El post procés ya ha comenzado

El sábado por la noche Pilar Rahola, tótem del independentismo más rancio, alababa a un Puigdemont del que parecía desconocerse su paradero y que había conseguido burlar la reactivación de la orden de detención dictada por la justicia española.

Muy pocas horas después, el domingo por la mañana, el mito del “president en el exilio” se derrumbaba. Puigdemont era detenido en Alemania, y su traslado a España está mucho más cerca.

Los acontecimientos de la última semana han supuesto algo más que un nuevo golpe a las fuerzas partidarias de la fragmentación. Aunque no van a desaparecer, ni dejarán de utilizar la influencia y el poder que mantienen para dejar abiertas las heridas contra la unidad, el final del procés va a dar lugar a una derrota sin paliativos de las élites independentistas, abriendo un nuevo escenario donde no serán posibles aventuras unilaterales.

El jueves por la tarde, un candidato independentista como Jordi Turull pronunciaba un discurso autonomista, evidenciando que no están en disposición de lanzar un desafío abierto al Estado. El fracaso de su investidura, por la negativa de la CUP a darle apoyo, demostraba la debilidad y división en el campo independentista.

El viernes por la mañana el auto dictado por el juez Llarena acusaba de rebelión y establecía prisión provisional para la plana mayor de los sectores independentistas que impulsaron el 1-O y la DUI.

Y la detención de Puigdemont en Alemania dejaba fuera de juego al “gobierno en el exilio”, acabando con el activo político de un Puigdemont circulando por Europa.

El muy difundido mensaje de Puigdemont a Toni Comín (“El plan Moncloa ha triunfado. Esto se ha acabado”) se ha hecho realidad. La ofensiva del Estado, mostrando con claridad las consecuencias de lanzarle un desafío abierto, ha sido un éxito.

El gobierno de Rajoy ha ejecutado un 155 que ha sido aceptado en los hechos en Cataluña.

La justicia ha estrechado el cerco, descabezando a las élites independentistas.

Y el CNI -que tenía a Puigdemont localizado- ha elegido el momento y el lugar donde debía ser detenido: en Alemania, donde la “alta traición al Estado”, que incluye el desafío a la integridad territorial, tiene penas más duras que en España, pudiendo llegar a comportar cadena perpetua.

Que haya sido Alemania el país escogido no es casual. Es la primera potencia europea, sus intereses pesan como una losa en la UE.

Si, como todo parece indicar, Berlín entrega a España a Puigdemont, dará un golpe a la internacionalización del procés en Europa.

Otra cuestión -y no precisamente baladí- es el precio que España deberá pagar por el apoyo alemán. A Alemania no le interesa desestabilizar a España, en un momento donde la UE enfrenta serios desafíos. Pero Berlín no va a renunciar a cobrarse caro el apoyo a Madrid, evidenciando como a las grandes potencias les interesa mantener abiertas las heridas contra la unidad para utilizarlas en su provecho.

Empezamos a vivir la época post procés, y las diferentes fuerzas pugnan por tomar posiciones en las nuevas condiciones.

Una situación cada vez más desfavorable para las élites independentistas, que intentan minimizar los daños.

Sectores de Junts per Catalunya, la ANC, la CUP o ERC plantean que la respuesta a la detención de Puigdemont debe ser la investidura del ex president. Pero el primer mensaje lanzado por Jordi Turull desde la cárcel, a través de su abogado, fue claro: lo más importante ahora es formar gobierno a cualquier precio.

Los sectores más radicalizados del independentismo intentan mantener la tensión en la calle, a través de movilizaciones que ya han comenzado a generar disturbios. Pero las élites de la fragmentación ya han hecho balance de los daños, saben que no están en condiciones de enfrentarse al Estado, y necesitan imperiosamente recuperar el control sobre la Generalitat.

No es posible persistir en nada que suponga unilateralidad o desafío al Estado. Y las élites independentistas están obligadas a aceptar la derrota, presentando un candidato aceptable para el Estado y libre de procesos judiciales.

Pero van a intentar seguir sembrando la confusión y la división.

La prisión preventiva sobre los Junqueras o Turull es una medida desproporcionada. Pero no pueden presentarse como “defensores de la democracia” o “´victimas de la represión”. Ni mucho menos como “presos políticos”.

Ellos son los que, en septiembre y octubre del pasado año, intentaron imponer de forma antidemocrática la fragmentación sobre más de la mitad de la población catalana que la rechaza.

Ahora llaman a “un frente unitario de todos los demócratas contra la represión” y a “un gobierno transversal del catalanismo”… encabezado por los mismos que ejecutaron los recortes, se lucraron de la corrupció ndel 3% e intentaron imponer la independencia, no contra Madrid sino contra la mayoría de los catalanes.

No podemos permitir que se presente como víctimas a las élites del procés y como verdugos a los que defienden la unidad.

Dividir y enfrentar a la población, en Cataluña y en el conjunto de España, contribuye a cambiar el centro de atención desde las cuestiones sociales (las pensiones…) al “caso catalán”. Algo que no solo protege a las élites independentistas, sino que también beneficia al gobierno de Rajoy.

Que no nos confundan. Que no puedan transformar la derrota del procés en un río revuelto donde sigan pescando los mismos.

A la mayoría de la población, en Madrid y en Barcelona, nos interesa fortalecer la unidad para defender las pensiones públicas, subir los salarios y redistribuir la riqueza.