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La cuestión de las radiaciones electromagnéticas y sus efectos sobre la salud abre un nuevo capítulo, la de los nuevos contadores de la luz, eventualmente los del agua y gas.
La campaña de las compañías eléctricas para substituir los contadores eléctricos analógicos por digitales, llamados inteligentes, ha despertado otra alarma social.
Se trata de más de 13 millones de contadores (incluyendo segundas residencias); pero, sumando los de agua y gas, superarán los 30 millones de unidades. Esto cumple la directiva europea para que en 2.020 tengan «smart meter» el 80% de las viviendas europeas. El 60% de la inversión corre a cargo de subvenciones europeas, estatales y autonómicas. Otro rescate a las grandes.
Las ventajas son innegables, para la compañías. Tendrán información al instante del consumo eléctrico (telemedida), y además tiene el control total de la red para gestionar el ahorro energético, integrar renovables, evitar sobrecargas (apagón), y facturar el gasto eléctrico real.
La alarma proviene porque las mediciones independientes dan cifras que superan las declaradas por las empresas. Si las empresas declaran emisiones de 0’000037 V/m, la organización francesa Next-Up, especializada en contaminación electromagnética, ha medido 17 V/m en el dormitorio de un bebé, y la asociación española han medido 20 y 50 mV/m, en un caso en Asturias. El caso es que con los teléfonos móviles, podemos encenderlo, apagarlo o usar manos libres. Pero con el nuevo medidor se nos impone exponernos a las ondas 24 horas al día.
Y la alarma proviene también por el riesgo de vulneración de la intimidad. Este sistema proporciona a las compañías, y por tanto a la policía, información detallada en tiempo real de la actividad de la casa o el negocio. Queda registrado todo sobre nuestros movimientos, cuando nos levantamos, cuando cocinamos, cuando vemos TV, cuando nos dormimos y cuando estamos en casa o llevamos fuera varios días. Ni que hablar tiene que un hacker puede pinchar la red eléctrica y planificar, con los datos de nuestros hábitos, el oportuno hallanamiento de morada.
Cada abonado tendrá un contador inteligente que envía datos de la energía consumida. La empresa puede, a través de él, cambiar la tarifa, limitar la potencia o cortarnos la luz. En algunos casos los propios contadores tienen una antena. En otros envían la información a los concentradores de datos en cada zona se comunican con la central mediante una antena de radiofrecuencia emitiendo microondas similares a la telefonía móvil. El método de transmisión de datos se llama Wimax, un sistema similar al WiFi solo que de mayor potencia y alcance, lo cual va a densificar todavía más la ya de por sí tupida red de antenas de telefonía en España. Justo cuando todos los organismos internacionales recomiendan la fibra óptica. «Un condado al norte de la Bahía de San Francisco criminalizó la instalación de los Soplones»
Desde los años cincuenta vivimos en ambientes electromagnéticamente nocivos, sin que haya interés por comprobar su efecto para la salud. Sólo la desinformación puede hacer que una presunta catástrofe sanitaria se asuma como progreso y modernidad.
El llamamiento de los expertos independientes a la desobediencia civil ante la instalación de los nuevos contadores (con el argumento de que no se proporciona información sobre su efecto sobre la salud), se suma a las campañas contra la instalación de antenas de telefonía móvil en los cascos urbanos de las que nos hemos venido haciendo eco en esta casa. También a las campañas, más recientes de “escuela sin wifi” organizadas por padres de alumnos que recogen la corriente europea de sustitución del wifi por internet por cable ante el peligro que suponen las radiaciones para los niños. La campaña ‘Escuela sin wifi’ (www.escuelasinwifi.org), puesta en marcha por la Organización para la Defensa de la Salud, integrada en la Fundación Vivo Sano (www.vivosano.org) y apoyada por otras 250 asociaciones, busca conseguir que todos los centros educativos de España instalen internet por cable. Cualquier persona puede apoyar esta campaña aportando su firma en http://bit.ly/escuelasinwifi, con el objetivo de presentar en el futuro una iniciativa legislativa popular ante el Congreso de los Diputados.
Al llamado lobby de la industria de las telecomunicaciones se suma ahora la poderosa industria energética. Ambas tienen en los gobernantes un aliado férreo. Mantienen una legislación obsoleta porque no está pensada para la exposición real durante horas a las radiaciones que pueda tener, por ejemplo, un niño en la escuela; los propios colegios de ingenieros sólo pueden certificar la inocuidad de las ondas durante ¡seis minutos!
La laguna existente sobre los efectos de las radiaciones no ionizantes sobre la salud es sospechosa. Los estudios son contradictorios, puesto que unos sí encuentran relación entre exposición y enfermedad y otros no. Las críticas siempre se centran en si se toman bien o no las medidas de exposición. Luego, según la legislación vigente, las empresas nunca sobrepasan el límite legal. Pero si, a pesar de ello, aumentan las enfermedades relacionadas a las radiaciones, ¿no habría que cuestionarse la legislación?.
Y a pesar de ello, la movilización ciudadana ha conseguido logros importantes.
Un condado al norte de la Bahía de San Francisco criminalizó hace ya más de un año la instalación de los contadores inteligentes, también llamados Soplones. La Academia Americana de Medicina Ambiental manifestó públicamente su oposición a la instalación de dichos contadores, especialmente en las escuelas y en los hogares.
El Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y otras instituciones ya han emitido recomendaciones a los Estados para limitar el tiempo de exposición al wifi a 01 microwatios por centímetro cuadrado. En países como Francia o Alemania ya han retirado el wifi de las escuelas, hospitales, bibliotecas y lugares públicos. Además, la OMS apuntó que esta radiación podría ser un agente cancerígeno tipo 2.
Recientemente, el pasado mes de septiembre, una comunidad de vecinos del barrio de La Macarena, en Sevilla, consiguió revocar judicialmente un contrato de arrendamiento con una teleoperadora por el que recibían de esta 2500 euros trimestrales a cambio de la instalación de antenas en el tejado del edificio. Los vecinos han rescindido el contrato aduciendo que dos muertes y seis casos de cáncer en la comunidad, de 12 familias, están relacionados con las antenas.
En el otro polo, una pérdida, la de la vida de Ángela. Una mujer hipersensible a las radicaciones electromagnéticas que tuvo que exiliarse al campo para sobrevivir y, finalmente se ha suicidado recientemente. Originariamente, vivía en Pinto (Madrid), a pocos metros de una antena de telefonía móvil. Las autoridades no le dieron ninguna respuesta y le achacaban un origen psíquico. Es la cara más sangrante de un problema que de forma crónica puede estar detrás de grandes males de nuestro tiempo como las demencias o el cáncer.