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Rumiñahui es una asociación ecuatoriana que trabaja especialmente en establecer puentes entre Ecuador y España, defendiendo los derechos de los ecuatorianos desde la unidad del mundo hispano. Recientemente Dora Aguirre, hasta entonces presidenta de la asociación, fue nombrada diputada del Congreso de Ecuador por Alianza País, el partido que lidera Rafael Correa. Raúl Jiménez, portavoz de la asociación, explica su posición ante la Ley de Extranjería.
Hace una semana se rodujeron movilizaciones contra la nueva Ley de Extranjería, ¿cuál es vuestra posición ante la ley? Dicen que recoge distintas sentencias del Tribunal Constitucional y a la normativa europea para el control de la inmigración, y ahora que todo es negociable. Hay temas tan sensibles como la reagrupación familiar, las detenciones en los Centros de Internamiento, las víctimas de la violencia de género, la parte que se refiere a los menores, los obstáculos para acceder a los servicios sociales, exigiendo cinco años de permanencia… lo que se intenta es crear ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Nosotros vemos especialmente importante que en el caso de las víctimas de la violencia de género se pueda conseguir un permiso de trabajo independientemente del momento en el que se haya dictado la orden, que tengan toda la protección al margen de su situación administrativa. Nos preocupa que en el caso de que una mujer denuncie y que luego el juicio no salga favorable pueda producirse una expulsión. Es algo que disuade de la posibilidad de denunciar. Pero es una regresión general aún mayor de derechos básicos, ¿no? Por supuesto. A parte de pretender cerrar los flujos migratorios, se busca una política de persecución y expulsión. No puede ser, como viene pasando, que se sucedan las redadas policiales y que se detenga a la gente por sus rasgos físicos. Tiene que haber una llamada de atención urgente a las autoridades españolas. Y tampoco puede ser que se reforme para aumentar los días de retención a sesenta, o para crear Centros de Internamiento en los que los policías hacen el trabajo que en las prisiones hacen civiles, o no exista ningún tipo de protección jurídica. Hablan de soluciones a la crisis y ponen encima de la mesa una ley de expulsión de inmigrantes… ¿no es un endurecimiento de las condiciones de control sobre la nueva clase obrera en España? Ha habido una reducción de las contrataciones en origen, además de las redadas, además de que no responde a las sentencias del Tribunal Supremo, no solo no protege al sector que más está sufriendo la crisis sino más bien al contrario. Los inmigrantes hemos contribuido al crecimiento del país, más cuando la construcción ha sido una fuente de ingresos para las empresas y para las arcas del Estado, y todos sabemos que hasta el 60% o más de los trabajadores de este sector son inmigrantes. No entendemos que la población sea la culpable de la crisis, y sin embargo se hace lo posible por cerrar los flujos migratorios. Se ataca a las víctimas y no a los culpables. Como en el Plan de Retorno Voluntario, haciendo que los inmigrantes vuelva a su país sin ningún tipo de garantía. El Ministro Corbacho dijo que se podía negociar, pero lo que debemos de exigir toda la sociedad es que se negocie en beneficio de los inmigrantes y no en beneficio de los grandes empresarios. Es el neoliberalismo el que crea la inmigración. Dicen que se atienen a la normativa comunitaria pero todos sabemos que es cada país el que decide sobre como se aplica.