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Una tras otra, hasta sumar diecisiete, todas a la papelera. Todas las causas judiciales que tenía abiertas Lula da Silva han acabado en fracaso, con la absolución o sobreseimiento del expresidente brasileño. Ahora que se cumplen cinco años del ‘impeachment’ golpista que desalojó a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, y que estuvo acompañado de una «cacería anticorrupción» contra el PT y su máxima figura, Lula, ha quedado demostrado ante la Historia que no fue otra cosa que una enorme farsa político-judicial, que formó parte a su vez de las tramas de intervención de Washington para reconducir al gigante carioca.
Tarde o temprano la verdad ha salido a la luz, pero el daño ya está hecho y la farsa cumplió su propósito. La persecución judicial contra Lula lo metió durante 580 días en prisión, e impidió a la máxima figura de la izquierda brasileña -con su enorme tirón electoral- participar en las elecciones de 2018, ganadas finalmente por el ultraderechista Jair Bolsonaro.
La última de la larga lista de causas abiertas contra Lula en quedar en humo ha sido la conocida como el ‘Sítio de Atibaia’. La Corte Federal de Brasilia anuló el pasado 21 de agosto la denuncia contra el expresidente de Brasil, sumando así 17 procesos diferentes de los que ha sido absuelto en su totalidad.
El más célebre de todos los casos de ‘lawfare’ -la «guerra jurídica», el uso fraudulento y prevaricador de los mecanismos judiciales con fines políticos- contra Lula es el llamado ‘caso Lava Jato’, justamente el que encarceló al expresidente.
Esta sarta de causas fraudulentas y maniobras de «guerra judicial» contra Lula tuvo su punto álgido en el impeachment golpista que en 2016 sacó al PT del gobierno
El instructor, el juez Sergio Moro -martillo inquisidor de Lula, luego ministro de Justicia de Bolsonaro, y durante mucho tiempo elogiado por los grandes medios brasileños como un «ejemplo en la limpieza anticorrupción»- quedó desacreditado para siempre tras varios reportajes del prestigioso periodista Glenn Greenwald -Premio Pulitzer 2014 por hacer públicas las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de la NSA norteamericana- que revelaban con todo detalle los cientos de conversaciones, mensajes y llamadas que mantuvo Moro con el fiscal Dallagnol para coordinar su estrategia contra Lula, algo prohibido por la Constitución y el Código Penal brasileño.
«Moro recomendó al fiscal que cambiara el orden de unas etapas de la investigación, dio consejos estratégicos y pistas informales de investigación y sugirió recursos al Ministerio Público como si él fuera un superior jerárquico de los fiscales y de la Policía Federal”, reveló Greenwald. Ante la avalancha de pruebas, el Tribunal Supremo de Brasil tuvo que pronunciarse, sentenciando que el proceso, sentencia y prisión contra Lula nunca deberían haberse producido, y absolviéndolo por completo.
Esta sarta de procesos fraudulentos se orquestó entre 2013 y 2014 como parte de una trama más amplia, destinada a sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno. Esta operación -donde hay no pocas pruebas de la participación de importantes nódulos de la oligarquía financiera brasileña, así como de la fiscalía y la policía, pero también de la embajada norteamericana y el Departamento de Estado- tuvo su punto álgido en el impeachment golpista que acabó destituyendo a Dilma Rousseff en 2016.
Lula cuenta ahora mismo con una intención de voto del 47%, más de veinte puntos de su inmediato perseguidor, el actual presidente Jair Bolsonaro con el 26%.
Así lo han detallado ya muchos juristas y politólogos de todo el mundo. «El lawfare se inició con el derrocamiento de la presidenta brasileña Dilma Rousseff a través de un impeachment, un juicio político que la sacó de manera cuestionable de la presidencia, pero se activó desde antes con la operación Lava Jato: un escándalo de corrupción que salpicó al gobernante Partido de los Trabajadores (PT). El objetivo final era perseguir al expresidente Lula da Silva y evitar que volviera a presentarse a las elecciones”, escribe la politóloga Arantxa Tirado, autora de ‘El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley’ (Akal, 2021).
Tras este ‘golpe de Estado blando’, los gobiernos de Brasil pasaron a manos de dos figuras -Michel Temer y Jair Bolsonaro- extremadamente reaccionarios, antipopulares y pronorteamericanos. Pero a lo largo de estos años la izquierda brasileña y los movimientos populares no han parado de manifestarse y luchar, aumentando su grado de organización y su poder de movilización, creando las condiciones para derrotar la ofensiva oligárquica-imperialista. En noviembre de 2019 Lula era puesto en libertad y dos años después absuelto de todos los cargos, y lidera de nuevo todas las encuestas para ganar las elecciones del próximo año, previstas para el 2 de octubre de 2022.
Un sondeo de Consultoría Quest revela que Lula cuenta ahora mismo con una intención de voto del 47%, más de veinte puntos de su inmediato perseguidor, el actual presidente Jair Bolsonaro con el 26%. Otras encuestas, como la realizada recientemente por PoderData, amplían la ventaja de Lula al 55% de intención de voto, frente al 30% de Bolsonaro. El apoyo al candidato del PT es mayor aún en algunas partes del país, siendo abrumadora (69%) en la región del noroeste.