La ejecución del artículo 155 de la Constitución es la alternativa del Estado y de la oligarquía frente al desafío independentista en Cataluña, y tal y como sería ejecutada por el gobierno de Rajoy incrementará la división y el enfrentamiento, generará un conflicto de graves consecuencias y dificultará la necesaria unidad del pueblo trabajador. La actuación de la oligarquía, a través de los diferentes aparatos del Estado (judicatura, policía, gobierno…) ha generado peores condiciones para enfrentar los proyectos de ruptura encabezados por la burguesía burocrática catalana.
Primero con la represión policial ejercida contra la población el 1-O. Ahora con la ejecución de la fuerza del Estado a través del artículo 155 de la Constitución.
Tal y como ha sido anunciado por el gobierno de Rajoy supone en los hechos una intervención de la autonomía que genera rechazo en la sociedad catalana, y que contribuye a enfrentarla con el resto de España. Se cesará a todo el govern catalán y el gobierno central controlará directamente a la Generalitat; todas las fuentes de financiación autonómicas pasarán a estar bajo control del gobierno de Rajoy, que pasará a dirigir desde los mossos a los medios de comunicación públicos; el parlament verá sus funciones limitadas, no podrá nombrar ni proponer al president de la Generalitat, y el gobierno de Rajoy tendrá derecho de veto sobre sus decisiones; las próximas elecciones autonómicas serían convocadas directamente desde Moncloa.
Frente a concebir el 155 como excepcional, parcial y limitado, los sectores más reaccionarios del PP aspiran a su extensión. El delegado del gobierno en Castilla La Mancha ha considerado que esa comunidad “empieza a ser merecedora del 155”, como medio para acabar con el gobierno en coalición de PSOE y Podemos. Y el presidente del PP en Euskadi amenaza al PNV con “seguir el mismo camino que en Cataluña”.
Una política “incendiaria” que genera graves problemas tanto al PSOE como a Ciudadanos -comprometiendo su apoyo al gobierno-, agudiza el conflicto y entrega argumentos a las fuerzas independentistas. La oligarquía, su Estado y sus representantes políticos, por su carácter reaccionario solo puede presentar una respuesta que socava la unidad desde la que hacer frente a los proyectos de fragmentación.
Esto no cuestiona o disminuye la responsabilidad de la burguesía burocrática catalana, de Puigdemont, su govern y las fuerzas que lo apoyan.Los sectores de la burguesía burocrática nucleados en torno a Puigdemont parecen apostar por seguir la hoja de ruta: “generar confrontación y forzar la desconexión”, utilizando la DUI para “generar un conflicto que bien gestionado puede conducir a un Estado independiente”. Anunciando un pleno del parlament para el jueves donde podría declararse la DUI.
Ellos, los Puigdemont y Junqueras, son los principales culpables, los que representan los proyectos más peligrosos y reaccionarios.
La emergencia y movilización de los sectores de la sociedad catalana contrarios a la independencia, encabezados por el pueblo trabajador, es el factor clave que ha colocado a la defensiva y en retroceso a los sectores de la burguesía burocrática catalana representados por Puigdemont que han encabezado los proyectos de fragmentación. Quien los ha colocado en esa situación no ha sido “la fuerza de la ley”, la actuación de la justicia y la policía, la negativa de la UE a aceptar una independencia de Cataluña, la huída de empresas o la firmeza del gobierno de Rajoy, sino la irrupción de un protagonista que muchos están empeñados en silenciar: el pueblo trabajador catalán, rechazando la independencia y defendiendo la unidad.
Especialmente posicionándose el 1-O, con una abstención consciente del 60%, que superaba el 80% en algunos núcleos de clase obrera. Reduciendo el apoyo a la independencia al 38% del censo, que baja al 20% o incluso al 15% en las localidades donde se concentra el pueblo trabajador.
Pero que también se manifiesta en la emergencia de una izquierda patriótica a través de los manifiestos, la multitudinaria manifestación del 8 de octubre, los pronunciamientos de importantes líderes de opinión…
Es la posición expresada por estos sectores de la sociedad catalana lo que hace inviable una declaración unilateral de independencia, y lo que pulveriza el clima de opinión difundido por el govern de Puigdemont de que existe “un mandato democrático de la sociedad catalana” para avanzar hacia la independencia.
En su hoja de ruta, los Puigdemont y Junqueras admitían que era necesario “desincentivar la participación” de “los defensores del NO”. Y han fracaso rotundamente en su empeño.
Es significativa la encuesta publicada por El Periódico: solo 1 de cada 3 catalanes quieren que el procés acabe con la independencia; solo 3 de cada 10 aprueban una DUI; el 61% considera que el govern de Puigdemont es el máximo responsable de la situación al haber vulnerado la ley y el orden constitucional; el 68% aprueban la convocatoria de elecciones -sin una DUI por medio- como única salida posible, posición que comparten el 45% de los independentistas.
Esta es la razón de que Puigdemont y su govern enfrenten serias contradicciones y dificultades para mantener el pulso contra el Estado.
Las últimas manifestaciones -que la Guardia Urbana cifra en 200.000 y 450.000 asistentes, lo que supone un retroceso, y que no superan la participación de la manifestación del 8 de octubre en defensa de la unidad- evidencian las dificultades de mantener una “movilización permanente” cuando se agudiza el enfrentamiento, y cuando la mayoría social por la unidad ha hecho acto de presencia también en las calles.
Y las divisiones y contradicciones en el seno del independentismo aumentan, entre quienes apuestan por declarar la DUI, y los que aceptarían cualquier alternativa que paralizara la ejecución del 155, ante el temor de perder el control de las instituciones catalanas.
La convocatoria de elecciones pactadas que permita expresar la voluntad popular es por el contrario una alternativa democrática a la actual situación capaz de unir a una amplia mayoría.