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Si ayer descubrimos las estratagemas ideadas por el gobierno vasco para que el entramado de empresas públicas y semipúblicas y sus gestores, escapen al control, se evadan de la fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas y eviten las auditorías; hoy nos detenemos a ver cómo funciona la contratación de los trabajadores en el sector público.
La búsqueda de la oacidad a través de diferentes mecanismos, vuelve a ser la norma en la Comunidad Autónoma Vasca. I.- Trabajadores de la empresa pública. En total el número de trabajadores en las sociedades participadas por el gobierno vasco (aquellas en las que el Gobierno tiene menos de un 50%) es de 7.783, a los que hay que añadir 2.916 trabajadores de las empresas públicas en las que el gobierno tiene más del 50%. Esto da en total una plantilla de 10.699 trabajadores dependiente de la Administración pero que quedan fuera del Estatuto de la Función Pública y por tanto al margen de las exigencias de mérito y capacidad requeridas a los funcionarios. Pero además, si buena parte de las empresas y sociedades financiadas por el erario vasco no son calificadas como públicas, merced a la “ingeniería financiera” de la que hablábamos ayer, la contratación de las 3.271 personas que trabajan en ellas, están a merced del exclusivo criterio de los gestores, que cuentan con plena libertad para la contratación de personal, bienes y servicios o fondos. El PSE ha llegado a calificar esta situación como una “vía de privilegio, cuyos trabajadores tienen todas las ventajas de los funcionarios, pero son reclutados por compañías de selección, con criterios alejados de los que marca la Constitución: “igualdad, mérito y capacidad”. II.- Trabajadores de la Administración. Pero esto es sólo una pequeña parte de los que trabajan en el sector público. La administración autonómica tiene 45.000 empleados fijos entre funcionarios, personal estatutario y laborales. Recientemente se llamaba la atención de que más de un 52% de ellos –si se excluye a la Ertzaina- supera la edad de 50 años y se jubilarán en plazo de 15 años. ¿Y por qué es relevante este dato? Porque pone de manifiesto el perverso procedimiento mediante el cual la contratación de personal en la administración vasca también, como en la empresa pública, vuelve a quedar a merced del cargo de turno escapando a cualquier tipo de control. En 20 años, sólo han sido convocadas dos Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para funcionarios en la administración vasca. Veamos lo que sucede en Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. Allí el 60% de los 16.167 asalariados con contrato indefinido ha cumplido ya medio siglo. Excluyendo a la Ertzaina –en la que sí ha habido concursos regulares- sólo 48 personas fijas de la Administración vasca, un 0,1% tienen menos de 30 años. Por tener un punto de comparación, el personal de los ministerios del Ejecutivo central, que están en constante reducción por las transferencias y, por tanto, con mayores problemas para la renovación, tiene un número de jóvenes treinta veces superior proporcionalmente: 7.000 menores de 30 años de un total 233.000, un 3%. Pero caso aparte es el de los trabajadores temporales, 25.451, según la vicelehendakari. De ellos, un total de 12.698 –casi todos de sanidad o educación- ocupan una plaza vacante de forma eventual. Pero el dato revelador es que algunos llevan ¡30 años! ocupando provisionalmente su puesto –la normativa establece un máximo de dos- y la inmensa mayoría lleva más de seis años. La ausencia de una oferta regular de empleo público infla la necesidad de contratos interinos para puestos vacantes y de nueva creación, que pueden ser y son elegidos “a dedo”, según el criterio de los jefes de una administración estática desde hace 30 años. Fórmulas de contratación que la UGT califica de “cuasi-fraudulentas” que han llevado el “clientelismo y la politización al empleo público”. También el PSE ha exigido la reforma de la Ley de la Función Pública vasca y su diputada Joana Madrigal censura la convocatoria de empleo público de 1990-91, que tuvo por objeto, a su juicio, “blanquear todos los desmanes” cometidos en ese terreno desde la Transición. III. Altos Cargos. La Administración vasca es una “estructura sobredimensionada y excesivamente burocratizada”. Esta es una opinión tan generalizada que en 1994, el parlamento aprobó la necesidad de tomar medidas para lo que se calificaba de “aplanamiento”, pero más de 13 años después no sólo no se ha tomado ninguna, sino que la estructura sigue y sigue engordando con un número creciente de altos cargos y asimilados que tienen los departamentos y sociedades públicas paralelas que existen el entramado institucional y que se traduce en al aumento de gasto público en representación y viajes. Datos que vuelven a resultar opacos y de los que sólo sale una pequeña parte a la luz por las preguntas de la oposición o trabajos de investigación en la Universidad, uno de ellos, el de Adela Mesa, publicado por el CIS en 2000, aporta el dato de que el número de viceconsejeros y directores en el Ejecutivo autonómico no paró de crecer entre 1980 y 1988, pasando de 62 a 164. El pico en los 90 se alcanzó en 1992, con 174 cargos. Los datos que se disponen del periodo más reciente, corresponden a las dos últimas legislaturas, 1999-2001 y 2001-2004, en este periodo, el crecimiento de los altos cargos -sin contar consejeros- presenta una subida del 10,4%, con diez directores y cinco viceconsejeros más que en 1999-2001. En total, el Gobierno vasco tenía 252 altos cargos y otro tipo de personal de confianza, frente a los 234 de la legislatura anterior. La entrada de Ezker Batua y la remodelación de las distintas áreas fueron las dos explicaciones básicas de esos aumentos. IV.- El Régimen paga los servicios. Estos días otro escándalo ha salido a la luz. Según informó el diario “El Correo”, el Gobierno vasco reabrió, dos días antes de las elecciones autonómicas, un polémico concurso público destinado a “recolocar” a altos cargos del Ejecutivo de Ibarretxe como funcionarios al más alto nivel. La orden, dada por la número dos del gobierno, Idoia Zenarruzabeitia, pretende culminar los nombramientos antes de la investidura del próximo lehendakari. Se trata de un proceso que lleva en los juzgados desde noviembre de 2007 por los recursos presentados por UGT y LAB. Los sindicatos recurrían varios apartados, en especial el que concedía a una entrevista personal con los aspirantes el 25% de la puntuación final. El resto de la valoración se sumaba a partir de una prueba escrita y de los méritos acreditados. Como denuncia UGT, detrás de esta maniobra está el intento de “recolocar” en el máximo nivel de la Administración a viceconsejeros, directores, asesores y cargos públicos de PNV y EA antes de que la llegada de un nuevo Gobierno socialista suponga el relevo de cargos de confianza, porque aunque varios de ellos son funcionarios de carrera y no se quedarían sin trabajo, conseguirían auparse varios peldaños en el escalafón. En la relación de aspirantes figuran políticos reconocidos, todos del PNV y EA, como una exconsejera de Educación de EA, una ex parlamentaria del PNV, viceconsejeros, ex concejales, candidatos, asesores o directores de departamento; varios de ellos en funciones hasta que se conforme el próximo Ejecutivo.Lo que se pone de manifiesto, tras una primera y todavía superficial recopilación de datos es que el monopolio de poder del que ha disfrutado el PNV durante 30 años le ha permitido escurrir cualquier control y construir un gigantesco entramado de redes clientelares. Una política de estómagos agradecidos al servicio del “mirar hacia otro lado” mientras el Régimen etnicista aplicaba su política de exclusión-Los próximos días continuaremos en otros ámbitos: telefonía, productoras audiovisuales, contratas de obras públicas y subvenciones de todo tipo de actividades. En estos la cantidad de millones en juego multiplica aún más su repercusión.