Cargando...La juez Alaya acusa a UGT y CCOO de haberse financiado de manera «irregular» durante 10 años en Andalucía con las cuantiosas comisiones que percibieron por un supuesto trabajo de asesoramiento en los ERE, financiados por la Junta con cargo al fondo de reptiles. Así lo razona la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en el auto por el que envió a prisión el martes al dueño de la mediadora Uniter, José González Mata. Éste es uno de los dos bróker que pagaron a federaciones territoriales y empresas controladas por ambas organizaciones.«Los sindicatos, además de las cuotas de los afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular», sostiene.
La instructora del caso ERE tiene a UGT y CCOO bajo su lupa desde julio de 2011, cuando ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigara la «intervención» de los sindicatos en los procesos de negociación colectiva objeto de la instrucción judicial, así como los «beneficios» que pudieran haber obtenido los representantes de estas organizaciones que participaron en las negociaciones. Pero es la primera vez que la juez habla abiertamente en sus autos de «financiación irregular» de los sindicatos mayoritarios. A la luz de los datos bancarios y fiscales, Alaya cifra en 7.648.815,71 euros el montante que las mediadoras –4.291.384,10 euros Vitalia y 3.253.031,61 euros Uniter– pagaron a UGT y CCOO sin que prestaran servicios «que lo justificara». «[Los cobros] no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado», añade. Esta conclusión encuentra sustento en los testimonios de no pocos testigos e imputados. La ex dueña de la mediadora Vitalia María Vaqué, en prisión desde marzo, ya declaró en sede judicial que los sindicatos «les decían que en tal o cual empresa había problemas y no hacían trabajo alguno». «Si un sindicato dice que no se hace [la operación], no se hace; te pueden hacer la puñeta», justificó. Según detalla la juez, CCOO y UGT canalizaron estas comisiones a través de las compañías ASP Asesoramiento Seguros, Temiqui e ITG y de la Federación Agroalimentaria de Cádiz, en el caso de UGT, y de Atlantis Asesores y de la Federación Minerometalúrgica, en el caso de CCOO. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla va más allá y considera que fueron los sindicatos los que «habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima», esos cobros «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial». En este contexto, la magistrada Alaya atribuye a representantes de UGT y CCOO una «actuación decisiva» en el «ilícito uso de fondos públicos» por la «información previa» sobre empresas en crisis que suministraban, y por facilitar el proceso que propiciaría el posterior negocio de las sobrecomisiones. En respuesta a preguntas de la instructora, el broker José González Mata declaró el pasado martes que no era la Junta, sino los sindicatos, «los que decidían» qué mediadora se elegía para intervenir en la formalización de las pólizas de prejubilaciones, pese a que los fondos procedían de la Administración autonómica. González Mata reconoció que él le proporcionaba a los sindicatos «el importe de las comisiones», en las que se incluía el gasto que suponía el funcionamiento de las asociaciones que se constituían para atender a los prejubilados durante la vida del seguro colectivo de rentas. El dueño de Uniter confesó que, excepto una vez en que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá le pidió información sobre Delphi, «no comunicaba» a la Junta el porcentaje de comisión que iba a percibir por su trabajo. A diferencia de lo que sostiene la juez Alaya, González Mata defendió que UGT y CCOO prestaban servicios a las asociaciones de ex trabajadores y que su actuación era determinante: «Sin intervención de los sindicatos, era muy complicado hacer una prejubilación». El empresario describe a los sindicatos como «auditores» que se encargaban de cotejar los cálculos actuariales que su empresa elaboraba –la renta que al ex trabajador le correspondería percibir hasta alcanzar la edad de jubilación–, y recuerda que le acompañaban en las reuniones con los trabajadores que se iban a beneficiar de la póliza. «Que estas asambleas fueran más tranquilas dependía de los sindicatos», observó. González Mata precisó que cada sindicato facturaba a la mediadora el 0,5% del montante del ERE, si bien a raíz del de la industria naval de Cádiz se elevó al 1%. Sólo con Delphi, CCOO y UGT tenían previsto percibir 2,5 millones cada uno. Alaya le imputa nueve delitos al dueño de Uniter y lo considera «uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas públicas» en «connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta de Andalucía».