Cargando...«Empeñarse en hacerlo, tras el atentado ayer, sólo es una forma de engañar a la opinión pública. El atentado terrorista fue perpetrado por un conductor local al servicio de un oficial de la Policía afgana acreditado para acceder a la base. Fue un atentado premeditado porque el asesino llevaba varios meses infiltrado en la base sin levantar sospechas y porque, después de ser abatido por miembros del propio Ejército de ese país, decenas de civiles afganos se enfrentaron a ellos, como una segunda parte de la jornada criminal que habían preparado los talibanes»
Estas muertes testimonian que en la guerra —sí, guerra— de Afganistán no hay frentes definidos y que todas las troas de la fuerza aliada están en misión de combate. La extrema gravedad de la situación queda reflejada en esta novedosa hostilidad contra nuestras tropas, en una zona donde se decía oficialmente que su trabajo de reconstrucción y aseguramiento contaba con el respaldo de la población. Pese a la evidencia de la situación crítica que se vive en Afganistán, el Gobierno no asume su responsabilidad de informar a la opinión pública con sinceridad y transparencia sobre la gravedad de todo lo ocurrido. (ABC) LA RAZÓN.- Nada más producirse el tiroteo que acabó con la vida de los dos guardias civiles, varios centenares de ciudadanos de Qala-i-Now comenzaron a agolparse en las puertas de la base exigiendo la entrega del cuerpo del chófer abatido. La tensión fue creciendo al mismo ritmo que el número de ciudadanos que se reunía frente al acuartelamiento. Así, tras la negativa a entregar el cuerpo, la turba comenzó a lanzar piedras contra la base. Según fuentes militares, además de objetos, los afganos lanzaron dos granadas al interior de las instalaciones que no causaron daños personales, mientras buena parte de los congregados trataba de entrar por la fuerza en el cuartel. Al mismo tiempo, en las inmediaciones de la base varios insurgentes preparaban cócteles molotov y prendían fuego a partes del perímetro exterior. EL PAÍS.- A los ciudadanos nos falta un elemento de juicio esencial para poder debatir razonablemente sobre la relación entre impuestos y servicios públicos, un elemento que se nos oculta con alevosía y premeditación por nuestros gobernantes de toda laya, sean los estatales, los autonómicos o los locales. Hablo de los datos económicos sobre la eficiencia del gasto público en la prestación de los diversos servicios, es decir, de los datos que nos muestren cuánto invierten nuestras Administraciones Públicas para lograr unos determinados servicios, cuál es el coste comparativo de un mismo servicio tal como una operación cardiaca concreta prestado en España o en Suecia, o en Bilbao y Sevilla. Porque hablar solo del volumen del gasto público, sin contar con los datos mínimos acerca de la eficiencia de ese gasto, es un diálogo de tontos. Editorial. ABC Una guerra sin estrategia EL asesinato de dos guardias civiles y un traductor iraní nacionalizado español demuestra que en Afganistán no es posible diferenciar la intervención militar de la misión humanitaria, y que empeñarse en hacerlo, tras el atentado ayer en la base de Qala-i-Naw, sólo es una forma de engañar a la opinión pública. El atentado terrorista, ya asumido por los autores, fue perpetrado por un conductor local al servicio de un oficial de la Policía afgana acreditado para acceder a la base. Fue, en palabras del ministro del Interior, «un atentado premeditado». En efecto, lo fue porque el asesino llevaba varios meses infiltrado en la base sin levantar sospechas y porque, después de ser abatido por miembros del propio Ejército de ese país, decenas de civiles afganos se enfrentaron a ellos, como una segunda parte de la jornada criminal que habían preparado los talibanes. Estas muertes testimonian que en la guerra —sí, guerra— de Afganistán no hay frentes definidos y que todas las tropas de la fuerza aliada están en misión de combate. La extrema gravedad de la situación queda reflejada en esta novedosa hostilidad contra nuestras tropas, en una zona donde se decía oficialmente que su trabajo de reconstrucción y aseguramiento contaba con el respaldo de la población. Pese a la evidencia de la situación crítica que se vive en Afganistán, el Gobierno no asume su responsabilidad de informar a la opinión pública con sinceridad y transparencia sobre la gravedad de todo lo ocurrido. En vez de este ejercicio de rigor democrático, que descarga en Rodríguez Zapatero, y sólo en él, el compromiso de dar cuenta a la sociedad en sede parlamentaria, el Gobierno se ha instalado además en una estrategia de subversión de sus ministros, entregando al de Fomento mensajes más propios de uno de Hacienda; y al Interior, credenciales que correspondían al de Exteriores (Melilla) o Defensa. Es comprensible en cualquier ciudadano la tendencia a huir de las malas noticias, pero no en el presidente del Gobierno. Además de información, para Afganistán hace falta una estrategia, que es lo que prometió el presidente Obama para ganar las elecciones, hace ahora un año y nueve meses, y que tanto entusiasmó a Zapatero, dispuesto a preguntarse en público qué podía hacer él por Obama y no al revés. Pues bien, en Afganistán no se sabe cuál es la estrategia que se está aplicando y esta incógnita es la primera que hay que despejar no sólo para recabar apoyo político y social, sino para seguir allí. Porque lo que hace falta es una planificación auténticamente militar, y no más discursos ocurrentes sobre el carácter seráfico de nuestra presencia en un tierra hostil, donde el enemigo es implacable y ataca alevosamente. ABC. 26-8-2010 Afganistán. La Razón Estado de sitio tras el asesinato de dos guardias civiles en Afganistán D. Manzón El asesino era chófer del jefe de la Policía y trabajaba en la base española. En el ataque murió también un intérprete. Acto seguido, una turba trató de asaltar el cuartel. El martes, el Ministerio de Defensa mostraba con orgullo cómo veinticinco talibán entregaban sus armas en la base de Qala-i-Now, un gesto que invitaba al optimismo en una misión muy necesitada del mismo. Pero ayer un congénere de esos mismos talibán echó por tierra las visiones más halagüeñas matando a dos guardias civiles y a un intérprete en el interior de una de las bases españolas en la misma ciudad del oeste afgano. El capitán José María Galera Córdoba y el alférez Leoncio Bravo Picayo, junto al intérprete de origen iraní y nacionalidad española Ataollah Taefik Alili, se encontraban dando una clase a un grupo de futuros policías en la antigua base de Qala-i-Now, en el centro de la ciudad, cuando el insurgente abrió fuego y los mató en el acto. Inmediatamente, otros miembros del contingente abatieron a tiros al talibán. El asesino de los dos guardias civiles era, según confirmaron fuentes militares, el chófer del capitán Bashir, jefe de la Policía en Qala-i-Now y que tenía sus oficinas en la misma base donde los guardias civiles impartían la instrucción a los afganos. El chófer, que también era policía, entraba y salía del recinto con total naturalidad desde hace cinco meses como conductor acreditado. Ayer, entró a primera hora de la mañana para dejar a Bashir, limpió el coche tranquilamente, se subió en él y se lanzó hacia la zona donde estaban el capitán Galera y el alférez Bravo. En el trayecto perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. Acto seguido salió del coche con un kalashnikov y abrió fuego contra los dos agentes, de 33 años y que iban a ser relevados el próximo 22 de septiembre. El ataque estaba planeado de antemano, tal y como aseguraba ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se hizo cargo de la gestión de los hechos pese a que, al estar destacados en una misión en el exterior, los guardias civiles dependen del Mando de Operaciones. Un ataque «premeditado», dijo Rubalcaba, que además provocó el primer altercado con la población local desde que las tropas llegaron a la localidad en 2005. Nada más producirse el tiroteo que acabó con la vida de los dos guardias civiles, varios centenares de ciudadanos de Qala-i-Now comenzaron a agolparse en las puertas de la base exigiendo la entrega del cuerpo del chófer abatido. La tensión fue creciendo al mismo ritmo que el número de ciudadanos que se reunía frente al acuartelamiento. Así, tras la negativa a entregar el cuerpo, la turba comenzó a lanzar piedras contra la base. Según fuentes militares, además de objetos, los afganos lanzaron dos granadas al interior de las instalaciones que no causaron daños personales, mientras buena parte de los congregados trataba de entrar por la fuerza en el cuartel. Al mismo tiempo, en las inmediaciones de la base varios insurgentes preparaban cócteles molotov y prendían fuego a partes del perímetro exterior. En ese instante, los guardias civiles, varios militares y policías afganos realizaron disparos al aire para dispersar a la multitud y retomar el control de la calle, una de las más importantes de la localidad. Aunque fuentes locales aseguran que se produjeron dieciocho heridos durante el intento de asalto, los militares no tienen constancia alguna de ese extremo, pues no abrieron fuego contra la multitud. Vista la tensión en la ciudad, el gobernador decidió declarar el estado de sitio. Como consecuencia, la Policía afgana acordonó los alrededores de la base, situada en el centro de la ciudad, y los mandos militares españoles decidieron reforzar la presencia de efectivos en las instalaciones, en previsión de posibles nuevos altercados. En el momento del ataque a los guardias civiles, en el interior del acuartelamiento había unos cuarenta efectivos españoles. Fuentes militares expresaron su preocupación no sólo por el hecho de que el ataque se haya producido por primera vez desde el interior de una base, sino por la reacción de parte de la población local contra el contingente. Ambos hechos se vinculan dentro de una misma estrategia «organizada y premeditada», conclusión a la que llegaron ayer Chacón y Rubalcaba tras reunirse en el Ministerio de Defensa. La base en la que ocurrieron los hechos ayer fue la sede del Equipo de Reconstrucción Provincial hasta que se construyó la nueva base a las afueras de la ciudad. El traslado se produjo, entre otras cosas, por las pocas garantías de seguridad que ofrecían las viejas instalaciones, al estar en medio de la ciudad y ser un fácil objetivo para los insurgentes, que podían atacar y huir con suma facilidad de la zona. Además, el incremento del contingente español obligaba a una mudanza, pues en el que estaban ya no cabían más hombres. Antes del traslado a la nueva base, el Mando de Operaciones decidió reforzar los tejados del cuartel original tras sufrir varios ataques con granadas que impactaron en el interior sin producir daños personales. La preocupación ahora es que no se repita la rebelión de los ciudadanos. LA RAZÓN. 25-8-2010 Opinión. El País Debates imposibles José María Ruiz Soroa Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate público sobre la fiscalidad en España con unos gobernantes socialistas que en menos de dos años han pasado de decir que se podía devolver a los ciudadanos parte de sus impuestos, porque sobraba recaudación, a afirmar ahora que los ciudadanos pagan pocos impuestos para financiar los servicios públicos. Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate sobre la cuestión con unos gobernantes que utilizan como argumento el dato bruto de la presión fiscal comparada entre países distintos, cuando cualquiera sabe hoy que la única comparación válida entre países es la del índice de esfuerzo fiscal de la población, ese que tiene en cuenta la distinta capacidad para pagar impuestos en función de la renta disponible. Pues bien, aun suponiendo lo anterior, resultaría que a los ciudadanos nos falta un elemento de juicio esencial para poder debatir razonablemente sobre la relación entre impuestos y servicios públicos, un elemento que se nos oculta con alevosía y premeditación por nuestros gobernantes de toda laya, sean los estatales, los autonómicos o los locales. Hablo de los datos económicos sobre la eficiencia del gasto público en la prestación de los diversos servicios, es decir, de los datos que nos muestren cuánto invierten nuestras Administraciones Públicas para lograr unos determinados servicios, cuál es el coste comparativo de un mismo servicio tal como una operación cardiaca concreta prestado en España o en Suecia, o en Bilbao y Sevilla. Porque hablar solo del volumen del gasto público, sin contar con los datos mínimos acerca de la eficiencia de ese gasto, es un diálogo de tontos. En uno de los pocos sectores en que existe una comparativa internacional continuada en el tiempo acerca de resultados del gasto público a nivel internacional, como es el sector de la enseñanza no universitaria, los sucesivos Informes PISA han puesto de manifiesto que no existe relación ninguna entre volumen total del gasto público por alumno y la competencia cognitiva o aprovechamiento obtenido por éstos (Julio Carabaña). Que hay países, como Dinamarca y Noruega, que obtienen peores resultados que otros que invierten mucho menos que ellos, como la República Checa. Que hay Comunidades Autónomas que invierten 8.858 euros anuales por alumno (País Vasco) y obtienen peores resultados que otras que invierten 5.791 (La Rioja). Que la enseñanza concertada obtiene los mismos resultados educativos que la pública con un coste inferior en más de un 40%. Vamos, que la calidad de los servicios públicos no depende en exclusiva del volumen global de la financiación a ellos destinada, sino también depende mucho de la eficiencia de la organización y gestión del servicio. Y sobre este punto carecemos de datos: con lo que llegamos a la escasamente democrática situación de que a los ciudadanos se nos piden los impuestos, pero no se nos facilitan a cambio los índices de eficiencia comparativa de los Gobiernos en la gestión de esos impuestos. Se nos trata en esta cuestión (mejor dicho, nos dejamos tratar) como súbditos y no como ciudadanos. En una reciente obra sobre la financiación de las autonomías, el hacendista Carlos Monasterio ha puesto de manifiesto la perversión a que ha conducido la falta de información contrastada y fiable sobre el grado de eficiencia en la gestión de los servicios públicos por los Gobiernos autonómicos, que son los que prestan la mayor parte de ellos (sanidad y educación, por ejemplo). Los ciudadanos carecemos de la información mínima para juzgar la gestión de nuestros respectivos Gobiernos, no sabemos si lo hacen peor o mejor, no podemos someterles a un verdadero juicio político en su gestión. Esa famosa democratic accountability que los políticos no se quitan de la boca en sus discursos, la hacen en realidad imposible en su práctica cotidiana. Es más, nuestros gobernantes autonómicos han conseguido algo verdaderamente pasmoso: no solo que no podamos juzgar su gestión y corregirla en su caso en las urnas, sino que han logrado que el debate público se desplace siempre a la presunta cicatería de la Administración Central en la financiación. El mensaje que propalan y que ha calado en un público indefenso es el de que cualquier deficiencia de gestión se debe a una insuficiente provisión de financiación procedente del Estado, nunca a su gestión mejor o peor del dinero a su disposición. Con lo que el juego político permanente que presenciamos es el de la permanente renegociación de la distribución de recursos entre Estado y Comunidades, como si esa fuera la cuestión relevante y no la gestión que realmente se hace de los recursos disponibles. Para poder establecer un debate público serio e informado sobre impuestos y servicios públicos es preciso que los gobernantes nos muestren la parte de la cuestión que sistemáticamente nos ocultan: la de sus índices de gestión y resultados. Sin ellos lo que tenemos no es debate, sino palabrería barata. EL PAÍS. 26-8-2010