Cargando...Estos días se ha presentado un estudio encargado por las agencias de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Desarrollo (UNDP), y realizado por el Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo (IIED), en el que recalca que la última tendencia entre corporaciones, fondos de inversión y multinacionales de países importadores de comida, son las adquisiciones de fincas agrarias en países pobres, ha ido en aumento durante los cinco últimos años, puntualizando que las adquisiciones por lo general en África se realizan mediante contratos de alquiler de medio siglo o un siglo por los que apenas se paga nada. Lo que supone enfrentar a los más pobres al posible desalojo de sus tierras o al acceso a las mismas y a sus recursos, como el agua.
El estudio destaca “la necesidad rimera de que los gobiernos africanos aseguren los títulos de propiedad de la población local, para protegerla, evitar que sea desposeída arbitrariamente y, asimismo, posibilitar que obtenga mayores beneficios de los hipotéticos inversores.”Uno de los motivos principales de estas operaciones son la preocupación por la seguridad alimentaria y energética, reforzada por las oportunidades de “negocio” que ofrece una crisis que están arrastrando a los países “pobres” a un abismo, que entre los recursos naturales ya expoliados por el imperialismo sólo les queda la tierra, y las están vendiendo por nada.En el cinismo habitual para justificar sus expolios, alegan en este caso que “las expropiaciones de tierras a gran escala afectan solamente a un pequeño porcentaje de las tierras cultivables de cualquier país”, mientras que la adquisiciones en gran escala de las tierras de cultivo en África, América Latina, Asia central y el sudeste de Asia han hecho titulares en los medios de comunicación una serie de informes en todo el mundo, por lo que el informe realizado por IIED exige en un principio una mejora de los datos sobre la “disponibilidad de tierras”, sobre la base de una definición clara de "disponible" dentro de un contexto de múltiples reivindicaciones y propósitos del uso de la tierra, y realizarse con la participación de los entes locales los usuarios de la tierra y otras partes interesadas.“Garantizar la información está a disposición de la comunidad en forma comprensible, incluyendo las propuestas de proyectos, explicación de las opciones, los impactos y alternativas, registro de cualquier acuerdo y promesas de uno y otro lado.”“Asegurarse de que los diversos intereses locales estén debidamente representados, al pasar más allá de las élites locales y haciendo un esfuerzo especial para incluir a grupos que puedan quedar al margen, como las mujeres, los grupos étnicos minoritarios y las personas no residentes como pastores trashumantes.”“Cristalización de cualquier acuerdo con la comunidad inversionista y emergentes de fácil consulta y seguimiento en términos legalmente exigibles.”“Proporcionar mecanismos eficaces para la población local para expresar sus inquietudes y buscar reparación, en particular cuando el acceso a los tribunales formales es limitado (por ejemplo, mecanismos de reclamación)”“Compromiso con planes claros para el diálogo y volver a examinar la revisión de los progresos en consulta con la comunidad.”