¿Acaso no tienen razón?

Estas últimas semanas tres sectores económicos -transportistas, agricultores y pescadores- han sufrido de forma muy directa, hasta el asfixiante punto de tener que elegir entre parar o trabajar a pérdidas, el alza del precio de los combustibles. Estos sectores se han movilizado ante una situación insostenible.

Ahora el gobierno anuncia un plan de choque anticrisis -con ayudas directas y subsidios, con subvenciones al carburante para vehículos industriales y automovilistas, y cheques a empresas de sectores perjudicados por la inflación- que puede contribuir a aliviar una ruinosa situación. Pero durante días las demandas de estos sectores han sido ladeadas con el argumento de que «detrás estaba la extrema derecha».

Con independencia de la tendencia política o de los intereses espurios de algunas de las organizaciones convocantes de las protestas, las principales exigencias y reclamaciones de estos tres sectores son absolutamente justas y totalmente imprescindibles. ¿Qué piden?

.

Transportistas.

«¿Cómo se puede trabajar pagando más por el gasoil de lo que ganas por el porte?»

Los transportistas han sido los primeros en movilizarse por toda España. Denuncian que el 90% de las empresas medianas y pequeñas del sector sufren una situación de «quiebra total», al igual que unas condiciones laborales muy precarias.

El acuerdo al que ha llegado el Gobierno con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) -pero que no ha aceptado la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, convocante de los primeros paros, y cuyos líderes están vinculados a la extrema derecha- estipula que los transportistas recibirán una rebaja de 20 céntimos de euro por cada litro o kilo de combustible (normalmente, gasóleo). De ellos, 15 céntimos saldrán del presupuesto público y los otros 5 céntimos tendrán que rebajarlos las petroleras. Se calcula que, de conjunto, esto supondrá un ahorro conjunto para el sector de 600 millones de euros.

A esto se suman otros 450 millones de ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y pasajeros, que dependen del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia.

¿Qué exigen los transportistas?

– Control sobre los precios de los carburantes. La subvención al precio del carburante que ofrece el gobierno, con ser positiva, no se corresponde con el «tope» que exigen.

– Una ley que les proteja de «trabajar a pérdidas». La prohibición de la contratación de servicios de transporte de mercancía por debajo de los costes de explotación. – El pago de sus servicios en 30 días como mucho.

– Prohibir la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos. Esta reclamación ya viene recogida en un Real Decreto de hace unos meses.

– El límite de un contratista en la intermediación del contrato de transporte.

.

Agricultores

«A veces sale más rentable dejarlo en el campo que recogerlo»

Los tractores han acabado uniéndose a las protestas de los camioneros. Sus reivindicaciones coinciden en muchos puntos, como en el del alza de unos combustibles que disparan los costes de las maquinarias agrícolas. Pero su malestar es más profundo y estructural.

No sólo soportan el precio de un gasoil que se ha vuelto inasumible, sino el de unos productos fitosanitarios -también controlados por grandes monopolios- que no paran de subir. Su producción agrícola o ganadera está en manos de grandes cadenas de comercialización que les imponen a menudo vender por debajo del coste de producción

La Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021, prohíbe la «venta a pérdidas», es decir,  prohíbe a las grandes cadenas imponer a agricultores y ganaderos precios de venta por debajo de los costes de producción. Tipifica nuevas prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, o la modificación unilateral de los términos de un contrato. Pero esta ley, con ser un avance, no protege de todos los abusos monopolistas que sufren los productores agrarios.

.

Pescadores

«El año pasado costaba 2.000 euros llenar el tanque del barco. Ahora cuesta 10.000»

No pocas cofradías han decidido apoyar las reivindicaciones de los transportistas. Entre el 1 de enero y el 9 de marzo, el encarecimiento del gasóleo -el combustible que suelen usar los barcos de pesca- ha sido del 107%. En el caso de un buque de arrastre litoral su consumo anual puede rondar entre los 500.000 y los 600.000 litros por año.

«El precio del combustible se lleva el 100% de las ganancias», dice la Federación de Pescadores de Málaga. «No es normal que hace un año y poco teníamos el gasoil a unos 20 céntimos y hoy lo tenemos a 1,15, son cinco veces más de lo que costaba», denuncia Manolo Haro, su vicepresidente. «Los gastos por combustible ya suponen el 90 o el 100% de las ganancias, y eso si tienes capturas».

Coincidiendo con los paros del transporte, el 50% de la flota de bajura andaluza no salió a faenar, lo mismo que toda la flota de Tarragona, así como algunos barcos del Golfo de Cádiz, del Cantábrico Noroeste y de Gran Sol. «Si los pescadores ven que no se toma en serio el problema del precio del gasóleo, parará toda la flota de bajura y parte de la de altura», ha explicado Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca).