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El manejo del ADN, 60 años después de su descripción y casi 20 después de la secuenciación del genoma humano, sigue abriendo permanentemente posibilidades de liberar o esclavizar.
En el caso de los niños robados en España durante el régimen franquista el goteo de va en aumento. El caso podría afectar a más de 300.000 personas. Las asociaciones de afectados por el caso de los niños robados celebraron en octubre del año pasado la creación de una base de datos de perfiles de ADN de las personas que buscan a sus hijos o sus padres con la sospecha de que fueron sustraídos en el momento del parto. El PP vetó en la Comisión de Justicia del Senado una moción que pedía al Gobierno que ayudase a financiar las pruebas de ADN a los afectados, dando cuenta de su voluntad y de las dimensiones del delito. Se trataba de ayuda de 45 millones de euros para que las familias afectadas pudieran costearse una prueba que cuesta entre 130 y 450 euros. El sistema de identificación de ADN mediante las pruebas de ADN es el método más seguro y certero para determinar si dos personas tienen o no relación biológica. En este caso supone una herramienta al servicio aplicar justicia popular. Las víctimas se someten a la prueba mitocondrial de ADN o pruebas maternas de ADN, prueba de hermandad de ADN o pruebas de parentesco entre otras, ante la sospecha que puedan o no ser parientes. La exactitud es del 100% en caso de exclusión o del 99.9% si tuvieran relación biológica.
Mientras tanto, en EEUU el uso de ADN en causas judiciales ha abierto un nuevo frente de controversia. Antes de junio, los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrán que dictaminar sobre si es legal obtener ADN de un detenido por delitos menores. Un hombre condenado a cadena perpetua en 2009 por la violación y asesinato de una mujer ha tenido que ser puesto en libertad por haberse vulnerado su derecho constitucional protegido por la cuarta enmienda –la que protege de registros arbitrarios y garantiza el derecho a una orden judicial-.«La batalla por impedir la impunidad y arbitrariedad del estado norteamericano no es baladí»
Las leyes de todos los Estados de EEUU exigen que se tomen muestran de ADN de las personas condenadas por crímenes violentos. Pero solo 26 y el Gobierno federal permiten hacerlo en casos menores. Desde el año 2000, los 50 Estados y el Distrito de Columbia requieren recolección de ADN de todos los criminales convictos. El número actual de perfiles en CODIS es de unos diez millones, con más de un millón de perfiles de personas que han sido detenidas pero no condenadas.
El dilema se plantea en los siguientes términos. ¿Puede la policía coger una muestra de ADN de la boca de un detenido que todavía no ha sido juzgado? ¿Son esas pruebas una invasión de la intimidad? En definitiva, ¿son constitucionales las leyes estatales que permiten obtener muestras genéticas de los detenidos?
Alonzo Jay King fue detenido en 2009 por cargos de asalto en un condado de Maryland. La policía tomó muestras de ADN acogiéndose a una ley estatal que permite tomar muestras de ADN a los arrestados por delitos violentos e introdujeron la prueba en CODIS, una base de datos informática de perfiles de ADN. Su ADN coincidía con el encontrado en 2003 en una mujer de 53 años que había sido violada y asesinada y cuyo caso no llegó a resolverse hasta el momento en el mismo estado de Maryland.
King nunca fue condenado por el cargo de asalto por el que había sido detenido inicialmente pero sí fue condenado a cadena perpetua por la violación y el asesinato del que su muestra de ADN decía que era culpable. Inmediatamente, sus abogados y las asociaciones de derechos civiles se opusieron porque la prueba fue obtenida sin orden judicial ni sospecha fundada que lo justificase.
La batalla de estos grupos por impedir la impunidad y arbitrariedad del estado norteamericano no es baladí.. Piden que haya una “sospecha individual” de que una determinada persona sea sospechosa de haber cometido un crimen en particular. Además, ante el argumento de que el ADN es la huella dactilar del siglo XXI, puntualizan que el objetivo de las huellas es lograr identificar a alguien que ha sido detenido. En opinión de estos colectivos, Maryland usa el ADN para investigar en lugar de identificar.
El Tribunal de Apelaciones de Maryland fue quien dio la razón a King y anuló su condena. El Estado entonces pidió la intervención del Supremo de EE UU, cuyo presidente le dio inicialmente la razón cuando permitió en julio pasado que el estado siguiera tomando muestras puesto que “la recolección de ADN de individuos detenidos por delitos violentos supone una herramienta muy valiosa para investigar crímenes sin resolver y por tanto ayudan a apartar a los violentos de la población general”.
Si el Tribunal Supremo fallase a favor de King, el millón de perfiles de ADN de sospechosos que a día de hoy están almacenados en CODIS deberían ser destruidos y ciertos convictos tendría que ser puestos en libertad.
Liberar o esclavizar
La posibilidad de descifrar el código genético de las personas fue apuntalada con el Proyecto Genoma Humano. Ya entonces, Edmundo Pellegrino, director del Centro de Estudios Avanzados sobre Etica en la Universidad de Georgetown, Washington, señaló que, “como la energía atómica, la genética puede liberar o esclavizar. Por eso el Proyecto Genoma Humano se cierne sobre la Humanidad como un arma de doble filo». En otras palabras, en tanto y cuanto la ciencia no está desligada de las manos que la manejan, su uso lleva el sello de clase correspondiente.«La ciencia no está desligada de las manos que la manejan, su uso conlleva un sello de clase»
Es evidente que los aspectos éticos del Proyecto Genoma Humano son objeto de continuas controversias en el mundo. En Estados Unidos se ha dedicado entre el 3 y el 5% de los recursos financieros de este programa al estudio de los problemas, tanto éticos como jurídicos y sociales, que plantean los datos producidos por la investigación genética moderna y el diagnóstico y tratamiento de los trastornos genéticos. Problemas éticos como el consentimiento informado para realización de pruebas genéticas o la confidencialidad del potencial genético con respecto al empleo y los seguros.
El hecho de que compañías de seguros médicos y de vida deseen conocer las características genómicas de sus pacientes para conformar su perfil de riesgo y de muerte, constituye un procedimiento discriminatorio, pues muchas personas se verían limitadas de suscribir un seguro. Por otra parte, el uso de la información genética limitaría la posibilidad de obtener un empleo y también el acceso a la Educación Superior. La utilización de esta información con esos fines constituye una violación del principio de privacidad y confidencialidad del patrimonio genético.
La utilidad del manejo del ADN para fabricar mejores alimentos contrasta con la capacidad de los grandes monopolios agroalimentarios de hegemonizar la producción alimenticia mundial en beneficio propio, dejando morir de hambre a una parte de la población. Su utilidad para desentrañar crímenes contrasta con el uso de grandes aseguradoras y estados para tener un control más exhaustivo de la población. Y su capacidad para predecir y prevenir enfermedades contrasta con que grandes empresas biotecnológicas patentan material genético de países del Tercer Mundo para apropiarse de los beneficios de su aplicación.