Cargando...En el 2014 finaliza la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los contratos de alquiler de locales comerciales firmados antes de 1985 dejan de ser operativos.
A la congelación de las líneas de crédito, roblemas en el cobro de facturas de clientes y de abastecimiento de proveedores… se une ahora el fin de los alquileres baratos, en algunos casos supone una subida del precio del alquiler del local de hasta cuatro veces el actual. Muchos negocios no podrán resistirlo. La Generalitat prevé que cierren 5500 comercios en Cataluña sólo por este motivo, para ellos promete asesoramiento jurídico pero ninguna ayuda financiera.Es obligatorio elaborar nuevos contratos que implican una subida del precio del alquiler de entre 3 y 4 veces el actual. Hasta ahora estos comercios conservaban el alquiler inicial revalorizándose año a año según la subida del IPC. En Cataluña el comercio minorista tiene una importancia significativa, representa el 11,5% de la economía catalana y da trabajo a 340.000 personas. El 55,4% de los comercios catalanes operan en régimen de alquiler, y el 20% de estos se verán directamente afectados por el fin de la moratoria. En estos momentos de crisis, esta medida para muchos comerciantes supone la puntilla que remata sus negocios.Fiel a su filosofía, el gobierno catalán promete asesoramiento jurídico, pero ningún tipo de ayuda o subvención. Anima a los comerciantes a que renegocien sus contratos y para ello enviará folletos informativos y realizará reuniones con juristas y economistas en las cámaras de comercio, asociaciones de comerciantes y centros locales de apoyo a las PYMEs, pero con ello no va a evitar el cierre masivo de comercios. La Generalitat que no tiene ningún problema en inyectar dinero a las Cajas de Ahorro catalanas no piensa destinar recursos para abordar esta situación. Las escasas ayudas a los comerciantes van destinadas a la adquisición de activos fijos, es decir, propiedades, los alquileres son considerados un gasto, no un activo y por tanto no son objeto de ayuda. Aunque este gasto comprometa la viabilidad del negocio y 5500 comercios cierren ni el gobierno de Cataluña ni el de el Estado piensan hacer nada.