generales del 2008- es expresión del mismo hartazgo político. Además de la defensa de la unidad desde la izquierda, UPyD ha cosechado votos por ser una fuerza que no pertenece ni se beneficia de la “partitocracia oficial”, y pregona una regeneración democrática que limitaría el omnímodo poder de las castas políticas. Parásitos burocráticos Durante las últimas décadas se han entrecruzado dos tendencias, a cual más nefasta, que han dado lugar a una casta política extremadamente burocrática, endogámica y poseída de una feroz voracidad para devorar los recursos públicos. En primer lugar, el modelo político ha cimentado su control y estabilidad sobre la entronización de una partitocracia cuya máxima expresión es un férreo bipartidismo. Tanto a nivel nacional como local, se ha generado una casta política endogámica, íntimamente ligada a los nódulos de poder económico, con absoluta impunidad para hacer y deshacer, para manejar sin freno los fondos públicos, sin responder ante nadie. En segundo lugar, los excesos y desmanes del proceso autonómico han generado en todas las comunidades, y no sólo en las nacionalidades históricas, nuevas élites locales donde se han fundido los viejos caciques procedentes del franquismo, los nuevos ricos surgidos del boom inmobiliario, y la clase política autonómica. Hermanando sus intereses en torno a un nuevo maná de beneficios: el presupuesto autonómico. La descentralización de competencias y su consiguiente traspaso de fondos, han dotado a las autonomías de presupuestos cada vez más gigantescos. El control, y el reparto, de esos presupuestos cada vez mayores ha pasado a ser la principal fuente de poder. Dotando a estas nuevas élites locales de un carácter extremadamente burocrático, corrupto y voraz. Su expansión no procede de su dinamismo y competitividad, sino de agigantar el presupuesto público –arrancándoselo al gobierno central y esquilmando a la población- y de acceder a él a través de concesiones, contratas… Esta es la base para que se desarrollen tendencias cada vez más odiosas, sobre todo una vez estallada la crisis. Como el desmesurado gigantismo de los aparatos burocráticos. Desde los primeros años de la democracia, hemos pasado de 600.000 funcionarios a más de tres millones. El número de funcionarios ya supera a la suma de autónomos y pequeños empresarios. Las autonomías han edificado una mastodóntica burocracia, que vive de la duplicidad de funciones con la administración central o municipal, que consume para fines improductivos los recursos nacionales, y que es un privilegiado instrumento de poder en manos de las castas locales. Élites políticas que, imbuidas de una absoluta impunidad, dilapidan a chorros los recursos públicos, en un espectáculo impúdico. Gobiernos étnicos o excluyentes como el de Ibarretxe, felizmente finiquitado, o el tripartito catalán destinan ingentes sumas de dinero público a financiar aventuras disgregadoras, abriendo embajadas en el extranjero o multiplicando las subvenciones. Los gastos suntuarios se multiplican, y en época de crisis se malgastan cientos de millones de reformar despachos o comprar muebles de lujo. Una hemorragia por donde se escapan los recursos públicos que deberían estar destinados a financiar un plan de choque contra la crisis, a generar riqueza y empleo. ¡Reducción drástica de los gastos del Estado, ya! Es imprescindible acometer una reducción en los gastos del Estado, cuanto menos de un 20%, empezando por los gastos superfluos e innecesarios y sin tocar los gastos verdaderamente sociales (pensiones, desempleo, educación, sanidad,…). Y siguiendo por una reducción progresiva del alto número de funcionarios que tiene, de conjunto, la administración pública, y que ocupan ya a 1 de cada 4 personas que componen la población activa española. Esta medida segaría la tierra bajo los pies de las castas políticas burocráticas, que viven del uso y disfrute de los recursos públicos, sustrayendo su uso de allí donde verdaderamente se necesitan. ¿Qué sería de las burguesías burocráticas locales si tuvieran que competir en el mercado, sin los beneficios cautivos que les garantiza el suministro del presupuesto público? Además, se liberarían unos recursos, hasta ahora destinados a engordar impúdicamente a las élites políticas y económicas, que se podrían destinar a la batalla contra la crisis. En concreto, el ahorro generado por esta medida (43.400 millones de euros al año) daría para crear más de un millón de nuevos millones de puestos de trabajo de un valor añadido medio-alto cada año.