Cargando...Por 85 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, el Parlamento catalán aprobó ayer la declaración por la que acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el derecho a decidir el futuro político de Cataluña, partiendo de la afirmación unilateral de que el pueblo catalán es un “sujeto político y jurídico soberano”. La declaración quedó despojada de los contenidos que prefiguraban el derecho a decidir como el derecho a la independencia y de las referencias iniciales a la construcción de un Estado propio. Pero la retórica, la escenografía y las intenciones iniciales de sus promotores, explicitadas en los primeros borradores, se orientaban a dar a la votación de ayer la solemnidad de un acto histórico de ruptura. Aunque el texto proclama que el derecho a decidir se basará en la legitimidad democrática, la decisión del Parlamento no puede interpretarse al margen de las posiciones que sostienen a diario sus dos principales avaladores, CiU y ERC: cuando proclaman el derecho a decidir quieren decir derecho a decidir unilateralmente y, si es necesario, al margen o en contra de la legalidad.
La declaración de soberanía no tiene ningún efecto jurídico ni consecuencias concretas en términos de relaciones institucionales, pero sí consecuencias políticas negativas, tanto para Cataluña como para España: prefigura un escenario de confrontación que distrae fuerzas y energías de lo que debería ser la prioridad política, que es salir de la recesión. Pero la crisis es aprovechada por CiU como una cortina de humo para tapar sus carencias al frente del Gobierno y poder culpar a España de todo lo malo que ocurre en Cataluña. Y también se usa por el bloque soberanista como una ventana de oportunidad para avanzar hacia la independencia. De ahí la irresponsable precipitación con la que actúa.
A pesar de todo, si lo que pretendían los promotores de la declaración era acumular fuerzas, el resultado es más bien pobre. En realidad solo han logrado la suma de ICV. Sin el PSC, el resultado de la negociación es un fracaso. La negativa de los socialistas a secundar la maniobra ha dejado a CiU mucho más atada a ERC, que es quien lleva la batuta y quien en todo caso recogerá los beneficios. De momento, lo que han logrado es que afloren unas fracturas que, en la medida que pretendan concretar su aventura en algo más que una mera declaración de intenciones, tenderán a agrandarse. Fractura en la propia coalición de CiU, por más que el pragmatismo les haga mantener las apariencias de unidad, y fractura interna también en el partido socialista, cinco de cuyos diputados evitaron votar en contra de la declaración, todo en beneficio de ERC.
El envite soberanista coloca al PSC en la incómoda situación de verse alineado con dos partidos, PP y Ciutadans, que defienden posiciones distintas, por ejemplo en materia lingüística. Pero el hecho de que hayan dado la espalda a la estrategia de CiU los dos partidos que corresponden a las dos grandes formaciones de Gobierno, PP y PSOE, también sitúa a la coalición nacionalista en el frentismo y la debilita como interlocutor. Si no ha sido capaz de sumar en Cataluña, menos lo será cuando tenga que negociar sus pretensiones con las fuerzas que representan al resto de España.
El proceso abierto tiene dos salidas: negociar o emprender la vía del enfrentamiento y de los hechos consumados. Seguir por la segunda sería inaceptable. Ante la tentación de una vía unilateral, hay que recordar que el principio democrático que se invoca para reclamar el derecho a decidir comienza por el respeto al principio de legalidad. En una democracia, nada debe ser negado a priori; tampoco la posibilidad de una consulta al pueblo catalán sobre la relación con España, previamente pactada y siempre dentro de la legalidad, lo cual va en la dirección opuesta a lo ocurrido ayer.