Somos la cuarta economía de la Unión Europea, solo superada por Alemania, Francia e Italia. Pero sin embargo, hay hasta 17 países de la UE que invierten en sanidad más recursos en proporción a su PIB que nosotros, incluidos algunos con una menor economía y peso político, como Eslovenia, Eslovaquia o Islandia.
Nuestro PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15, pero sin embargo nuestro gasto sanitaria se reduce al 79,5%.
¿En qué se traduce este desfase? La media de gasto público sanitario en la UE estaba en 2019 en el 7% del PIB, mientras que en España sólo alcanzaba el 6,1%. Casi un punto de diferencia, que se ha mantenido en los años posteriores.
Para igualarnos con la media europea, deberíamos destinar a sanidad casi 11.200 millones más. Hacerlo debe ser una exigencia ineludible. Sustraer dinero público en sanidad es recortar la salud de la mayoría.
De 2009 a 2013 el gasto sanitario en España se redujo un 11,87%. Un hachazo que ha debilitado la sanidad pública. Hay que revertir los recortes, incrementando la inversión en sanidad.
Pero las perspectivas no apuntan en esa dirección. Para hacer frente a la pandemia se elevó el gasto sanitario hasta el 7,6% del PIB en 2020. Pero los compromisos adquiridos con la UE no apuntan a mantener ese esfuerzo sino en un sentido contrario. En 2023 el gasto sanitario debería reducirse al 6,8% del PIB, y en 2024 al 6,1%.
En 2009 el dinero público destinado a sanidad suponía el 6,84%. No es admisible que 15 años después ese porcentaje se reduzca al 6,1%.
Menos dinero público invertido en sanidad supone menos médicos, menos enfermeras, más listas de espera, en definitiva, menos salud para la mayoría, especialmente para los sectores más vulnerables.