La suavidad de algunas resoluciones judiciales contra los corrutos son absolutamente indignantes. Máxime si la comparamos con la severidad con que actúa la justicia cuando es un trabajador el afectado.Pero la resolución adptada por el Tribunal Supremo respecto al ex juez de Marbella, Francisco Javier de Urquía, supera todos los límites.Está probado que, a principios de 2006, Urquía, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, solicitó 73.800 euros al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad Juan Antonio Roca, que se los entregó, para que pudiera abonar la entrada de una vivienda en la urbanización marbellí de La Azalea.Roca era el cerebro de la trama de corrupción con eje en Marbella, y que se extendía por buena parte de la costa andaluza. Y el juez Urquía estaba directamente en nómina de la trama. Concejalía de urbanismo y juzgados formaban un tándem corrupto que desplumaba las arcas municipales.Ante tales hechos, era de suponer que todo el peso de la ley cayera sobre el juez. Pues resulta que el Tribunal Supremo a absuelto a Urquía del delito de prevaricación, considerando -en un auténtico insulto a la inteligencia- que el dinero recibido de Roca no era para que dictara resoluciones que favorecieran a la trama corrupta.Tan sólo ha imputado al ex juez por un delito de cohecho, pero aplicándole un tipo penal menos grave, que no sólo libra a Urquía de ingresar en prisión, sino que incluso le permite reincorporarse al juzgado. Además, la multa impuesta al ex juez de Marbella se ha rebajado hasta los 36.900 euros, la mitad del dinero que Roca le entregó.