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Los mandos de la Guardia Civil fueron advertidos desde septiembre de que el radar de Haría, tenía una «zona ciega». Esta «zona ciega» era utilizada por las pateras y cayucos para alcanzar la isla de Lanzarote.
Cinco meses desués de la entrega del informe, 25 inmigrantes, 15 de ellos menores de edad, murieron en ese lugar al estrellarse contra las rocas a sólo 20 metros de la costa. Es un crimen. No se trata de una tragedia ante la que no se podía hacer nada. Las rutas cada vez más largas, difíciles y peligrosas que toman las pateras (hace unos años eran escasos 14 km de Tánger a Tarifa, hoy las rutas son diez veces más largas) se deben a los intensos sistemas de vigilancia europeos. Pero si, además, los radares situados cerca a la Costa no funcionan, como en el caso de Lanzarote, era sólo cuestión de tiempo para que alguna patera volcara. Los 25 inmigrantes murieron porque al llegar a la Costa -después de una larga y peligrosa ruta- no tenían fuerzas para luchar contra la feroz corriente, y el radar que debía advertir su presencia –justamente previniendo las condiciones en que arriban a la Costa- no funcionaba. ¿Quién va a pagar por este crimen?