Los llamamientos del capital norteamericano a seguir invirtiendo en España

Tiburones, a cenar

«La bolsa española es la que más hay que sobreponderar en el mercado europeo». Quien presenta el parqué madrileño como un plato suculento, lleno de beneficios y oportunidades no es otra que la encuesta de Bank of America, que llama al resto de depredadores de Wall Street a seguir abalanzándose sobre los sectores estratégicos de nuestro país.

En pocos años, la dominancia del capital extranjero sobre el Ibex35 se ha multiplicado. En 2008 suponía un 38% de las acciones, en 2020 ya superó el 50% y ahora llega al 56%.

Más de la mitad de los beneficios de Iberdrola, Repsol o el Banco de Santander acaban en Washington o alguna capital europea. La hegemonía la tienen sobre todo los grandes fondos norteamericanos como BlackRock, JP Morgan, Fidelity o Vanguard, cada vez más dominantes en sectores como la banca, la energía o la vivienda.

La presencia en el Ibex de los fondos de inversión extranjeros, especialmente norteamericanos, se ha multiplicado por diez desde 2008. Y a partir de 2018, con gobiernos del PSOE o en coalición con Podemos o Sumar, se ha elevado de 168.000 millones a 265.000 millones.

La presencia en el Ibex de los fondos de inversión extranjeros, especialmente norteamericanos se ha multiplicado por diez desde 2008.

Ha aumentado la plusvalía obtenida por los monopolios extranjeros y su control de las exportaciones. En 2018 las multinacionales extranjeras obtuvieron de España una plusvalía valorada en 114.000 millones. En 2023 esa cifra se había disparado hasta los 137.000 millones. En 2008 los monopolios extranjeros controlaban un 25% de las exportaciones, ahora dominan el 44%.

El control del capital extranjero sobre la deuda pública supera el 70%, cobrando jugosos intereses, y utilizándolo como instrumento de control. Se ha disparado desde el 45% en 2008 al 71,62% en 2023.

Exige derogar los impuestos a la banca y eléctricas y nuevos ajustes en pensiones

El FMI, siempre en la nuca

El Fondo Monetario Internacional siempre tiene un pero en la recámara, y una exigencia y una «recomendación» siempre lista para España. La entidad con sede en Washington ha mejorado la previsión de crecimiento de nuestro país para este año en cinco décimas hasta el 2,4%… pero ha mostrado su disgusto con los impuestos extraordinarios a banca y energéticas -exigiendo que sean «limitados y temporales»- y ha advertido al gobierno que hará falta un plan fiscal de ajuste a medio plazo y tomar medidas en el sistema de pensiones.

Al FMI no le gustan los impuestos a la banca y las grandes empresas, aunque éstos no hayan impedido a las entidades financieras y al oligopolio eléctrico cerrar el año con récord de beneficios. Los impuestos extraordinarios a los bancos, las energéticas y las grandes fortunas han permitido recaudar 3.500 millones para las arcas públicas (aunque el conjunto de exenciones y beneficios fiscales para bancos y monopolios hayan hecho que Hacienda les devuelva unos 16.000 millones), pero la institución con sede en Washington considera que estas figuras tributarias, si se mantienen en su formato actual, podrían ser “particularmente distorsionadoras y crear incertidumbre”, lo que a su vez “podría desincentivar una inversión que ya es débil (¿?)”. Y ha aconsejado con vehemencia que sean “limitados y temporales”.

La otra salva iba -como de costumbre- sobre las pensiones públicas. El FMI ha insistido en que las pensiones españolas «no son sostenibles», ha tildado de «insuficiente» la reforma Escrivá, y ha exigido ajustes al Gobierno.

El FMI no deja pasar un informe sobre España sin reiterar sus amenazadoras «recomendaciones» -en realidad indisimuladas exigencias- contra las pensiones públicas

«El sistema de pensiones necesitará de medidas correctoras adicionales para garantizar su sostenibilidad», ha dicho el FMI, especificando «que las medidas adicionales no deberían hacerse por la parte de los ingresos». Es decir, que el FMI exige recortes en pensiones.

Como de costumbre, los de Washington han sugerido sus tradicionales recetas: «la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, considerando la carrera completa del trabajador», lo cual -obviamente- supondría un recorte de las pensiones futuras de en torno a un 25%.

El FMI no deja pasar un informe sobre España sin reiterar sus amenazadoras «recomendaciones» -en realidad indisimuladas exigencias- contra las pensiones públicas presentes y futuras. Por eso es más necesario que nunca blindar las pensiones en la Constitución, prohibiendo explícitamente cualquier forma de recorte o privatización.