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El Gobernador del Banco de España propone bajar las pensiones y retrasar la edad de jubilación a más de 67 años años.
El Gobernador del Banco de España, Luis M. Linde intenta sembrar el pánico afirmando que ni siquiera con el 80% de la población activa trabajando (ahora lo hace el 56%) daría para sostener el sistema de pensiones. Lo aseguró ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El gobernador ha propuesto una solución doble: buscar nuevos ingresos (o los recortes de las futuras pensiones, “serán significativos”), y reducir la tasa de sustitución (porcentaje del último salario que representa la pensión). Mentó al diablo. Bajar esa «tasa de sustitución» es desde hace años el objetivo declarado de aseguradoras y bancos. Se trata de reducir la pensión pública al equivalente a un 70, 60, 50% o menos, del último salario que ganen antes de jubilarse. Esperan que cunda el «sálvese quien pueda», y los trabajadores acepten que el Banco les haga un plan privado de pensiones a la medida. A la medida del banco, claro está.
También sugiere Linde la posibilidad de aprobar “retrasos adicionales de la edad de jubilación” más allá de los 67 años. Y con absoluta pasmosidad explicó la posibilidad de cómo ligar la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida: Cada trabajador tendría una cuenta individual donde se anotan sus cotizaciones. Cuando decide jubilarse, se estima su esperanza de vida restante y se reparte lo cotizado en esas anualidades. Vaya escalofrío.
Del dicho al hecho…
Para cuadrar las cuentas descarta que suban las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, y tras dedicar unos segundos a subrayar su supuesta imparcialidad en el caso, recomendó que si se suben impuestos, sus expertos son más partidarios de elevar los indirectos. (Los que también pagan los pensionistas por cierto). Y como solución a unas jubilaciones de miseria, las futuras pensiones públicas se completarían con las privadas. Concluyó diciendo que “el sistema público es irremplazable”, pero que su sostenibilidad requerirá “medidas políticas, importantes y serias”. Este latiguillo: defendemos de palabra lo público; pero lo recortamos duramente hasta hacer atractivo lo privado, no es una invención propia. Ya la presidenta de la patronal de aseguradoras (UNESPA), Pilar González de Frutos, (por cierto, ex directora general de Seguros y Fondos de Pensiones del Gobierno de Aznar de 1997 a 2003) se atrevió a enviar una carta con indicaciones a los diputados del Pacto de Toledo sobre cómo debían tratar el asunto: “un futuro en el que las pensiones se van a seguir pagando, pero se van a pagar en una cuantía que difícilmente podrá garantizar niveles de bienestar aceptables para muchos españoles”.
Por lo civil o por lo penal
Y si aún así los trabajadores nos resistimos, la citada patronal UNESPA, a través de un estudio dirigido por el ex ministro de Economía Rodrigo Rato, apunta otra vuelta de tuerca. El informe aplaudía las reformas realizadas en Suecia, donde cada trabajador es obligado por ley a destinar una parte de su salario neto a fondos gestionados por entidades privadas, o públicas.
Si nos tienen que obligar a contratar un plan de pensiones privado por la vía de sembrar el pánico sobre el futuro de las jubilaciones públicas, o directamente obligados por ley, entonces poca duda puede quedar de que no es un buen producto el que nos quieren vender.