Juicio por los ERE fraudulentos en Andalucía

La cúpula de una clase en el banquillo

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24-12-2017
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Después de 7 años de instrucción se acaba de abrir en la sede de la Audiencia de Sevilla, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juicio de los ERE fraudulentos. En el banquillo se sientan 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía a los que la Fiscalía acusa de haber mantenido un fondo de 855 millones de euros diseñado para burlar controles y “comprar la paz social” de empresas en crisis y beneficiar a una red clientelar afín al Partido Socialista de Andalucía.
 La cúpula de una clase en el banquillo
Después de 7 años de instrucción se acaba de abrir en la sede de la Audiencia de Sevilla, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juicio de los ERE fraudulentos. En el banquillo se sientan 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía a los que la Fiscalía acusa de haber mantenido un fondo de 855 millones de euros diseñado para burlar controles y “comprar la paz social” de empresas en crisis y beneficiar a una red clientelar afín al Partido Socialista de Andalucía.

El juicio que ahora se inicia es la conocida como “pieza política” del caso. Se juzga quién o quienes fueron los responsables de repartir de forma opaca y a discreción los más de 741 millones de euros de dinero público que reclama la Fiscalía entre empresas “amigas”,  a personas que nunca habían trabajado en ellas pero que tenían una relación familiar, sindical o política con el PSOE y en sobrecomisiones a bufetes, sindicalistas y consultorías.

Al frente del banquillo están los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013) que presidieron el gobierno de la Junta durante 23 años. El primero acusado de prevaricación continuada en la gestión del fondo y con una petición de 10 años de inhabilitación. A Griñán se le acusa además de un delito de malversación continuada, ya que fue consejero de Economía y Hacienda antes que presidente. Le piden 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

Magdalena Álvarez, también exconsejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento con Zapatero, está acusada del mismo delito y pena que Chaves. Mientras que los exconsejeros Gaspar Zarrías, Antonio Fernández. José Antonio Viera y el exdirector de general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, se enfrentan a penas de hasta 8 años de prisión.

Tanto Chaves como Griñan han reconocido en declaraciones públicas que hubo “un gran fraude” pero niegan que hubiera un “gran plan” y que sus gobiernos hubieran tomado decisiones en ese sentido. Sin embargo en las investigaciones judiciales se señala cómo se aligeraron los procedimientos para simplificar la concesión de las ayudas, con el fin de facilitar el desvío de dinero público esquivando el control de los organismos de la Junta. A pasar de los reiterados informes de la intervención de la propia Junta de Andalucía sobre los riesgos de los que se estaba haciendo.

 Una clase en el banquillo

Pero el juicio de los ERE no es sólo un juicio para determinar si los gobernantes andaluces procesados organizaron un sistema opaco para el reparto fraudulento del fondo de 855 millones de euros. Es un proceso a la cúpula de una nueva clase, una burguesía burocrática gestada en los aparatos autonómicos en los últimos 35 años, que ha construido un auténtico régimen a través del cual mantienen su poder sobre la autonomía. Y en el que el reparto de ayudas o subvenciones juega un papel determinante para institucionalizar un sistema político clientelar que asegure su continuidad en el poder de la autonomía con futuras victorias electorales.

El modelo de descentralización autonómica iniciado a partir de la Constituciòn de 1978 ha sido un éxito que casi nadie cuestiona. Pero también ha dado lugar a un nuevo reparto del poder político y con ello a un fenómeno no deseado: el desarrollo de unas burguesías burocráticas en cada uno de los territorios que controlan y que se ha extendido por toda España.

Unas burguesías burocráticas con un fuerte poder político basado en el control de importantes recursos económicos y a través de ellos de la economía regional; en el control sobre un amplio espectro de instituciones políticas, sociales y culturales y de importantes medios de comunicación públicos, especialmente televisivos. Y de forma especial en una base social de apoyo constituida por amplios sectores cuyas condiciones materiales de vida y de trabajo están vinculados y dependen en gran medida, cuando no exclusivamente, de su relación con la clase política gobernante.

Desde aquí el caso de los ERE adquiere su verdadera dimensión. El caso de los ERE es el mejor ejemplo de la institucionalización de todo un sistema político clientelar de esa burguesía burocrática para garantizarse su continuidad en el poder. Y, por lo tanto, en el sistema de privilegios que ese poder otorga a la clase gobernante.

Dice el Fiscal del caso que en las investigaciones no se aprecia el lucro personal en los políticos encausados, sino “comprar la paz social en Andalucía y montar una red clientelar”. Pero ¿qué mayor lucro personal que garantizarse para ellos y las capas superiores de su partido que la continuidad de los elevados ingresos y prebendas de seguir siendo la clase que controla el poder autonómico y sus enormes recursos?

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