¿A qué suenan los tambores electorales?

El nuevo curso político, iniciado en septiembre, ha comenzado con ruido. No solo el de la “crispación”. También se escucha el sonido de “tambores electorales”. La lógica debería fortalecer la tendencia a la estabilidad, que favorecería la gestión de los fondos europeos. Pero, sin embargo, resuena cada vez con más fuerza la posibilidad de elecciones anticipadas en varias comunidades, desde Andalucía y Castilla y León a Valencia.

¿Por qué están sonando los “tambores electorales” precisamente ahora? ¿Quién está interesado en una cascada de elecciones anticipadas? ¿Qué consecuencias políticas podrían tener?

Los próximos dos años van a ser decisivos. En ellos va a dilucidarse la distribución de los 140.000 millones de fondos europeos que España recibirá… y que vendrán acompañados de una “condicionalidad” traducida en “ reformas”, es decir recortes en pensiones y salarios o subidas de impuestos, cuyo plazo de ejecución finaliza en 2023.

Estas son las coordenadas que determinan la política española. Y que influyen también decisivamente en la activación del “runrún” electoral.

El PP, el inevitable buque de proa de un “gobierno de los recortes sin complejos”, está interesado en medir fuerzas en las urnas en aquellas comunidades donde aparentemente tiene viento a favor. Busca salir fortalecido, y al mismo tiempo debilitar al gobierno de coalición de izquierdas.

Los dos factores de debilidad

Hay un hilo en común en todas las comunidades donde existe la posibilidad de anticipo electoral, expresado en dos factores: la crisis de Podemos en territorios claves y el hundimiento de Ciudadanos.

En Valencia la disputa interna en el seno de Podem se ha abierto en canal. Su máximo representante en el gobierno autonómico, Rubén Martínez Dalmau, dimitió aireando sus discrepancias con la dirección de Podem. E inmediatamente siete miembros de su Consejo Ciudadano presentaron su dimisión, acusando a la coordinadora autonómica de “no permitir el debate” e “incumplir los acuerdos”.

La posibilidad de anticipar elecciones autonómicas abriría un nuevo ciclo electoral que desembocaría en la gran batalla, las próximas generales

Podemos obtuvo 213.000 votos en las últimas autonómicas, casi el 8% de los sufragios. Hoy, su crisis interna amenaza con dejarlo por debajo del 5%, el umbral que es necesario superar para entrar en el reparto de escaños. Con Podem fuera del parlamento valenciano, PSOE y Compromís tendrían muy difícil reeditar el “gobierno del Botànic”.

Andalucía es también una herida abierta para Podemos. La ruptura con Anticapitalitas, formación a la que pertenece Teresa Rodríguez, que encabezó las listas de Podemos en las pasadas autonómicas, ha derivado en conflicto abierto. Y la marejada afecta ya a las mismas filas de Podemos Andalucía, que en pleno mes de agosto contempló como en 24 horas dimitían tres miembros de su dirección. Lo que antes era Podemos se presentará en las próximas autonómicas andaluzas dividido en tres papeletas: Podemos Andalucía, Adelante Andalucía y Más País. Lo que en términos electorales supondría la pérdida de siete escaños en el parlamento andaluz. Y una debacle de Podemos impediría poder formar junto al PSOE una mayoría de gobierno.

A nadie se le escapa que nuevos fracasos en elecciones autonómicas, como ocurrió en Madrid, debilitarían la situación del gobierno de coalición encabezado por Sánchez, y del que también forma parte Podemos.

Al otro lado del tablero, el hundimiento de Ciudadanos altera la correlación de fuerzas. Puede quedar fuera del parlamento autonómico en Valencia, y sufrir una espectacular caída en Andalucía y Castilla y León, comunidades donde gobierna junto al PP.

Con unas elecciones anticipadas, el PP podría “comerse” buena parte del voto de Ciudadanos en ambas comunidades, reforzando su posición en el gobierno. Pero la repetición de la apuesta ganada en Madrid representa también riesgos para el PP. Ante la caída de Ciudadanos, podría depender en exceso del apoyo de VOX, algo difícilmente aceptable para la sociedad española.

Con la vista puesta en 2023

Caso de producirse, estas elecciones autonómicas abrirían un nuevo ciclo electoral que desembocaría en la gran batalla, las próximas generales, que teóricamente deberían celebrarse en 2023.

El PP, el inevitable buque de proa de un “gobierno de los recortes sin complejos”, está interesado en medir fuerzas en las urnas en aquellas comunidades donde aparentemente tiene viento a favor, como Andalucía.

El PP ya ha abierto la campaña. La inició en la portada del Financial Times. La biblia del gran capital norteamericano le dedicó a Pablo Casado una extensa entrevista, en la que anticipaba que formaría “un gobierno de salvación nacional como el de Italia”  -recordemos, presidido por un banquero-, y “derogaría todas las leyes sociales” aprobadas por el actual gobierno.

Se daba el espaldarazo a un “gobierno de los recortes sin complejos”, que algunos medios conservadores españoles alientan presentando encuestas donde la suma de PP y Vox está cerca de la mayoría absoluta.

Un gobierno sin influencia alguna de la mayoría contra los recortes, que no volviera a subir el salario mínimo, ni presentara propuestas para reducir, aún limitadamente, los beneficios de las eléctricas.

Esta batalla explica también el abierto desafío a la dirección nacional presentado por Isabel Díaz Ayuso, para adelantar el congreso del PP en Madrid y concentrar todo el poder en una comunidad clave. Se fortalecerían así los sectores del PP más proclives al entendimiento con VOX.

Un mapa político donde vuelven a enfrentarse quienes impulsan un “gobierno de los recortes sin complejos”, y una mayoría que se enfrenta al saqueo.

Todas las fuerzas políticas tienen ya la vista puesta en las generales. El PSOE busca apurar la legislatura, e intenta retomar la iniciativa política anunciando medidas sociales, desde una subida del salario mínimo pactada con los sindicatos con la patronal en contra, o un plan para detener la escalada del precio de la luz que ha sublevado a las eléctricas. Mientras Yolanda Díaz busca recomponer las alianzas de Podemos, anunciando una “confluencia con otras fuerzas y con la sociedad civil”, o viajando a Valencia para alabar a Compromís.

Pero lo que de verdad va a decidir el mapa político son “las cosas de comer”. Si el gobierno de coalición no consigue detener el “atraco eléctrico”, rebajando el precio de la luz, difícilmente podrá retener el suficiente apoyo de la mayoría progresista. Y será decisiva la forma en que se cierre la reforma laboral o la reforma de las pensiones exigidas por Bruselas, que ha aplazado a 2022 los aspectos más duros, los que implican más recortes.

Estas son las coordenadas de un mapa político convulso, en el que vuelven a enfrentarse dos fuerzas: las que buscan impulsar un “gobierno de los recortes sin complejos”, y una mayoría que se enfrenta a los recortes y el saqueo.