Cargando...
Tres bancos españoles (Santander, CaixaBank y Bankia) han demandado al Estado 1.350 millones de euros por el caso Castor. La prueba de que aún hoy los bancos todavía quieren hacernos pagar por el despilfarro de este ruinoso proyecto
El almacén de gas Castor, propiedad de Enagas y construido por la concesionaria Escal UGS, filial de la constructora ACS de Florentino Pérez, justo a 22 kilómetros de las costas de Castellón y Cataluña, tuvo que ponerse en hibernación tras la primera inyección de gas por causar microterremotos en las ciudades costeras, causados por negligencia en el diseño de la infraestructura.
El Estado acordó abonar 1.350 millones de euros a ACS como compensación por la hibernación del almacén. Dinero que se ha ido cobrando al contribuyente mediante una subida de la factura del gas. Los tres bancos mencionados compraron la deuda a ACS, esperando sacar réditos de los intereses durante treinta años. Unos 95 millones de euros al año en subidas del gas, como pone en evidencia la entrevista que reproducimos a continuación.
Sin embargo, en 2017 el Tribunal Constitucional declaró ilegal la forma en que se aprobó el pago, mediante un Real Decreto Ley, y lo suspendió, anulando a partir de entonces la subida de la factura del gas por este concepto. Los bancos se resisten ahora presentando una denuncia. Quieren hacernos tragar con las pérdidas de todos sus negocios fallidos. No les basta con que les rescatemos las autopistas, sino que también debemos socorrer todos sus proyectos fallidos, dándoles igual si los pagos han sido declarados ilegales o no.
Para arrojar luz sobre este problema, hemos entrevistado a Mónica Guiteras Blaya, socióloga y portavoz de la plataforma Caso Castor. La plataforma ha presentado una querella en la Audiencia Nacional denunciando a cinco exministros y dos empresarios (Florentino Pérez y Recadero del Pozo) por la gestión del almacén de gas Castor, acusándolos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos.
La plataforma está formada por tres asociaciones que han presentado la demanda conjunta: la organización Xnet, encargada de la defensa de los derechos digitales, el Observatorio de la Deuda y la Globalización (ODG) y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).
El Caso Castor no es un caso aislado en nuestro país, denuncia Mónica Guiteras, y la demanda busca no solo que los ciudadanos no paguen la indemnización, sino que se devuelva lo sustraído
Los ciudadanos no entienden que el Santander, CaixaBank y Bankia reclamen los 1.350 millones de euros de la indemnización cuando esta fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Y se le añade ahora una nueva demanda por parte de ACS. ¿Cuáles son los hechos que hacen esto posible?
Castor tiene una serie de actores económicos que se están haciendo cada vez más visibles porque la ciudadanía ha alzado la voz exigiendo saber qué es lo que hay detrás. Este es un caso emblemático en el que la ciudadanía termina pagando los errores de otros.
Estos actores han lanzado estas demandas para no perder esos miles de millones de euros que se les han prometido desde el Estado y con los que ya previamente contaban. Pero desde la ciudadanía defendemos que ese dinero no tendría que tener este destino.
La ODG ha ido siguiendo el caso Castor desde finales de 2013, antes incluso de los terremotos, ya que había un financiamiento del Banco Europeo de Inversiones. Desde ahí se han ido observando diferentes fases en las que se ha financiado y refinanciado este proyecto, y donde todo el peso de los riesgos han recaído siempre sobre la población.
La ciudadanía no tiene que ser la que soporte los riesgos y los impactos de un megaproyecto de las características del Castor. Además, las previsiones de consumo de gas que se habían hecho a principio del 2000 no se han cumplido. Se previó al alza que iba a haber una demanda que luego no se ha dado. Si en teoría estas infraestructuras eran para garantizar suministro, y esa demanda cambió, deberían haberse cambiado también las planificaciones.
Son una serie de cuestiones reprobables, denunciables, y sobre las que tiene que haber claridad y transparencia. Queremos saber lo que ha pasado con Castor y por qué ha pasado.
¿Estamos pagando ya los ciudadanos la indemnización mediante la factura del gas? ¿Cuánto calculáis que nos han sustraído a los ciudadanos a través de la subida del gas por esta cuestión?
Desde 2016, cuando el Gobierno del PP aprobó la indemnización, se ha venido pagando en los peajes del gas dentro de la factura de cada uno. Por un lado, la indemnización, que son unos 80 millones anualmente, y por otro lado el mantenimiento, que son otros 15 millones anualmente.
Desde la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha frenado la subida del gas, por acción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Tribunal Constitucional declaró que la indemnización era ilegal por la forma en que se había hecho. El pago no debió haber sido un Real Decreto Ley, ya que estos están reservados para procedimientos de urgencia para la población, y no para afrontar el pago de un empresario concreto, en tan solo 35 días. El Tribunal Constitucional afirmó que la emergencia no estaba justificada.
La sentencia es un indicio más de que aquí hay cuestiones que no se hicieron correctamente y que sobre todo ahora no existen mecanismos para llevar a cabo esos pagos. Si no existe una legislación aprobada para incluir esos importes, evidentemente hay que frenarlos. Pero nosotros consideramos que es necesario que no solo se detengan las indemnizaciones (que ya están paradas) sino que es necesario saber qué se ha hecho con aquello que ya hemos pagado y que se le pueda devolver a la ciudadanía.
¿Cuáles son los objetivos por los que habéis presentado la demanda a la Audiencia Nacional?
Primero, exigimos el no pago de esta indemnización y la devolución de lo ya pagado.
Segundo, actualmente el almacén de gas Castor está en hibernación. Una infraestructura que ya ha demostrado los problemas que puede causar y además ha resultado no ser necesaria. Debe ser desmantelada, en la línea de lo que han solicitado las poblaciones del territorio.
Y tercero, poner luz sobre todos los temas de corrupción y connivencias, que por lo que se ha podido comprobar en diferentes momentos del proceso, se plantean como muy posibles de haberse dado. Dar claridad sobre las diferentes responsabilidades que se puedan probar durante el juicio, si llega a darse.
¿Qué recorrido creéis que va a tener la demanda?
Creemos que va a tirar hacia delante. Solo en el lanzamiento del anuncio de la demanda, las redes sociales estallaron. Hay una voluntad ciudadana enorme de que se investigue realmente qué es lo que ha pasado. Hay elementos que ya están claros, como la inconstitucionalidad del Real Decreto, pero hay otros que permanecen en las sombras.
Más allá del no pago y de la investigación de casos de connivencia, también queremos visibilizar que en temas energéticos hay una situación de construcción de infraestructuras que no responden a los intereses de la ciudadanía sino a las grandes empresas. Y no solo en favor del oligopolio energético sino también de quienes construyen estas infraestructuras, actores con tanto poder como ACS.
Desafortunadamente, Castor no es un caso aislado. Se repite muchas veces esta opacidad, la aprobación de proyectos sin que existan unas necesidades que las justifiquen o sin contar con la participación ciudadana que la ley recoge. Con el Caso Castor queremos hacer visible y denunciar un tipo de lógica contraria a los intereses de la población.
¿Qué tipo de apoyo habéis recibido al presentar esta demanda?
Hemos recibido apoyo muy diverso. Partiendo de ciudadanos a título individual implicados, a organizaciones que están relacionadas con temas energéticos.
La Alianza contra la Pobreza Energética nos ha dado su apoyo y han estado denunciando que es injusto e impensable, en momentos de emergencia y pobreza energética como los que vivimos, que se sigan sumando importes cuestionables en nuestras facturas. No hay que olvidar que existe gente afectada por nuestro modelo energético y que hay que ser en ese sentido consecuentes. Hay que dejar de sumar este tipo de importes a nuestras facturas de forma injustificada.
También recibimos apoyo de organizaciones que trabajan por un nuevo modelo energético o que defienden la transparencia y la democracia. Es un apoyo bastante diverso porque el caso Castor abarca multitud de puntos sensibles: tema energético, tema de las empresas constructoras, tema de las concesiones…
¿Tenéis pensado hacer algún tipo de movilización, protesta, etc.? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para aseguraros de que se cumplen vuestras exigencias con respecto a la demanda presentada?
No vamos a parar. Xnet tiene toda una trayectoria de lucha en ese sentido, y el ODG ha venido promoviendo movilizaciones en contra del Castor desde finales de 2013. Ahora se le ha sumado esta nueva pata, jurídica, pero que no deja de estar vinculada a la movilización y a la campaña que estamos llevando impulsando a través de las redes sociales.
Y es que de eso se trata. La demanda no es una cuestión exclusivamente jurídica sino de voluntad de movilización social y persigue que se escuche la preocupación que tienen todos los ciudadanos sobre qué es lo que nos están cobrando de este proyecto.
¿Hay algo que queráis añadir?
Mencionar ejemplos de anomalías que estamos denunciando. Por ejemplo, mencionar cómo se modificaron los límites marítimos entre Valencia y Cataluña, en una corrección de errores del BOE, para asegurarse que el proyecto estuviera en aguas valencianas. Otro ejemplo es que la misma concesionaria era la contratista y que en diferentes momentos del proceso no era claro que hubiera la concurrencia debida. Por no hablar de un riesgo sísmico que no ha sido debidamente estudiado.
Para los que estén interesados en profundizar, les animo a consultar casocastor.net. Tenemos publicada mucha información para la gente que quiera saber más.
Lo que debemos hacer desde la ciudadanía es informarnos, intentar saber más y sacar el agua clara de todo lo que ha pasado en este proyecto.