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Nos sonaba bien a todos: una recuperación justa, no dejaremos a nadie atrás. Hoy la realidad es un grito de alarma: en España casi un millón y medio de jóvenes sufren exclusión social grave. El último informe de Cáritas advierte que 11 millones de españoles sufren exclusión social, desde la pandemia se ha incrementado en 2,5 millones de personas.
Los datos son demoledores. La radiografía social del informe «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España», de Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), es una alarma sin precedentes. Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa. Es necesario evitar que se triture a las generaciones más jóvenes de todo un país. Ante la brutalidad de estos números no hay eslogan político o declaración de buenas intenciones que aguante el sonoro bofetón de realidad.
“La desigualdad ha crecido más en un año que durante toda la crisis de 2008″, apunta Raúl Flores, secretario técnico de la fundación Foessa. Exigir que la recuperación económica se haga de forma justa es hoy más necesario que nunca. Atendiendo a los intereses y demandas populares, y no a costa de recortes, rebajas salariales o amenazas sobre el sistema público de pensiones. La diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento registrado durante la crisis de 2008.
¿Hogar, dulce hogar?
Hasta 3 de cada 10 familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado. Casi 2 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro, de las cuales más de 600.000 familias carecen de “ingresos periódicos que permitan una cierta estabilidad”. Apenas un 9% de la población que vive bajo el umbral de pobreza en España se beneficia de las Rentas Mínimas de Inserción. El informe de la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales apunta que siete comunidades han desmantelado este servicio, reduciendo el número de personas beneficiarias y recortando presupuesto.
Escudos agujereados
Las medidas del “escudo social” aprobadas por el gobierno -desde los ERTEs al Ingreso Mínimo Vital- han ayudado a una parte, amortiguando el daño aunque de forma insuficiente, pero sobre todo: no han podido evitar que la riqueza de unos pocos aumente, ampliando el abismo que los separa del resto. Los autores del informe de Foessa, coordinado por los catedráticos Luis Ayala, Miguel Laparra y Gregorio Rodríguez Cabrero, denuncian que las distintas ayudas públicas “tienen una cobertura insuficiente, no alcanzan a determinados colectivos vulnerables y plantean condiciones de acceso injustas y de difícil cumplimiento para algunas de las familias y personas que más lo necesitan”.
El resultado es que, mientras los grandes bancos y los monopolios del Ibex-35 ganaron en 2021 mucho más que en 2019, antes de la pandemia, el conjunto de la población sufre de forma creciente y en cada vez más sectores una situación de empobrecimiento general sin precedentes. En todos los efectos de la pandemia hay un filtro de clase. Lo reconoce el propio Banco de España, cuando reveló que en el confinamiento los ingresos del 10% más rico pasaron a ser multiplicarse por 15 respecto a los del 10% más pobre de la población en España.