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El racismo y la xenofobia siempre son de clase. Buscan dividir y enfrentar al pueblo. Y señalar a una parte de él, por el color de su piel o su país de origen, para condenarlo a la ilegalidad o la marginalidad, con el objetivo de imponerle condiciones de hiperexplotación.
Hoy, en Europa o en EEUU, los sectores más reaccionarios están lanzando una ofensiva xenófoba contra la inmigración. A través de mentiras y fake news, identifican inmigración con delincuencia. Claman por que se levanten muros más altos. E incluso se atreven a calificar de delincuentes a niños o adolescentes desamparados, deshumanizándolos bajo el apelativo despectivo de “menas”.
Aunque lo repitan insistentemente, su objetivo no es expulsar a los trabajadores inmigrantes. Lo que quieren es criminalizar a una parte cada vez mayor del pueblo trabajador, privándolos de derechos, para poder explotarlos con mayor intensidad.
Para Europa, y para España, la inmigración no es un problema, es una necesidad. Un estudio de Naciones Unidas certifica que España necesitará en los próximos 30 años incorporar a siete millones de trabajadores inmigrantes para mantener el actual nivel de prosperidad. En el conjunto de Europa esa cifra supera los 50 millones.
No es futuro, es presente. España ha superado los 48 millones de habitantes gracias a la incorporación de población inmigrante en los últimos tres años. Y los trabajadores inmigrantes son ya el 70% de la nueva fuerza laboral. En el último año el número de activos ha aumentado en 373.000 personas, de las que 262.000 son extranjeras.
Hablamos de una parte cada vez mayor del pueblo trabajador. La clase obrera inmigrante supone ya 4 millones de trabajadores, uno de cada cinco, un millón más que en 2021.
¿Pero en qué situación se encuentran? Duplican la tasa nacional de paro y temporalidad. Su salario es un 37% inferior a la media. Y entre 500.000 y 700.000 personas extranjeras se encuentran en España en condiciones de ilegalidad, obligadas a aceptar cualquier trabajo y en cualquier condición.
La persecución a la inmigración y los ataques y discursos xenófobos buscan perpetuar y ampliar esta situación. Los ultras son el ariete más tóxico y repugnante. Pero detrás está todo un modelo social impulsado por las principales burguesías europeas. Que busca separar, criminalizar e hiperexplotar a una parte cada vez mayor de la clase obrera y el pueblo trabajador.
En Francia, el partido ultra de Le Pen ha llegado a formular la propuesta de que los nacidos en Francia hijos de inmigrantes tengan sus derechos ciudadanos limitados. Una actualización de las leyes nazis de Nuremberg, que despojaban a los no arios de su condición de ciudadanos.
La defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes es una batalla de clase decisiva. Y solo podemos afrontarla desde la unidad. Ellos buscan dividirnos y enfrentarnos. Nosotros debemos debemos contestar alto y claro: ¡Española o extranjera, una misma clase obrera!
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Proteger a los niños y adolescentes inmigrantes es una línea roja
Lo que nunca debió ni discutirse
Cuando lo más elemental, lo que separa la civilización de la barbarie, es objeto de un acalorado debate es síntoma de una enfermedad grave.
Hoy en España se discute quién y cómo debe acoger a los niños y adolescentes inmigrantes sin familia, desamparados, que llegan a nuestro país.
En Canarias los centros de acogida de menores están mucho más que saturados. Su capacidad de acogida es de 2.000 personas… y en ellos se hacinan ahora 6.000 niños y adolescentes.
Lo mismo, aunque con cifras de menor envergadura, sucede en Ceuta.
En julio se alcanzó un pacto para distribuir entre el conjunto de autonomías la acogida de 347 menores inmigrantes. Solo votó en contra Cataluña, reflejando el resabio xenófobo de las élites del procés. Pero ese, aunque se cumpla en su totalidad, es un indigno parche que cronifica una situación inhumana.
La reforma de uno de los artículos de la Ley de Extranjería, que buscaba obligar al resto de comunidades a acoger a menores cuando la capacidad de alguna autonomía se viera desbordada, no fue aprobada por el voto en contra del PP, Vox y Junts -otra vez el racismo más rancio de las élites del procés-.
Este es un espectáculo indigno. La protección del menor es uno de los baremos que distinguen a una sociedad civilizada. ¿Acaso queda en suspenso cuando esos menores son inmigrantes?
El hiper hacinamiento en los centros de Canarias o Ceuta es la punta del iceberg de una realidad sangrante en toda España. Los centros que acogen a menores superan en muchos casos su capacidad y carecen de servicios básicos.
Debe redistribuirse la acogida de los niños o adolescentes inmigrantes entre el conjunto de comunidades. Y ha de invertirse para que los centros dedicados a ello dispongan de los servicios necesarios.
Esta es una exigencia que ni siquiera debía discutirse.
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Frente a la xenofobía
¡Regularización Ya!
Asistimos a una peligrosa confusión que busca convertir la inmigración en un problema del que todos debemos preocuparnos.
La ultraderecha actúa como punta de lanza de un discurso xenófobo y racista. Mientras la UE aprueba un indigno Pacto Migratorio que busca criminalizar a los trabajadores inmigrantes.
¡Basta ya!
El origen de la inmigración está en la enorme brecha de bienestar entre Europa y África, la mayor del mundo. Resultado del saldo acumulado del dominio imperialista.
Buscan enfrentar a una parte del pueblo con otra, dividiéndola por el color de su piel o su lugar de nacimiento. Imponen una marea de recortes sociales, que nos afectan a todos, y luego agitan la xenofobia para dirigir las iras contra los trabajadores inmigrantes.
No es verdad que “España no tenga capacidad para acoger a todos”. La realidad es que el actual crecimiento económico descansa sobre los hombros de muchos trabajadores inmigrantes.
Defender al conjunto de la clase obrera y del pueblo trabajador hoy es defender los derechos de los trabajadores inmigrantes.
Debemos exigir que se haga realidad la regularización de todos los trabajadores inmigrantes en condiciones de ilegalidad. Entre medio millón y 700.000 trabajadores. Un criminal entramado legal les condena a una ilegalidad que les priva de los derechos más básicos, y les condena a aceptar condiciones de hiper explotación.
Y debemos ir más allá. Es necesario derogar, no uno de sus artículos, sino la totalidad de una Ley de Extranjería concebida para privar de derechos a una parte importante del pueblo trabajador.