Selección de prensa nacional

Al borde del colapso

El dato es tan sencillo de comprender como fáciles de imaginar sus demoledoras consecuencias. El Estado gasta actualmente un 43% más de lo que es capaz de ingresar. ¿Se imagina las consecuencias para los suyos y su patrimonio si usted procediera con la economí­a familiar de igual modo?

El reortaje de Carlos Sánchez en El Confidencial pone negro sobre blanco las razones por las que el gobierno aprobó la pasada semana la subido de impuestos de la gasolina y el tabaco y de por qué, pese a los desmentidos de Zapatero, nos aguardan nuevas subidas de impuestos a la vuelta de la esquina. Bajo su dirección, el Estado se ha convertido en una máquina de gastar. Sólo en los 5 primeros meses del año las necesidades de endeudamiento del Estado superan los 50.451 millones de euros, una cifra que multiplica por 67 veces la del año pasado en ese mismo período. Y en tanto que sus compromisos y alianzas con las castas políticas burocrático-administrativas (tanto a nivel nacional, regional como local) hacen imposible poner fin al despilfarro que les es consustancial, el dinero necesario sólo puede venir del bolsillo de la población. Y además, el 80% de este gasto, es decir, 4 de cada 5 euros, se consume en lo que se denomina “gastos corrientes”, de los que la mayor parte se lo llevan los gastos de personal y el pago de la deuda. Es decir, gastos que consumen riqueza sin crear a cambio otra nueva y superior. Incapaz de abordar ninguna reforma mínimamente seria que ponga orden en las cuentas públicas, los crecientes gastos sólo pueden salir de aumentar, por una u otra vía, los impuestos . Mucho más después de lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, que el editorial de El País califica como “sainete” y el de ABC como expresión del “alto grado de esquizofrenia” del gobierno, cuando en el plazo de 6 horas el PSOE llegó a pactar con IU una propuesta de reforma fiscal para hacer pagar más impuestos a las rentas más altas, para retirarla inmediatamente al pactar con CiU su apoyo el techo de gasto presupuestario de las cuentas públicas de 2010. Algo que para El País pone de manifiesto que el partido del Gobierno no sólo “carece de la mayoría necesaria”, sino también de la “determinación y claridad de ideas necesarias para convencer a sus posibles socios”. Reportaje. El Confidencial LA RECESIÓN PONE A LA HACIENDA PÚBLICA AL BORDE DEL COLAPSO Carlos Sánchez Nunca antes la Hacienda Pública había vivido momentos tan difíciles. Ni siquiera durante las recesiones de los 80 y 90. Y es que nunca antes el Estado había gastado un 43% más de lo que es capaz de ingresar, como sucede actualmente. Dicho en términos más precisos, mientras que los recursos del Estado caen a un increíble ritmo del 24,9% -hasta los 45.358 millones de euros-, los empleos -según la terminología contable- crecen un 13%, hasta los 64.901 millones. El resultado no puede ser otro que un déficit creciente que en términos de Contabilidad Nacional representa ya el 1,78% del PIB en los cinco primeros meses del año, según los datos de la Intervención General del Estado. Pero hay que tener en cuenta que en este desequilibrio no se incluyen todavía enormes partidas de gasto que se aprobarán en las próximas semanas: 19.751 millones para el desempleo y para financiar los diferentes compromisos adquiridos por Zapatero en el último Debate sobre el estado de la nación. O los más de 8.000 millones que se destinarán a costear el nuevo modelo de financiación autonómica, como ha adelantado la ministra Salgado. La situación es tan peliaguda que el Gobierno se ha visto obligado a acelerar su programa de endeudamiento público para obtener liquidez. Hasta el punto de que entre enero y mayo de este año las necesidades de endeudamiento del Estado superan ya los 50.451 millones de euros. Una cifra verdaderamente colosal que se sitúa a años luz de los 746 millones registrados en igual periodo del año anterior, lo que da idea de la velocidad de deterioro de las cuentas públicas. De esa cantidad, 9.500 millones se corresponden con la compra de títulos procedentes del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), instrumento por el Gobierno para aumentar la liquidez de bancos y cajas de ahorros. El deterioro de las cuentas públicas se debe a un descenso extraordinariamente elevado de los ingresos (la recaudación por IVA cae un 27,8% y los impuestos sobre la renta y el patrimonio retroceden un 24,4%); pero también por la inelasticidad del gasto público al nuevo contexto macroeconómico. Un ejemplo. El gasto corriente –que no incorpora las inversiones públicas- crece a un ritmo del 6,1%, cuando el PIB en términos nominales está cayendo un 1,7%. Esto pone de manifiesto lo expansiva que está siendo la política presupuestaria…, pero para mantener el gasto corriente. Hay que tener en cuenta que lo determinante desde el punto de vista de las cuentas públicas es el gasto corriente, ya que esta partida representa más del 80% de los empleos no financieros del Estado, por lo que si no se reconduce esta partida difícilmente se podrá reducir el déficit público. Dos de las partidas que están creciendo de una manera más significativa tienen que ver con el gasto en salarios de los empleados públicos y con el servicio de la deuda, que crece sin parar. En el primer caso, el crecimiento de las nóminas es del 4,2% (cuando el IPC se sitúa en un -0,9%), mientras que el pago de los intereses aumenta nada menos que un 15,3%, hasta los 6.574 millones de euros en sólo cinco meses. En este último caso, en parte debido a la subida de los tipos de interés a largo plazo, lo que está encareciendo el coste de la deuda. El gasto en capital -destinado a impulsar la inversión pública- está creciendo, igualmente, mucho más que el Producto Interior Bruto, nada menos que un 75,1%, fundamentalmente por la dotación que tiene el Fondo de Inversión Local, que ya ha consumido 4.147 millones de euros. El ensanchamiento del déficit público no tiene únicamente que ver con la recesión. Como ha puesto de relieve el último informe anual del Banco de España, se explica, fundamentalmente, por tres elementos: el marcado deterioro cíclico de la economía, la incidencia de las medidas de política discrecional aprobadas por el Gobierno y el cambio de tendencia en el pago por intereses de la deuda pública. EL CONFIDENCIAL. 24-6-2009 Editorial. El País RESACA FISCAL La Comisión Europea acaba de ratificar que las autoridades económicas españolas han impulsado el mayor plan de estímulo fiscal de la zona euro y recomienda que, para evitar un deterioro grave de las finanzas públicas, evidente ya en la previsión de déficit para este año de casi el 8% del PIB y de aproximadamente el 10% en 2010, se adopten medidas para frenar el crecimiento del gasto público y reducir el endeudamiento futuro. El análisis más tajante es la crítica abierta de Bruselas a las medidas de recorte fiscal aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en concreto a la reducción de 400 euros en las retenciones de todos los contribuyentes. La Comisión establece una clara diferencia entre los programas de estímulo mediante la inversión pública, que considera beneficiosos, y los recortes fiscales, costosos y poco útiles. El impulso del gasto sin límite para mitigar la recesión se ha detenido y retorna a las instituciones europeas la exigencia de disciplina y estabilidad en las cuentas públicas. La opinión de Bruselas coincide, y no por casualidad, con el viraje fiscal iniciado por el Gobierno a raíz de la subida de los impuestos del tabaco y de los combustibles, a todas luces insuficiente para tapar el boquete que está causando la recesión a través del crecimiento de los gastos sociales. La combinación de políticas de estímulo de la demanda con las rebajas de impuestos o las ayudas directas -2.500 euros por hijo- no ha resultado eficaz. Si bien el plan de inversiones municipalizadas cumple razonablemente su función de crear empleo mientras se recupera la actividad, los recortes de las retenciones y el apoyo a la natalidad no han funcionado como incentivo del consumo. El diagnóstico de Bruselas es acertado. La solución más correcta es eliminar la rebaja de las retenciones. Su eliminación daría un respiro a las cuentas públicas. Es de manual que las rebajas fiscales implantadas con carácter excepcional deben tener una fecha de caducidad; la Comisión la reclama en el caso de España: teme que se prolongue más allá de la crisis como una prebenda más. El Gobierno haría bien en fijar ese límite temporal. La consolidación fiscal que pide la Comisión reclama sobre todo una reducción del gasto público. La opción inmediata es suprimir paulatinamente los gastos excepcionales pensados como terapias de choque, y en especial aquellos que desde el primer momento se sabía que eran un dislate. La opción de subir los impuestos no es descartable; pero el sainete de ayer a tres bandas entre el PSOE, IU y Convergència para gravar las rentas más altas y hacer algo tan simple como que los futbolistas de élite paguen en igual proporción que el resto de los ciudadanos demuestra que el partido del Gobierno carece de la mayoría necesaria, pero también de la determinación y claridad de ideas necesarias para convencer a sus posibles socios. En cuanto a la reforma de las pensiones que sugiere Bruselas, tiene otro marco de debate y otro calendario de aplicación. EL PAÍS. 24-6-2009 Editorial. ABC LA AGENDA OCULTA DEL GOBIERNO EL PSOE demostró ayer en el Congreso de los Diputados cuán alto es su grado de esquizofrenia a la hora de presentar medidas contra la crisis económica y volvió a ofrecer a la opinión pública un ejemplo de la deriva en la que está sumida esta legislatura. Es comprensible que el PSOE quiera tapar lo más posible al jefe del Ejecutivo ante el negro panorama económico, pero hay responsabilidades ineludibles como la de decir la verdad sobre la futura subida de impuestos en lugar de generar incertidumbre. Durante la campaña las elecciones europeas, nada dijo el PSOE acerca de subir los impuestos de los carburantes y el tabaco, pero la medida estaba ya convenientemente preparada en la antesala del Consejo de Ministros. Hace una semana, Zapatero negó la posibilidad de aumentar los impuestos, pero ayer por la mañana el PSOE pactó con IU una moción para instar al Gobierno a incrementar los tributos a las rentas más altas, eliminar algunas desgravaciones, aplicar la progresividad en otras y poner fin a los privilegios fiscales de los deportistas de elite. Se trataba de un impreciso galimatías convenientemente maquillado, y trufado de una demagógica fiscalidad «de izquierdas», con la que el PSOE quería atraerse a IU para que mañana apoye al Gobierno en la decisiva votación que ha de aprobar el techo de gasto presupuestario de las cuentas públicas de 2010. Sin embargo, por la tarde el acuerdo PSOE-IU quedó roto. La coalición no iba a pasar de abstenerse en la votación y el PSOE, quien negociaba a varias bandas, especialmente con CiU, necesita votos a favor. Lo que ayer puso de manifiesto este episodio en el Congreso es el verdadero rostro de la soledad parlamentaria de los socialistas, sus dudas y sus gestos a golpe de oportunismo, sus improvisadas imposturas y su falta de un criterio coherente sobre lo que conviene o no hacer. La incertidumbre es inaceptable en un Gobierno que tiene que dar seguridad y confianza a las empresas y a los ciudadanos para reactivar la actividad productiva. Es evidente que el Gobierno tiene en mente la subida de la presión fiscal y de los impuestos porque el gasto público desborda la capacidad de recaudación. El problema de fondo no es otro que el empecinamiento en financiar una política social demagógica que responde tanto a los prejuicios ideológicos de una izquierda perdedora en Europa como a la propia mediocridad del Gobierno para asumir profundas reformas estructurales. Desde esta perspectiva, la comparecencia forzada de Zapatero, el próximo 20 de julio ante el Congreso, será una buena ocasión para que explique con sinceridad, sin más ocultaciones, cuál es realmente su política económica. Zapatero tiene la obligación de no jugar más al despiste en los despachos del Congreso vendiendo humo al mejor postor, y ha de confrontar su discurso con los mensajes críticos que está recibiendo de organismos como el Banco Central Europeo o el Banco de España, que están urgiendo a una reforma del mercado laboral. Pero Zapatero sigue optando por la ironía. Responder a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a Jean Claude Trichet con el tópico de que «una cosa es gobernar y otra opinar» es menospreciar otra vez la solvencia que cabe suponer a estas autoridades económicas y la coincidencia de sus criterios con los de otros expertos. Y con ironías, bandazos y golpes de efecto difícilmente saldrá España pronto de esta crisis. ABC. 24-6-2009

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