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El nuevo decreto de educación universitaria ha vuelto a poner en pie de guerra a todo el sector. Obedece a un plan perfectamente pensado y ejecutado para jibarizar, degradar y traspasar la universidad española. Por tanto, si no ponemos remedio no será el último. Pero la particularidad de este decreto es que fija para Septiembre de 2015 su aplicación. Pretender empezar a aplicarlo nada menos que antes de las Elecciones Generales tiene claramente un objetivo.
En medio de un “oasis” donde el gobierno presenta nuevas ayudas a los parados e informes del FMI que afirman el crecimiento económico del país, con la prima de riesgo por los suelos, Rajoy-Wert dan un auténtico golpe en la mesa en cuanto a su determinación a llevar adelante las reformas exigidas por Bruselas y el FMI. A eso se refiere con que instaurar la posibilidad de rebajar las carreras a tres años y poner másters de dos años contribuye a la internacionalización de la Universidad española.Primero porque asegura una aportación de casi dos mil millones de euros a los recortes de los recursos públicos dedicados a estudios universitarios. Una contribución cualitativa a la reducción del déficit. Segundo porque, efectivamente, hace la Universidad más digerible para ponerla al servicio de los proyectos de otras instancias internacionales que deciden las líneas a seguir.En ese sentido la medida camina en un sentido de degradar, no de aumentar, la consistencia de la formación.La Universidad española está llamada a integrarse como subsidiaria de los grandes centros universitarios y de las grandes multinacionales extranjeras, europeas y norteamericanas. Por tanto, a proporcionar mano de obra mínimamente cualificada, técnica y barata. Los mejores tendrán que ir fuera a buscar la máxima calidad.Actualmente, las carreras o grados duran cuatro años, y los másteres posteriores uno. El nuevo proyecto, contra el que hay quejas de casi toda la comunidad universitaria, supone abrir la posibilidad de que los campus establezcan de forma voluntaria carreras de tres años y másteres de dos.Hace poco el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Carrillo se literalmente escandalizó de que un ministro de Educación “le diga a las familias que van a ahorrar porque sus hijos van a estudiar menos” gracias al Decreto aprobado el pasado 30 de enero por el que se permitirá crear grados de tres años. “También ahorrarían si dejaran de comer”, ironizó el rector.Tiene razón en que la medida lo que busca es “ahorrar”; esa particular forma de ahorro que supone el trasvase de riqueza a las arcas de bancos y monopolios a costa de degradar las condiciones de vida populares. “Eso lo deja ver el ministro cuando dice que va a ahorrar 150 millones a las familias. Eso quiere decir que el Estado se va a ahorrar la parte que aporta, que son 850 millones de euros y 1.000 millones de euros adicionales de recorte en las universidades”.Según esta nueva reforma los estudiantes de grados de tres años “tendrían que pagar 3.900 euros en Madrid” si quieren estudiar un año más. “Es una barbaridad”. Se refiere a los precios en la Complutense, el campus presencial más grande del país. Los precios públicos de las carreras varían de una comunidad a otra desde que el Gobierno aprobó un decreto que permitía fijar tasas entre un 15% y un 25% del precio final. Un año de grado en la UCM cuesta 1.980 euros —a 33 euros por los 60 créditos que se suelen cursar—, y el máster 3.900 euros (a 65 euros por 60 créditos).Por tanto, la medida no permite ahorrar sino ahonda en la selección de los alumnos de familias que van a poder pagar ese dinero, con su consiguiente endeudamiento, y la exclusión de los que no. Un paso más en la elitización universitaria y la jibarización progresiva de la educación presencial. Menos alumnos en las aulas, menos profesores.Profundizar BoloniaUna de las críticas principales que se le hace al decreto es que no evalúa el impacto del Plan Bolonia implantado hace cuatro años antes de implementar la modificación del 3+2. Cierto es.«La Universidad española está llamada a integrarse como subsidiaria de los grandes centros universitarios y de las grandes multinacionales extranjeras» Sin embargo, en lo sustancial no contradice el Plan Bolonia, puesto que lo principal no es la duración de las carreras y la introducción de los másteres sino la penetración de los grandes capitales monopolistas en la Universidad.Tal como explicaba un portavoz de la Asamblea contra la privatización universitaria de la Universidad de Zaragoza (UZ), “su objetivo: reformar la educación superior en base a parámetros establecidos por la OMC y el BM que promueven la conversión de derechos tan fundamentales como la educación o la sanidad en servicios a privatizar. Las declaraciones de Bolonia, Bergen o Londres, aún sin tener carácter vinculante dada la ausencia de competencias de la UE en educación, instan a los Estados a desarrollar estos principios con total capacidad de maniobra. El diseño estratégico del plan incluye, entre otros, los siguientes aspectos:«Son tijeretazos que elitizan la Universidad» El recorte presupuestario al sistema público para disminuir sus medios y así justificar la “mayor eficacia” de la gestión privada. Esta dirección, ya tomada en Italia, ha provocado nefastas consecuencias para las universidades. La penetración del capital privado en la investigación a través de los criterios establecidos por la ANECA, que condicionan la financiación pública de la docencia y la investigación a la previa obtención de financiación privada. La identificación perniciosa entre intereses empresariales y sociales, como demuestran los ejemplos del Consejo Social de la UZ, presidido por un ex directivo de Opel y del CS de la Uned, presidido por César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica SA. Otro ejemplo son las 24 cátedras de empresa ya existentes en la UZ, cuyo objetivo es el de “desarrollar líneas de investigación de interés común”. Deberíamos preguntarnos acerca del interés que Novartis, Mariano López Navarro, Banco Santander o Telefónica pueden tener en común con una institución pública cuyos intereses no deberían regirse por criterios de rentabilidad económica. La adopción de una metodología, un discurso y unas prácticas que constituyen la introducción de formas empresariales en el ámbito educativo.Como ejemplo, las reiteradas alusiones a la flexibilidad, la formación en base a competencias o la competitividad entre universidades como principio rector del Espacio Europeo de Educación Superior. Por todo ello, desde ACPU, defendemos que esta supuesta reforma metodológica es, en realidad, una reforma económico-política, que convierte a la universidad pública en una institución regida por criterios mercantilistas, que fabrica recursos humanos para las empresas y que modifica su función social sometiéndose al interés del capital privado. Ante esto, no nos queda otra opción que alzar nuestra voz para visibilizar un conflicto que incumbe a toda la sociedad”.La comunidad educativa, la Marea Verde, Recortes Cero, el conjunto de organizaciones sociales, sindicales y políticas contrarias a los recortes, las organizaciones estudiantiles, profesionales y asociaciones de padres deben dar de nuevo una respuesta contundente a este retroceso en la formación de nuestros hijos, a este tijeretazo a la capacidad de nuestro país de formar los cuadros que precisa para iniciar un camino de redistribución y creación de riqueza y autonomía política y científico-tecnológica.