Cargando...Ni la caída de la prima de riesgo, ni la vuelta del crecimiento económico serán suficientes para mitigar el impacto de la factura de los intereses de la deuda en la economía española, al menos según la versión oficial comunicada a Bruselas. El Gobierno prevé destinar en los próximos tres años al pago de intereses unos 124.600 millones de euros, cifra que equivale al PIB de Suiza, según se desprende del Informe sobre la Acción Efectiva adoptada por España que el Ministerio de Hacienda envió ayer a la Comisión Europea.
Pese a que la mejora del acceso a la financiación del Tesoro permitirá que este año la partida de los intereses de la deuda sea de 34.700 millones de euros, frente a los 38.600 millones de euros que el Ejecutivo había previsto en los Presupuestos para este año, el imparable aumento del endeudamiento del Estado disparará esa cuantía en el próximo ejercicio hasta 38.100 millones de euros y en el siguiente, hasta 41.700 millones.
Así, hasta que la factura de los intereses de la deuda pública sobrepase los 44.800 millones de euros en 2016, una cifra que supera al impacto de impopulares medidas como la amnistía fiscal.
No obstante, fuentes gubernamentales señalaron a este diario que las estimaciones remitidas a Bruselas son «muy conservadoras» y que probablemente, el coste del servicio de la deuda terminará siendo muy inferior.
En todo caso, si el PP logra terminar esta legislatura, cuando convoque elecciones, en 2015, la deuda pública equivaldrá al 101,13% del PIB del país, frente al 70,39% de la riqueza nacional que representaba cuando Mariano Rajoy llegó al poder. Ese aumento del endeudamiento, hasta 1,1 billones de euros, hará que el peso de la factura de los intereses en el PIB sea cada vez mayor, pasando del 3,4% actual al 4,1%, de acuerdo con las previsiones de Hacienda. El ministro de Economía, Luis de Guindos, subrayó ayer mismo en el Congreso de los Diputados que el Gobierno está «reparando los errores del pasado» y que eso ha implicado un mayor endeudamiento para poder hacer frente, entre otras medidas, a la reestructuración del sistema bancario.
El consuelo es que al menos los españoles tendrán que hacer frente a ese coste en un contexto de crecimiento, puesto que las previsiones del Departamento que dirige Cristóbal Montoro indican que la recesión quedará atrás este año, 2014 será un año cercano al estancamiento (0,7%) y por fin, la economía crecerá un 1,2% en 2015 y un 1,7% en 2016. Para entonces, el avance del endeudamiento frente al PIB llegará a un punto de inflexión y por primera vez desde el inicio de la crisis se contraerá tímidamente al reducir su peso sobre la riqueza del país al 101,9%.
En el citado informe remitido a Bruselas, el Gobierno cuantifica en 8.000 millones el ajuste que tendrán que realizar las comunidades autónomas y estima que más de la mitad será procedente de subidas de impuestos, en vez de recorte de gastos. «Se estima que durante el 2014 [en las comunidades autónomas] se adopten medidas por importe de 4.068 millones de euros, de los cuales 2.142 corresponden a medidas de ingresos». A juicio de Hacienda –y en contra del discurso de algunos barones del PP– habrá todavía subidas de impuestos en los dos próximos años en las autonomías.
«Por el lado de los ingresos en CCAA, existe margen todavía para agotar la capacidad normativa actual en impuestos propios. La estimación para los años siguientes asciende a 2.000 millones adicionales anuales, 2014 y 2015, que se basa en continuar con la tendencia actual de aumento de la capacidad normativa en tributos cedidos y el margen existente en tributos propios, en particular los medioambientales». Como para 2015, Hacienda espera otro ajuste de 4.000 millones en el sistema autonómico, al menos la mitad del ahorro procederá de más impuestos, en vez de centrarlo en menos gasto.
En el informe no aparece la desaparición del gravamen extraordinario en el IRPF introducido en 2012 y que, teóricamente, debería anularse en 2015, pero fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron que se mantiene el plan de bajar impuestos a partir de ese año. El Departamento aseguró que el informe remitido a Bruselas no recoge todavía novedades con respecto a lo previsto.