Detrás del gran crimen de Guatemala

A un mes del asesinato que convulsiono Guatemala

Transcurrido un mes de la llamada «crisis de mayo», desencadenada por un dramático video en el que el abogado Rodrigo Rosenberg dice impasible ante la cámara: «Si ustedes están viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Alvaro Colom», los aires de conspiración han quedado en suspenso mientras se esperan los primeros resultados de la investigación que corre a cargo de una instancia de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Están tras los hilos de esta funesta camaña, que cuenta con el apoyo de los principales medios de comunicación en manos de estos sectores oligárquicos, hay que buscarlos detrás del Partido Patriota (PP); de militares retirados organizados en AVEMILGUA, vinculados al proyecto de reforma constitucional Pro Reforma, quienes a toda costa quieren evitar que las investigaciones en los archivos de la Policí­a Nacional y del Ejército los involucren en violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil; de sectores de la burguesí­a que con el gobierno de Colom se han visto marginados de los negocios que se manejan desde el Estado y otros que se oponen recalcitrantemente al establecimiento de nuevos impuestos (el CACIF, organización de la cúpula empresarial, que anunció su participación en la marcha derechista del 17).Todos estos actores movilizan a sectores de la sociedad urbana, generalmente empresarios, comerciantes altos funcionarios, profesionales liberales, estudiantes de universidades privadas ligadas a la iglesia, de una ascendencia no mestiza ni indí­gena, que están sufriendo también esta ola de violencia. La consigna de la derecha es culpar de la violencia que vive el paí­s ligada a las Maras y al narcotráfico, al gobierno de Colom intentado establecer ví­nculos del gobierno con la corrupción ligada a los negocios ilí­citos.Bajo la aparente normalidad, sin embargo, queda expuesto lo que el sociólogo Gustavo Porras califica de «irreparable daño a la democracia» de este paí­s, que hace 12 años (diciembre de 1996) suscribió el fin de su conflicto armado. En la medida en que se revelan detalles de la reciente convulsión polí­tica se advierten indicios de cómo, nuevamente, entraron en acción estructuras paramilitares, herederas de una rancia casta militar que durante 36 años manejó los hilos de la guerra y que hoy en dí­a han traspasado su poder de acción al terreno del crimen organizado. «Fuerzas ocultas» las llama la Oficina de Washington para América latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Se relacionan con crí­menes emblemáticos como los asesinatos de Mirna Mack (1990), monseñor Juan Gerardi (1998) y cuatro diputados salvadoreños del Parlacen (2007).En un paí­s en el que el propio Ejecutivo admite el colapso de su sistema de Justicia, el video que dio la vuelta al mundo y los tres asesinatos relacionados -el empresario Khalil Musa, su hija Marjorie y el abogado Rodrigo Rosenberg- dejaron al descubierto la irreconciliable división entre las dos Guatemalas.Por un lado, la Guatemala de los no indí­genas, la clase dominante y los clasemedieros de la ciudad capital, que por unos dí­as vivieron la ilusión de que podrí­an bajar del poder a Alvaro Colom. El presidente les incomoda por populista, porque ellos no lo eligieron, porque insiste en romper reglas de oro de la clase empresarial (querer cobrarles impuestos, por ejemplo) y porque deja que su mujer, Sandra Torres, construya su propio liderazgo montada en los proyectos sociales de su administración.En el interior del paí­s, sin embargo, la lectura fue otra. La población más ligada a la raí­z indí­gena, distante de la influencia de las poderosas cúpulas empresariales y beneficiada por los programas sociales de la señora Colom, simplemente entendió que «los de la capital» pretendí­an quebrar Banrural, el único banco en el que los sectores productivos ajenos a las cúpulas empresariales han logrado tener un asiento en la junta directiva. «Salió a la superficie lo más profundo de nuestro racismo, las taras de nuestra sociedad», asegura Claudia Samayoa, investigadora de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos.Esta es una cronologí­a elemental. En su toma de posesión como presidente constitucional, el 14 de enero de 2008, Colom juró ante el anciano sacerdote maya Wakatel Utiw fungir como el gobernante de los pueblos y no ser «el mandadero de los empresarios», como habí­an sido la mayorí­a de sus antecesores. Desde tiempos de Jacobo Arbenz, derrocado por un golpe militar alentado por la CIA en 1954, no habí­a llegado al poder alguien que no representara a la derecha y a los ricos. Para los académicos, sin embargo, comparar a Colom con Arbenz es un exceso.Electo con el respaldo mayoritario en los departamentos del interior y perdedor en la capital, Colom ha intentado reformar el sistema fiscal, sin conseguir doblegar la resistencia de las fuerzas conservadoras. Guatemala es uno de los paí­ses donde los más adinerados pagan menos impuestos, con una recaudación fiscal equivalente a ocho por ciento del PIB.Con estos antecedentes, el secretario particular de Colom, Gustavo Alejos, invitó a principios de año a Khalil Musa, industrial textil y dirigente del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrí­colas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) a ocupar un asiento en Banrural, el banco mixto que ha permitido el ingreso de cooperativistas a su directorio y ha desplazado a decenas de banqueros a posiciones de segundo nivel, y a Anacafé, la cúpula otrora exclusiva de los cafetaleros.Después del doble homicidio, fue convencido por dos personajes clave en esta trama, Luis Mendizábal y el periodista Mario David Garcí­a, de que también su vida corrí­a peligro y que debí­a dejar testimonio de ello. Estos dos últimos personajes son claves en la vinculación del triple crimen con los grupos militares. Las marchas y manifestaciones de protesta se iniciaron el mismo martes 12 de mayo y escalaron durante toda la semana.La exigencia de renuncia de Colom tomó fuerza hasta que enroques y arreglos en las cúpulas cambiaron la demanda. El Cacif se puso al frente de la agitación social, pero ya no con la bandera de la renuncia presidencial sino con el reclamo de justicia. Después entró en acción la diplomacia. El embajador estadounidense en Guatemala, Stephen McFarland, fue el primero en dar su espaldarazo a Colom. Le siguió la OEA. El intento de derribar a Colom, si lo hubo, fue neutralizado.El movimiento que se ha generado entorno ha este caso, ha seguido las pautas, de otros movimientos generados desde la oposición en otros paí­ses como Venezuela y Bolivia. Los implicados en la grabación y la difusión del video son los mismos que en los años ochenta instigaron una insurrección militar contra el presidente Vinicio Cerezo.De repente con bastante financiación y difusión en la prensa controlada por la oposición, se construye un movimiento de denuncia y movilización, curiosamente los que se manifiestan son los sectores empresariales convocando a las calles a estudiantes de universidades privadas. Hasta se descuelga la noticia que las movilizaciones han tenido respuesta masiva en una convocatoria de blogs de Internet. En un paí­s con niveles de pobreza tan acuciantes, no es difí­cil comprender quien tiene acceso a Internet. Lo que no han podido borrar es la contestación de apoyo popular de las clases más desfavorecidas que por fin tienen un gobierno que se preocupa por sus necesidades.

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