Cargando...Ayer se cumplió el cuarto aniversario de una fecha fatídica, triste, lúgubre para el devenir de nuestro país, el 10 de mayo de 2010. Aquel día, los causantes de la crisis consiguieron la intervención tácita del Reino de España. Por un lado, una gerencia bancaria incompetente, insolvente, guiada por una avaricia sin límites, que presionaba día y noche para aplicar la hoja de ruta que finalmente se impuso. Después se incorporarían muy ufanos, lobbies, oligopolistas y demás patriotas de hojalata que no estaban dispuestos a perder un ápice de los suyo. Comenzó el diseño de una política que ha generado una deuda pública ilegítima superior a los 200.000 millones de euros. Se empezó a utilizar el dinero público y nuestro sistema legal para financiar y avalar a todos aquellos que originaron la crisis –sistema bancario, sector eléctrico, grandes constructoras…
¿Pero saben ustedes quiénes eran los principales acreedores de nuestro sistema bancario? ¿Saben dónde se concentraba la deuda externa de nuestro país? ¡Bingo! En el sistema bancario patrio. Por eso los acreedores foráneos que tomaron riesgos excesivos -alemanes, franceses, estadounidenses y británicos-, querían recuperar a toda costa sus ahorros invertidos en sectores ruinosos, muchos de ellos lavados y centrifugados a través de nuestro sistema financiero. Querían que nuestra banca fuera rescatada sin tocarles a ellos.
Los destrozos provocados por las élites
Aquel día comenzó una de las fases más lúgubres de nuestra breve historia democrática. Los ajustes de nuestro país se harían a costa de aquellos conciudadanos, especialmente los más débiles e indefensos, que nada habían tenido que ver con el origen de la crisis. Se impondrían duros recortes en nuestro ya de por sí frágil estado del bienestar; se nos aumentarían los impuestos sin ningún rigor económico; nos subirían los precios de todos los servicios públicos; se impondría el copago y se nos recortaría de manera mísera los salarios.
Además, esas mismas élites querían mantener artificialmente su riqueza. Para ello contaron con la ayuda inestimable de los banqueros centrales, expertos en generar problemas, bien sean burbujas financieras e inmobiliarias, o bien una dejación de responsabilidades a la hora de supervisar adecuadamente sus sistemas bancarios. Para dar una sensación de mejora efímera crearon una nueva droga de diseño, capaz de provocar alucinaciones irrepetibles, mediante subidas artificiales de todos los mercados de riesgo, sin saber el personal y los inversores el auténtico riesgo precio en el que están incurriendo. ¡Viva la política monetaria!
Los acreedores y la gerencia bancaria acabaron, en definitiva, imponiendo una forma de esclavitud peor que la espada, la de la deuda. Hans-Werner Sinn, presidente del influyente think tank alemán IFO, afirmó por aquellas fechas, con toda su jeta que “dentro de unos años, nuestros hijos se verán obligados a ir al Sur de Europa a recuperar nuestro dinero”. Además proclamó que el Sur tenía que acometer una sensacional devaluación interna, y que ya no había excusas: eso o el final del euro. Eran afirmaciones falsas. Representaban el punto de vista del acreedor que no había asumido las consecuencias de su tomas de decisiones.
La colaboración de los políticos patrios
Finalmente los banqueros patrios y los acreedores extranjeros impusieron sus condiciones a un gobierno endeble, el de Zapatero, acorralado por el devenir de los mercados financieros, incapaz de utilizar tan siquiera los argumentos que ya por esas fechas le daban muchos economistas foráneos y patrios. Había hecho una dejación de responsabilidad para con sus votantes. Después llegó Rajoy que, imbuido por una ideología rancia y apoyándose en argumentos económicos falsos, se convirtió en el alumno aventajado de todos estos destroza patrias.
El totalitarismo invertido se ha adueñado definitivamente de nuestra democracia. Se favorece de manera permanente a la clase dominante, a los más ricos, a los intereses corporativos, mientras que se dejan a los ciudadanos más pobres con una sensación de impotencia y desesperación política y, al mismo tiempo, mantienen a las clases medias colgando entre el temor al desempleo y las expectativas de una fantástica recompensa una vez que la nueva economía se recupere. Todo este esquema se fomenta vía unos medios de comunicación cada vez más concentrados y aduladores; y por una maquinaria de propaganda institucionalizada a través de grupos de reflexión y fundaciones conservadoras generosamente financiadas.
Pero las cifras no engañan
Las políticas de ajuste no han supuesto ninguna mejoría para la ciudadanía, ni tan siquiera se ha reducido nuestro déficit público, y nuestra deuda total está en una senda de insostenibilidad, de explosión, es impagable.
Desde mayo de 2010 se han destruido casi dos millones de puestos de trabajo, que es la caída de la población ocupada según la Encuesta de Población Activa, la única homologable con Europa. Inaudito que un indocumentado como Rajoy afirme que se trata solo de una encuesta.
Desde mayo de 2010, la deuda pública ha pasado de una cifra inferior a los 700.000 millones de euros a los más de 1,25 billones actuales. Se trata de una subida superior a los 500.000 millones de euros, 400.000 millones de ellos con el “austero” Rajoy. Y todo ello a pesar de los ajustes en sanidad, educación y otros servicios públicos vitales; a pesar de subirnos los impuestos como nunca; a pesar de incrementarnos los precios de unos servicios públicos cuya calidad empeora a marchas forzadas. ¿Saben por qué? Hemos financiado a aquellos que generaron la crisis. ¿Y qué decir de la desaparición de empresas, negocios, muchos de ellos viables? ¡Solo necesitaban mantener ligeramente abierto el grifo de la financiación!
Pero hay algo todavía peor, algo que debería sacar los colores a determinados personajillos que estos días se dirigen a su pesebre en los distintos mítines de campaña. La pobreza y las desigualdades avanzan inexorablemente sus posiciones, conquistando y ocupando el espacio y territorio de nuevas familias, en una guerra que parece perdida. La actual crisis sistémica ha costado, desde 2007, a los españoles de rentas más bajas unos 2.600 euros por persona y año, es decir, un 33% de su renta disponible. El golpe sufrido por las clases medias y bajas en nuestro país ha sido brutal, sus rentas han caído como en ningún otro país desarrollado, a ritmos del 15% anual. ¡Y ahora van y nos piden el voto! ¡Qué se callen!