Comienzan a abundar los datos que permiten hacer un análisis profundo de los efectos de la larga crisis económica en relación al bienestar ciudadano (el fin último de la economía) y sobre el reparto de los sacrificios y de la austeridad en el seno de la sociedad española. El balance no puede ser más comprometido: en renta per cápita nuestro país está en términos similares a los del año 2002, por lo que ya se puede hablar de una década perdida, sin esperar a lo que suceda de aquí hasta el finales de la recesión, ocurra cuando ocurra. En términos de desigualdad, la cosa es aún peor: según los datos de Eurostat (la oficina de estadísticas de la Comisión Europea) España es el país más desigual de Europa junto con Portugal, Bulgaria y Letonia (lugares muy alejados de nuestro nivel de renta), y por encima, por ejemplo, de Grecia.
Estas y otras muchas comparaciones se pueden contemplar en el Primer Informe de la Desigualdad en España, elaborado para la Fundación Alternativas por el equipo del catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Ruiz-Huertas y que conecta con los estudios sobre la desigualdad que se realizaron hace unas décadas en la Fundación Argentaria (cuando Argentaria era un holding financiero público). De su lectura se pueden desprender, entre otras, las siguientes tendencias principales: que la caída en los niveles de bienestar ha sido mucho más intensa en España que en la mayoría de los países de la Unión Europea; y que se ha ampliado la diferencia de renta entre los ciudadanos españoles de forma acelerada, rompiéndose en un margen temporal muy breve la tendencia a la moderación de las mismas que se había producido durante la mayor parte de la etapa democrática (sobre todo, hasta el año 1996).
Frente a la idea que se ha tratado de transmitir intencionadamente de que la envergadura de la crisis ha sido tal que sus efectos se han extendido de manera generalizada a todas las capas sociales, los datos son contundentes en sentido contrario: mientras se han hundido las rentas más bajas, las más altas han seguido creciendo, haciéndolo, además, a mayor ritmo que cualquier otro grupo de renta. La pobreza se ha hecho simultáneamente más intensa (más pobreza) y más extensa (afecta a más personas). Son las familias en las que pierde el empleo el principal perceptor de ingresos, las principales perjudicadas por la recesión.
El Informe sobre la Desigualdad distingue cuatro grandes causas de que España sea uno de los países más afectados por la desigualdad y la pobreza. El primero, es la espectacular destrucción de empleo: el paro ha crecido nada menos que 18 puntos (de menos del 8% en 2007 al 26,02% en 2012) en un lustro. Segundo, que la tasa de paro entre los sustentadores principales de los hogares ha alcanzado un máximo histórico, pasando en el mismo periodo de un 6% a un 21,4%. Tercero, los muy relevantes cambios en la estructura salarial, pues la distancia entre los asalariados con las rentas más altas y más bajas (empleos temporales, con escasa protección) aumentó considerablemente. Por último, y no menos importante pues ello afecta directamente a las políticas públicas, la reducida capacidad del sistema de impuestos y de protección social paras combatir el incremento de la desigualdad, si se compara con los de otros países europeos; esa capacidad reductiva de la desigualdad es en España casi la mitad que la de algunos países nórdicos y queda lejos todavía de la observada en los principales de nuestro entorno.
Recuerdan los autores del estudio que en la etapa previa a la crisis no se aprovechó la capacidad política para aproximar el gasto social al nivel existente en los países europeos más poderosos y reducir así las brechas ciudadanas, concluyendo que en contra de lo que mil veces se ha repetido como un mantra falso, en el ámbito de la protección social lo que hicimos fue “vivir por debajo de nuestras posibilidades”. Se llegó, por tanto, a la crisis económica con una insuficiencia de las redes de protección para responder al drástico aumento de las necesidades sociales. La cobertura proporcionada ha sido insuficiente para poder contener los menores ingresos derivados del espectacular incremento del desempleo.