Un programa de redistribución, democracia y soberaní­a

15 medidas que tienes que conocer

No es verdad que la única salida para España sea aceptar los planes de ajustes, recortes sociales y rebaja salarial que nos imponen el FMI y la UE. Como tampoco lo es que estemos ante una crisis mundial que nos obligue a apretarnos el cinturón. Lo que sufrimos es un saqueo de nuestras rentas y salarios en beneficio de la gran banca norteamericana, alemana y española.

No es verdad que nuestro país no tenga recursos. En España hay mucha riqueza, lo único que ocurre es que está cada vez más concentrada en menos manos, mientras la mayoría nos empobrecemos. Redistribuyendo esa riqueza, tenemos recursos más que sobrados para crear empleo y acabar con el paro; para elevar el nivel de vida incrementando los salarios; para rebajar los impuestos que más afectan a las clases populares e invertir más y mejor en sanidad, educación y prestaciones sociales. ¿Qué busca nuestro programa?Nuestro programa busca, en primer lugar, crear empleo para los 5 millones de parados sobre la base de que bancos, monopolios y multinacionales paguen más impuestos sobre sus multimillonarios beneficios. Y dedicar todo ese dinero a un plan público de creación de empleo productivo y de utilidad social. En segundo lugar, aumentar los salarios y las rentas, y con ello la capacidad de consumo, de la mayoría de la población sobre la base de una redistribución en la que nadie gane menos de 1.000 euros mensuales de salario o de pensión y nadie cobre por encima de 10.0000. Estas dos medidas combinadas, al aumentar el nivel de vida y la capacidad de consumo de la mayoría de la población suponen una revitalización de la demanda y la expansión del mercado interno, base desde la cual es posible impulsar el crecimiento económico, la inversión empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo.En tercer lugar, aplicando una reforma fiscal en la que pague más quien más tiene y eliminando los miles de millones que reciben de forma encubierta del Estado cada año bancos, monopolios y multinacionales, podemos rebajar los impuestos que gravan al consumo, elevar la cuantía de las pensiones mínimas y multiplicar la inversión en sanidad y educación pública. En cuarto lugar, para llevar adelante este programa de transformaciones es necesario profundizar y ampliar la democracia de un sistema político que silencia la voz popular y que se ha convertido en coto cerrado y endogámico de una oligarquía bipartidista que legisla al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros, incumpliendo reiteradamente las promesas electorales y sin tener que responder anta nadie. Necesitamos un sistema verdaderamente democrático en el que los ciudadanos tengamos la mayor capacidad de decisión sobre los asuntos que nos afectan y un control real y efectivo sobre nuestros representantes. Por último, nada de esto será posible sin una política de defensa de la soberanía nacional para poder decidir por nosotros mismos de acuerdo con nuestros intereses y nuestras necesidades, sin estar sometidos, como ocurre ahora, a los dictados del FMI y de Bruselas.

Por eso, los tres ejes en torno a los cuales se articula nuestro programa son la redistribución de a riqueza, la ampliación de la democracia y la defensa de la soberanía nacional.1.- Frente a la política de rebaja de salarios y rentas y las medidas de ajustes y recortes sociales, una política de redistribución de la riqueza que permita, mediante la creación de riqueza y empleo, acabar con el paro, elevar el poder adquisitivo de la población y salir de la crisis en beneficio de la mayoría.2.- Frente a los atropellos antidemocráticos de las cúpulas de PSOE y PP y la deriva de un sistema político que silencia la voz popular y se ha convertido en coto cerrado de una oligarquía bipartidista, una política de ampliación de la democracia mediante la cual los ciudadanos no sólo veamos respetado y representado nuestro voto, sino que tengamos la mayor capacidad de decisión sobre los asuntos que nos afectan y un control real y efectivo sobre nuestros representantes. 3.- Frente a que decisiones vitales para nuestro país se tomen en Washington y Berlín, una política de defensa de la soberanía nacional, para decidir por nosotros mismos, de acuerdo con las necesidades de la mayoría de la población y de los intereses del país.Por una política de redistribución de la riqueza1.- Modificar el impuesto de sociedades, aplicando una nueva escala del 0 al 90% a los beneficios que se tengan de acuerdo al capital, para acabar con el paro e iniciar el camino del crecimiento económico mediante una política de creación de riqueza y empleo. Poniendo los miles de millones de beneficios que tienen cada año bancos, monopolios y multinacionales al servicio de este objetivo.¿Cómo es posible que, según los mismos datos de Hacienda, mientras autónomos y pymes pagaron en 2010 un 22,5% de sus muy modestas ganancias, bancos, monopolios y grandes empresas apenas tributaran un 9,7% de sus multimillonarios beneficios? ¿Por qué hay que mantener un sistema impositivo que permite deducciones, exenciones y desgravaciones sin fin a las grandes empresas, o a las multinacionales convertir a España en un paraíso fiscal, mientras se recortan pensiones, sanidad y educación y 5 millones de españoles están el paro?Hace falta un nuevo impuesto de sociedades del 0 al 90% según los beneficios que se tengan de acuerdo al capital, y que sólo permita desgravaciones de acuerdo a la reinversión real de los beneficios en nuevas actividades productivas generadoras de riqueza y empleo. Que bancos, monopolios y multinacionales, que ganan como media el doble de lo que ganan las pymes, paguen, de media, el doble de impuestos que ellas (el 50%). Que las grandes empresas (más de 500 trabajadores) paguen de forma efectiva y real el 30% que les exige la actual ley. Sólo con esto, las arcas de Estado recaudarían cada año 70.000 millones de euros más. Dedicar todo este dinero a un plan de choque de empleo que asegure a los 5 millones de parados un puesto de trabajo de al menos 1.000 euros mensuales, tanto en empleos productivos como en trabajos de utilidad social. En la perspectiva más amplia del necesario cambio de modelo de desarrollo económico que necesita la economía nacional. Acabando con las 4 grandes dependencias que lastran nuestro crecimiento: la dependencia de la financiación exterior, la subordinación del sistema productivo a las necesidades de unos pocos mercados europeos, el enorme costo de la factura de un modelo energético caro e insostenible y la insólita prohibición de rebasar unas cuotas de producción fijadas por Bruselas para toda una serie de productos y mercancía en las que somos altamente competitivos. E iniciando el camino, mediante la inversión pública y el apoyo real a la pequeña y la mediana empresa, de recuperar, regenerar y ampliar un tejido industrial y productivo eficaz y competitivo en el mercado global, capaz de crear de forma continuada y sostenible unos altos niveles de creación de nueva y mayor riqueza social y un empleo estable y de calidad.2.- Ningún salario por debajo de 1.000 euros, ninguno por encima de 10.000, para impulsar el crecimiento económico mediante una redistribución de los salarios.

“Un nuevo impuesto sobre la renta que acabe con la burla de las SICAV’s” La pregunta está en boca de prácticamente todo el pueblo trabajador, y en especial de una juventud sometida a condiciones de empleo cada vez mas precarias: ¿por qué hemos de permitir que millones de trabajadores cobren sueldos cada vez mas por debajo de los 1.000 euros mensuales, mientras directivos, consejeros, gestores y altos ejecutivos ganan sueldos de más de 1.000 euros al día, e incluso algunos de más de 1.000 euros a la hora?Aumentando el sueldo mínimo a 1.000 euros mensuales a los millones de españoles que hoy cobran salarios y rentas inferiores, el impacto calculado sobre el consumo sería la inyección de alrededor de 60.000 millones de euros, un 6% del PIB, al crecimiento del mercado interno. Superior incluso a la aportación del consumo en los años de expansión económica (5,3%). Y todo ello se puede hacer sin aumentar la masa salarial total que pagan las empresas, solo distribuyéndola de otra manera, de forma que no haya nadie que gane más de 10.000 euros al mes, ni nadie menos de 1.000. 3.- Una nueva reforma fiscal progresiva, donde pague más quien más tiene. Y que permitarebajar el IVA y demás impuestos que gravan excesivamente el consumo, elevar la cuantía de las pensiones mínimas y aumentar la inversión en la sanidad y la educación pública.

Un nuevo impuesto sobre la renta del 0 al 90%, que acabe con la burla de las SICAV’s y demás privilegios de las grandes fortunas para tributar al 1% y que persiga implacablemente el fraude fiscal. Con sólo aplicar el tipo máximo actual del IRPF al 10% de la población que, según los datos del propio Banco de España, concentra en sus manos más del 90% de la riqueza financiera que existe en España y perseguir de forma efectiva el fraude, Hacienda recaudaría cada año alrededor de 100.000 millones de euros más. Un dinero que sería más que suficiente para: -Rebajar los impuestos que gravan el consumo y afectan a los sectores sociales con menos rentas. Rebajando el IVA a un 14% y extendiendo el IVA superreducido (un 4%) a todos los productos verdaderamente básicos y de primera necesidad. -Una subida progresiva de las pensiones hasta que todas alcancen en el plazo de 5 años los 1.000 euros mensuales. -La ampliación de las inversiones públicas en sanidad y educación hasta equipararlas, en tanto por cien del PIB, a las que disfrutan los países de la UE con niveles de renta similares al nuestro.4.- Garantizar el acceso a una vivienda digna y evitar los desahucios haciendo que la banca devuelva el dinero del rescate bancario.

La exigencia se ha convertido en un clamor popular a la que la clase política bipartidista hace oídos sordos: ni un euro más a la banca. Que devuelvan el dinero del rescate. Que los bancos y cajas que necesitan dinero del Estado para sobrevivir sean nacionalizados y se cree con ellos una banca pública con el fin de facilitar el crédito en condiciones ventajosas a las empresas nacionales, a pymes, autónomos y familias. Utilizar parte del dinero del rescate bancario que la banca ha de devolver para la creación de un parque público de viviendas en alquiler y para venta a precios asequibles. Y que se utilice para que el Estado se haga cargo de las familias que no pueden pagar su hipoteca, devolviendo al banco el importe del capital que queda por pagar (de acuerdo al nuevo valor actualizado de la vivienda, sin pagar un euro más en comisiones y descontando los intereses pagados y capital ya amortizado), y estableciendo una nueva forma de pago adecuada a la situación de las familias amenazadas de desahucio. Mientras tanto, proponer una medida ajustada a la actual situación de millones de familias: que a cualquier persona que esté en el paro se le suspenda temporal e inmediatamente la obligación del pago de la hipoteca, que no debe reanudarse hasta que no encuentre un empleo que le permita disponer de un sueldo para cubrir el pago mensual de la hipoteca, quedándole a la unidad familiar una renta neta de al menos 1.000 euros mensuales para vivir con un mínimo de dignidad. ¿Acaso los empresarios no pueden acogerse al concurso de acreedores para renegociar sus deudas y tratar de salvar su empresa? Pues lo mismo ha de hacerse para las familias y su inalienable derecho a poseer un techo bajo el que vivir.5.- Rebajar los astronómicos intereses que pagamos por la deuda pública y dedicar ese dinero a cubrir necesidades sociales.

La escalada de la prima de riesgo que está sufriendo la deuda pública española es una auténtica sangría, por la que cantidades ingentes de la riqueza nacional, la producida con nuestro trabajo, acaba cada año en manos de la gran banca y los fondos especulativos mundiales. Exigimos una auditoría independiente sobre la deuda pública del Estado. Y que se declare como “deuda odiosa” toda aquella que haya servido para financiar a bancos, monopolios y multinacionales o haya sido concedida en términos leoninos y usurarios para la nación. Negociar su recompra a un precio ajustado, amenazando con no pagarla en caso contrario. 6.- Reducir un 30% los gastos de la Administración central, autonómica y local, empezando por atajar el despilfarro y los gastos superfluos e innecesarios, racionalizando el gasto y haciéndolo más eficiente.

Un ahorro que, acabando inmediatamente con los gastos innecesarios, la duplicidad de funciones, el despilfarro, el clientelismo y la corrupción en la Administración pública a todos sus niveles permitiría aumentar, y no recortar, los gastos y recursos dedicados a las partidas que son verdaderamente necesidades sociales (educación, sanidad, dependencia, prestaciones y ayudas sociales,…) Y todo ello sin necesidad de aumentar el déficit público. 7.- Cierre inmediato de todas las centrales nucleares y apuesta decidida por las energías renovables, como un sector de futuro, generador de inversión productiva y empleo y capaz de dotar al país de la imprescindible independencia energética.

“¿Qué es antes, los beneficios de los grandes monopolios eléctricos o la salud de la gente?” Después del terremoto de Japón y del reciente accidente de una planta de reprocesamiento nuclear en el sur de Francia, la cuestión de la energía nuclear ha quedado planteada en sus justos términos: ¿qué es antes, la bolsa o la vida, los beneficios de los grandes monopolios eléctricos o la salud de la gente? Nosotros decimos, primero la salud y la vida de la población, después todo lo demás. Y además, hacerlo apostando por un nuevo sector productivo, el de las energías renovables, que no sólo es más limpio y respetuoso con el medio ambiente, sino que permitiría acabar con la dependencia energética que actualmente sufrimos y su costosísima factura. Por una política de ampliación de la democracia8.- Una nueva ley electoral que hagan del Congreso y el Senado –así como de los parlamentos autonómicos y ayuntamientos– cámaras verdaderamente representativas de la voluntad ciudadana.

Sustitución de la ley D’Hont y de todos los aspectos de la actual ley electoral que distorsionan antidemocráticamente la soberanía popular expresada en los votos, beneficiando al sistema bipartidista y a unas elites políticas cada vez más ajenas y sordas a las aspiraciones y demandas ciudadanas. Una reforma del sistema electoral dirigida hacia la proporcionalidad en el reparto de escaños y al principio democrático de que todos los votos valen lo mismo. 9.- Una ley que desarrolle el derecho, recogido en la Constitución, al referéndum.

Potenciar que los ciudadanos podamos decidir directamente y sin intermediarios a través de referéndums vinculantes sobre cuestiones de especial trascendencia, como la reforma de la Constitución, o que afectan directamente al futuro de todos como la reforma de las pensiones. 10.- Fijar por ley la obligatoriedad de la transparencia en las cuentas públicas en todos los niveles de la administración del Estado, y establecimiento de mecanismos de control sobre ellas de los ciudadanos.

Al tiempo que se establecen nuevos medios para una participación más directa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Avanzado hacia una democracia mucho más participativa en la que los cargos públicos electos estén obligados a responder ante sus votantes, mediante Asambleas de Electores por barrios y pueblos u otros mecanismos, en los que los electores tengan la capacidad de revocar el mandato otorgado en caso de incumplimiento del programa para el que fueron votados. 11.- Acabar con la corrupción y depurar a los corruptos

Dar al delito de corrupción, a corruptos y corruptores, el mismo tratamiento que al crimen organizado, pues de eso es de lo que se trata: tramas criminales organizadas para robar el dinero público, de todos. Tramas de cuya red delictiva de adjudicaciones acaban beneficiándose monopolios, constructoras y empresarios que las instigan, obteniendo beneficios millonarios sin que nadie les persiga ni les imponga pena alguna.Por una política de defensa de la soberanía nacional12.- Defensa de la soberanía nacional para poder decidir de forma autónoma y de acuerdo con nuestras necesidades lo que más conviene a los intereses de la mayoría del país.

“Acometer cualquier cambio de verdad exige poseer la capacidad de ejercer nuestra soberanía” Mientras la política económica pueda decidirse y dar un giro de 180 grados por la simple llamada telefónica de Obama a Zapatero, la Constitución pueda reformarse siguiendo las exigencias de Merkel, o nos puedan meter en el escudo antimisiles, negociándolo en secreto durante meses a espaldas del pueblo y de parlamento, ninguna transformación política, económica o social será posible en nuestro país. Acometer cualquier cambio de verdad exige poseer la capacidad de ejercer nuestra soberanía nacional, sin que el FMI o Bruselas, Obama o Merkel nos impongan una política y un conjunto de medidas que sólo sirven a sus intereses. Esta es la clave de la que depende todo lo demás. No son entes abstractos, sin rostro ni apellidos, como “los mercados”, sino las grandes potencias imperialistas y sus oligarquías financieras quienes están detrás de los ataques que estamos sufriendo el 90% de la población. Además, ¿quienes si no esas oligarquías financieras son quienes dominan y controlan a los mercados?

¿Van a hacernos creer que los modestos ahorros de un jubilado alemán cuentan y deciden lo mismo que los intereses de los Rockefeller, de la banca Morgan o del Deutsche Bank? Es la intervención y el control que Washington y Berlín ejercen sobre unas sumisas y dependientes elites españolas lo que decide ahora mismo el rumbo del país. Sin librarnos de ese asfixiante grado de intervención y control, sin conquistar mayores cotas de soberanía y capacidad de decisión autónoma frente a ellos, nada será posible. No habrá pan ni libertad, para nosotros ni para las generaciones futuras, sin conquistar la máxima autonomía y la plena independencia de Washington y Berlín.13.- Referéndum vinculante sobre la reforma constitucional, promoviendo en su lugar otra dirigida a prohibir que ningún organismo o institución extranjera tenga la capacidad de decidir sobre los presupuestos nacionales.

Mientras PSOE y PP, al dictado de Merkel, imponen una reforma constitucional dirigida a asegurar que bancos y fondos de inversión tendrán prioridad absoluta sobre jubilados o funcionarios españoles en el cobro de los pagos del Estado, Berlín y París presionan para que los países con mayor déficit fiscal estén obligados a someter sus presupuestos a la aprobación de Bruselas, es decir, del eje franco-alemán, antes de ser discutidos siquiera por sus propios parlamentos nacionales. El establecimiento de los presupuestos generales del Estado quedaría en manos de las grandes potencias europeas, que se arrogarían así el derecho de veto sobre una de las máximas expresiones de la soberanía de un país: la capacidad de decidir donde y a qué destina sus recursos públicos, un dinero que es de todos. 14.- Una ley orgánica que fije y desarrolle las condiciones aprobadas por el pueblo español en 1986 en el referéndum sobre la OTAN.

En marzo de 1986, el pueblo español aprobó en referéndum la entrada de España en la OTAN. No es ahora el momento de cuestionar los fraudulentos procedimientos que el gobierno de Felipe González utilizó para su aprobación. Pero sí de exigir el cumplimiento íntegro de lo aprobado. Y que fijaron con toda claridad la vo8untad de la inmensa mayoría de los ciudadanos de que nuestro país no esté integrado en la estructura militar de la OTAN, que no exista en nuestro suelo armamento nuclear y que se produzca una reducción progresiva de la presencia militar estadounidense en nuestro territorio. Exigencia que nuestra actual participación en las guerras de Afganistán y Libia, así como la reciente decisión de instalar el operativo naval del escudo antimisiles del Pentágono en Rota hacen más urgente que nunca. 15.- Renegociación de los acuerdos con la UE que limitan las cuotas de producción o el desarrollo de sectores productivos en nuestro país.

¿Por qué hay que aceptar que los ganaderos españoles tengan un límite a la producción láctea que ni siquiera llega a cubrir la demanda interna del país, mientras las multinacionales francesas inundan nuestro mercado con sus excedentes lácteos reventando precios y distorsionando el mercado? Por qué la flota pesquera española ha de someterse a unos tratados de pesca en el banco sahariano que, además de no respetar los acuerdos de la ONU sobre la soberanía saharaui sobre sus aguas territoriales, sólo obedece al interés de Francia por conservar sus privilegiados vínculos con Marruecos. Con un programa de este tipo y unas medidas así, no sólo se puede salir de a crisis en beneficio de la mayoría, sino que es el programa y las medidas que hoy permiten formar un amplio frente de unidad contra los planes de ajuste y recortes que nos están imponiendo. El programa y las medidas capaces de unir y de movilizar al 90% de la población afectada por ellos, de desarrollar y ampliar las fuerzas del pueblo, ganarse a multitud de sectores y capas sociales y de aislar a las fuerzas reaccionarias.

Deja una respuesta