Los hechos existen. Y se conocieron por una conversación grabada por la policía a uno de los miembros de ETA responsables de la red de extorsión etarra. En ella le contaba a su cuñado que un hombre tras identificarse como policía le pasó su teléfono y que habló con otro hombre, que se identificó también como policía, que le avisó de que estaba siendo seguido policialmente. Como el chivatazo se ha convertido en hecho público, se trata de dar el cerrojazo para que las aguas turbias no salgan de las cloacas estatales. Que los hechos innegables no tengan culpables reconocibles.
El chivatazo se llevó a cabo en leno proceso de negociación política entre el Gobierno Zapatero y ETA. Como resultado fracasó una operación policial contra la financiación etarra mediante la extorsión y el chantaje, en colaboración con la policía francesa porque se iba a desarrollar en su territorio. En un momento de máxima connivencia política entre el Gobierno Zapatero, el PNV y ETA, este chivatazo ‘divino’, y otras decisiones más, suministraron oxígeno político y económico a una ETA en claro proceso de debilitamiento. Por ello, porque el fondo de la verdad es demasiado turbio, la investigación no ha llegado ni seguramente llegue a sacar a la luz esos “bucles” que se generan en el seno de los servicios policiales para llevar a cabo aquellas operaciones que “nadie” debe conocer. En esta ocasión el juego era entre policías. Unos investigaban a Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán, en Irún (Guipúzcoa), y uno de los intermediarios de la extorsión de ETA. Otros le avisaban de que era investigado. Unos iban a detenerle in fraganti en Francia con el dinero en el maletín. Otros le avisaban de la operación policial preparada para detenerle a él y a otros miembros de la red de extorsión de ETA si cruzaba la frontera francesa, tal y como tenía previsto. Pero, ¡claro! son policías y fiscales. Saben de coartadas y contra-coartadas. De móviles y de contra-móviles. Saben de causas y de teléfonos. De imputados y de no imputados. Pero todo esto es a ras de suelo. El problema está en que se trata de que la investigación llegue a un punto muerto y que el proceso judicial se paralice. Porque el fondo de la verdad está en las cloacas estatales. El problema está en saber, más allá de lo evidente, a quiénes servían políticamente los autores del chivatazo, de qué objetivos políticos formaba parte y cómo contribuía policialmente a ellos.